El Gobierno español suma apoyos en la cruzada que libra desde hace meses para intentar forzar una reforma del sistema de formación de precios de la luz y desengancharlo del gas natural. La cotización de esta materia prima ha vuelto a pulverizar esta semana máximos históricos tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Ante la enorme dependencia europea del gas de Rusia, responsable de alrededor del 40% del suministro de este combustible a la UE, Bruselas parece dispuesta a abrir la mano en el debate sobre el sacrosanto sistema marginalista de formación de precios de la luz. El alza generalizada de las materias primas como consecuencia del conflicto bélico está dando combustible adicional a una inflación que ya está en máximos desde los años 80. Este jueves, el pool español va a batir máximos anuales tras tocar el miércoles la cotización del gas un nuevo récord histórico. En un año, el precio de esta materia se ha multiplicado por diez.
El Ejecutivo español espera que la Comisión Europea presente cuanto antes la nueva “caja de herramientas” que va a poner a disposición de los Estados miembros para combatir la nueva escalada de precios energéticos que ha desencadenado este conflicto bélico.
El primer borrador de la Comisión conocido la semana pasada, antes de la invasión de Ucrania, reconoció la existencia de los denominados beneficios caídos del cielo para determinados operadores como consecuencia de la subida exponencial del gas y el sistema de fijación de precios mayoristas eléctricos actualmente vigente, por el que la última tecnología de generación que permite casar oferta y demanda (que suele ofertar en la casación al precio del gas) determina lo que cobra el resto, sean cuales sean sus costes.
Un sistema que defienden a cara de perro las grandes eléctricas porque “es el mejor para asignar recursos”, decía el pasado fin de semana en una entrevista a El País el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Carmen Becerril, presidenta del operador del mercado eléctrico, insistía el pasado lunes en que es “el mejor para definir los precios con transparencia”.
Pero, según afirma el Gobierno de España, ese modelo ha quedado rebasado por las circunstancias actuales. Más cuando en muchos momentos del año el gas tiene un peso cercano al 10% en la cobertura de la demanda de electricidad. No obstante, en lo que va de año la cuota de las centrales de ciclo combinado se ha elevado por encima del 23%, convirtiéndose en la primera fuente de generación en España, en un contexto de baja aportación de la hidráulica por la falta de lluvia.
El Ejecutivo ya ha anunciado la prórroga hasta junio de las medidas que ya están en vigor para contener la subida de la factura eléctrica, entre otras, la rebaja del IVA al 10%. Pero advierte de que estas no son suficientes.
España defiende que la formación del precio de la electricidad debe desvincularse de la volatilidad de los precios del gas natural en situaciones de emergencia como esta. Por ejemplo, mediante un límite al precio de la electricidad producida con gas natural y un mecanismo que garantice la posterior recuperación de los costes de las centrales que utilizan ese combustible, los ciclos combinados.
El verano pasado, España fue pionera en llevar este debate ante la UE. Fue el primer país que lo planteó, al ser también el primero en sentir los efectos de la escalada del mercado mayorista, por el fuerte peso que tiene entre los consumidores domésticos de la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), directamente indexada al llamado pool, y a la que están acogidos más de 10 millones de suministros en baja tensión.
Detraer beneficios
Lo que comenzó como una súplica en el desierto ante la UE ha ganado cada vez más adeptos. El pasado otoño, Madrid logró sumar a su causa a, entre otros, los gobiernos de los otros dos grandes países del sur, Italia y Francia. Pero su propuesta chocó con el rechazo de los países del norte. Tres meses después, la petición de darle una vuelta al pool vuelve al ruedo europeo. Según la agencia Reuters, la Comisión Europea va a proponer que los países miembros puedan detraer los beneficios derivados de los recientes picos de precios del gas para invertir esos fondos en energías limpias.
El Gobierno ya aprobó en septiembre una medida similar que puso en pie de guerra a las eléctricas y que el Ejecutivo acabó corrigiendo para salvar la aprobación de ese real decreto-ley, al excluir del recorte a los contratos de suministro de electricidad a largo plazo.
A la espera de conocer la propuesta de la UE, la idea de modificar el actual sistema ya no es, como antaño, un reclamo minoritario por parte de un grupo de académicos liderados por el que fuera presidente de Red Eléctrica y consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Jorge Fabra, o de empresarios como Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.
En el sector hay quien apunta que, si Chernobil (en Ucrania) marcó el ocaso de la energía nuclear, Kiev “será el principio del fin del marginalismo y el gas”. En los últimos meses, se han sumado a ese coro en contra de ese sistema de formación de precios diversas patronales de la industria española, como la azulejera Ascer o la siderúrgica Unesid, en la que tiene un relevante peso Acerinox: el presidente de esta patronal es Bernardo Velázquez, consejero delegado de la acerera, cuyo presidente (no ejecutivo) es Rafael Miranda, durante años consejero delegado de Endesa.
Otra voz que se ha alzado en contra del actual sistema vigente es la de Ence. El consejero delegado de la papelera, Ignacio de Colmenares, pidió ya en agosto, en un artículo en Expansión, que la UE acceda a “modificar urgentemente su sistema de precios marginalistas”. Entonces empezaba a arreciar la escalada del mercado mayorista eléctrico, que cerró agosto en una media de unos 105 euros. En diciembre el pool alcanzó más de 240 euros. Para este jueves va a marcar el tercer precio más alto de la historia, 341 euros/MWh.
De la filial de energía de Ence es también consejero el empresario Joaquín Coronado, histórico del sector eléctrico que ha sido consejero delegado de Hidrocantábrico, vicepresidente de Naturgas o director general de la portuguesa EDP. Coronado fue fundador y consejero delegado de Podo, comercializadora de la que es todavía socio minoritario y consejero, además de director general de ONO, y lleva meses cargando contra el llamado marginalismo.
“Desde mi punto de vista la UE debería suspender inmediatamente el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad, para contener el impacto del precio del gas sobre el precio de la electricidad. El precio debería pasar a ser una media ponderada de dos mercados: uno térmico y otro con el resto de tecnologías. Estamos en una situación muy grave, las sanciones a Rusia solo serán efectivas si son persistentes, por lo que es necesario tomar medidas de emergencia”, escribió la semana pasada en su perfil de LinkedIn, poco después de la invasión rusa y con los precios del gas llegando a dispararse más de un 60% en una sola jornada, una situación similar a la vivida este miércoles.
Apostar por el marginalismo, explica Coronado en conversación telefónica con elDiario.es, tuvo “muchísimo sentido” en su momento para incentivar el abandono de los combustibles fósiles, como el carbón y el gas.
Pero en las circunstancias actuales, asegura este empresario, que es consejero en fondos de inversión y miembro del consejo asesor del fondo global de infraestructura de Morgan Stanley, está penalizando la electrificación, clave para descarbonizar. La propuesta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, “tiene sentido”, afirma.
El pasado lunes, en el consejo extraordinario de Energía celebrado en Bruselas tras la crisis en Ucrania, Ribera señaló que “es positivo el debate existente sobre la recuperación de beneficios extraordinarios (windfall profits) procedentes de los altos precios del gas en el actual diseño de mercado. Para que sean efectivas, las medidas sobre las rentas inframarginales deben permitir una respuesta rápida, que esté operativa cuanto antes”.
El Gobierno español defiende poner en marcha “mecanismos rápidos que recuperen los beneficios extraordinarios de las centrales inframarginales para los consumidores”.