España solicita el primer tramo de los fondos europeos de recuperación: 10.000 millones de euros

España fue de los primeros países que entregó el plan de reformas a la Comisión Europea, el 30 de abril pasado. Fue de los primeros países en recibir el visto bueno al plan, en junio pasado, y la parte de prefinanciación: 9.000 millones en agosto. Y, ahora, se ha convertido en el primer país de la UE en solicitar el primer tramo del grueso restante, en este caso 10.000 millones, que espera lleguen antes de que acabe el año, si bien los plazos máximos –hasta tres meses– podrían hacer que se demoraran algo más.

“Un nuevo hito en el lanzamiento de nuestro plan de recuperación Next Generation EU”, ha tuiteado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Recibimos la primera solicitud de pago de un Estado miembro. Desde España, por valor de 10.000 millones de euros, para financiar proyectos de eficiencia energética, movilidad sostenible y proyectos de formación. Ahora evaluaremos y decidiremos rápidamente”.

Lo que tiene que evaluar la Comisión Europea es el cumplimiento de 52 hitos, desarrollados hasta mediados de 2021, por lo que el Gobierno espera que la ratificación sea fluida. La Comisión tiene hasta dos meses, y luego el Consejo –los 27 Gobiernos– hasta un mes.

Este lunes ya se anunciaba que la petición estaba a punto de producirse. “In these very days”, decía el comisario de Finanzas europeo, Paolo Gentiloni: “Recibiremos en estos mismos días los acuerdos con España que ultiman el cronograma de desembolso que llamamos acuerdo operativo. Se finalizará en estos mismos próximos días”.

El acuerdo –operational arrangement– son unas disposiciones operativas para los 27 que detallan el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de las reformas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo firmó el 4 de noviembre; el propio Gentiloni, el 9; y la Comisión y el Gobierno lo hicieron público el pasado 10 de noviembre.

Como se indica en el reglamento del Next Generation EU aprobado en febrero pasado por los Gobiernos y el Parlamento Europeo, las disposiciones operativas deben firmarlas todos los países como paso previo para recibir los desembolsos, que en el caso de España son 140.000 millones, entre transferencias y créditos. No obstante, España, hasta la fecha, sólo ha pedido la parte de transferencias, 69.500 millones de euros, de los cuales 19.000 se esperan antes de que acabe el año. Quedan aún pendientes otros 70.500 millones en créditos blandos.

“Esperamos lleguen antes de final de año”, decía este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: “España será el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación, gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral”.

Calviño ha añadido: “Está previsto que de aquí a final de año cumplamos otro conjunto de objetivos, entre los que se encuentra la reforma laboral, y otros hitos desde el punto de vista de las inversiones que se corresponderán con el pago del primer semestre de 2022”.

La solicitud llega 24 horas después de que Bruselas recortara las expectativas de crecimiento de España en 2021 en más de un punto y medio: del 6,2% que anunció en julio hasta el 4,6% de las previsiones de otoño publicadas este jueves. Esa rebaja, además, supone dejar a España, que se encontraba a la cabeza del crecimiento europeo, por debajo de la media de los 27, que se sitúa en el 5%. Eso sí, para los próximos dos años, Bruselas sí que prevé un crecimiento de España superior a la media europea. Así, la Comisión Europea cree que España crecerá un 5,5% en 2022 –4,3% de media de la UE– y un 4,4% en 2023 –2,5% en los 27–, por lo que España no recuperará sus niveles económicos prepandémicos hasta el primer trimestre de 2023.

Dinero a cambio de hitos

España cuenta con que no haya problemas para estos 10.000 millones que se acaban de solicitar. Pero las curvas pueden llegar con lo que está por venir, en particular la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. La primera, aún en el diálogo social, debe estar publicada en el BOE antes de que acabe el año. La segunda, antes del verano de 2022.

Y, como se ratificaba este miércoles al conocerse las disposiciones operativas de los fondos, España y Bruselas han firmado la extensión del periodo de cómputo de años para la jubilación. Hubo muchos tiras y aflojas en la comisión del Pacto de Toledo, en el diálogo social y dentro del Gobierno de coalición. Hasta tal punto, que el Gobierno sopesó hasta el último minuto enviar a Bruselas una propuesta de reforma de las pensiones que recogiera expresamente un aumento de 25 a 35 del número de años cotizados para calcular la prestación a cobrar al llegar a la jubilación. Así consta en la penúltima versión de las fichas que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, a la que tuvo acceso elDiario.es y que se distribuyó en las últimas semanas de 2020. La versión definitiva que envió a Bruselas ya no recogía esta precisión, aunque sí mantenía la intención de ampliar los años de cálculo.

En mayo se conoció el texto enviado a la Comisión Europea, el componente 30, que definía varias cuestiones de la reforma de pensiones, como el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y sobre el periodo de cómputo para calcular la pensión se usa el verbo “adecuar” a partir de 2023.

El componente 30 del Plan europeo de Recuperación tenía por título 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo'. “La reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional”, recoge el documento, que enfatiza la voluntad de la que la reforma adquiera el consenso en el diálogo social después de alcanzar el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Un mes después, ya en junio, ese verbo “adecuar” da paso al verbo “extender”. El hito 408, llamado “adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, se define como “entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.

Pues bien, en el contrato conocido este miércoles, las disposiciones operativas para la evaluación de los hitos y metas a los que se ha comprometido España para los fondos europeos, se vuelve a decir lo mismo, pero en inglés, a la espera del documento traducido.

Como confirma un portavoz de la Comisión Europea, “las disposiciones operativas acordadas con las autoridades españolas no establecen nuevos requisitos sobre el hito 408 correspondiente del anexo CID [Decisión de ejecución del Consejo por la que se aprobó el plan de recuperación español en junio] sobre la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. El hito 408 establece que esta legislación entrará en vigor a finales de 2022. De manera más general, corresponde a los Estados miembros determinar qué reformas o medidas incluir en el plan. La Comisión Europea evaluará los planes de recuperación y resiliencia sobre la base de los 11 criterios establecidos en el reglamento de los fondos europeos, que ha sido acordado por todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo”.