El impacto de la invasión rusa de Ucrania se está apreciando en el bolsillo de los consumidores y las empresas no solo en la factura de la luz, también al repostar, con una subida continuada de los carburantes. El alza de precios ya venía de antes del conflicto pero se ha agudizado en las últimas semanas tras el comienzo de la crisis en el este de Europa. Estos incrementos del coste, en un contexto de ya elevada inflación, han comenzado a poner sobre la mesa la necesidad de intentar reducir los precios. El Gobierno ya está estudiando la posibilidad de hacerlo mediante una rebaja de impuestos a los carburantes, como reclamaron también los presidentes autonómicos este fin de semana y algunas organizaciones empresariales. Pese a que esta es una solución temporal que está sobre la mesa, España ya pasa por ser uno de los países europeos con la tributación más baja de los hidrocarburos.
Hay dos impuestos que gravan los hidrocarburos en España. El primero de ellos es el IVA. En este caso se aplica el tributo general, el del 21%. El segundo es el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Este tributo supone una importante fuente de ingresos para el Estado. Según los datos de recaudación del año pasado publicados por el Ministerio de Hacienda, este impuesto supuso 11.492 millones de euros para las arcas públicas. Es la mayor parte del pastel de los Impuestos Especiales –incluyen también a la cerveza, las bebidas alcohólicas, la electricidad o el tabaco–, que en su conjunto obtuvieron algo más de 19.000 millones a lo largo de 2021.
Así se traducen estos impuestos en el precio de los carburantes en España. La semana pasada –últimos datos comparables con otros países europeos–, los españoles pagaban de media 1,68 euros el litro de gasolina cuando repostaban. De este total, algo menos del 45,5% correspondía a los impuestos –IVA e Impuesto Especial–, según los registros de El Boletín del Petróleo, que elabora la Comisión Europea. Esto sitúa a España con unos impuestos más bajos que la mayoría de países europeos. Únicamente cinco pueden decir que tienen una tributación más baja. Es el caso de Polonia (31,7%), Rumanía (41,8%), Bulgaria (43,1%), Hungría y Lituania, estos últimos con valores muy similares a los de España.
De este modo, los usuarios de vehículos de gasolina pagan sustancialmente menos, en proporción, que la media comunitaria. En el caso de este hidrocarburo, los europeos pagan, de media, el 49%. Una media que supera el 50% si se tiene en cuenta únicamente a los países que tienen al euro como moneda. Las otras grandes economías de Europa quedan por encima de la tributación de los consumidores españoles, algo que se constata cuando se viaja por carretera por otros países. En Italia el porcentaje sube hasta el 55%, en Francia supera el 53% y en Alemania, el 47%. Malta y Grecia son los países que más gravan el litro de gasolina, con más del 56%.
Una situación similar, aunque menos acentuada, se vive en el diésel. En la misma fecha en la que en España se pagaba 1,68 euros por el litro de gasolina, el diésel se adquiría a un precio de 1,58 euros. En este caso, los impuestos abonados por los consumidores españoles suponían el 41,3% del total del precio final. En este campo España sí tiene 10 países por encima que pagan menos impuestos por repostar diésel. Sin embargo, se mantiene por debajo de la media comunitaria, que se fija en el 42,9%. En el caso de la zona euro escala todavía más la media hasta el 44,6%. De entre las grandes economías del continente, Alemania se sitúa en este caso por debajo de España, pero no Francia e Italia, que son los países con mayor fiscalidad de Europa, solo superadas por Malta.
“Tenemos que ser cautos a la hora de anticipar ningún tipo de medida hasta que no esté dialogada y consensuada”, ha expresado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes al respecto de la rebaja fiscal que ha comprometido el Gobierno con los presidentes autonómicos este fin de semana. El compromiso no contenía un detalle sobre los tributos que podrían verse afectados, aunque en su Ministerio ya se trabaja para analizar la capacidad de rebajar los impuestos vinculados a la electricidad y a los carburantes. Los primeros ya fueron reducidos el pasado verano con la subida de la luz, mientras que los segundos necesitarán también del respaldo de la Comisión Europea. El objetivo del Gobierno, señaló Montero, es el de revisar la fiscalidad a la baja de algunos productos que “claramente” estén impactados por el incremento de los precios.
El candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno este lunes en un mitin en Palma de “forrarse” con la subida de los precios de la luz y la gasolina, por el aumento de ingresos que esto puede acarrear para las arcas públicas. Los distintos presidentes autonómicos populares reclamaron al Ejecutivo este fin de semana que se rebajaran impuestos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a reclamar la eliminación de los impuestos a la energía, algo que tuvo que corregir su propio compañero de filas y presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que reconoció que “el cero es prácticamente imposible en términos de cuantificación del Estado”.
El Ejecutivo ya aprobó el año pasado una rebaja de impuestos en la factura de la luz. Esto incluye, hasta el 30 de abril, una rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%. También la reducción a un tipo mínimo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Por último, se suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el primer trimestre de este año. Los datos de recaudación del año pasado concluyeron que estas medidas habían recortado en 1.600 millones los ingresos del Estado. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, organizados a través de Gestha, han advertido este lunes de que hay “poco o ningún margen” para bajar los impuestos a los carburantes, más allá de aumentar la devolución del gasóleo bonificado empleado en la agricultura y ganadería.
Francia considera “antiecológico” bajar impuestos a la gasolina
En los próximos días se espera que el Gobierno concrete las medidas fiscales que propondrá para paliar las subidas de precios. Algunos ejecutivos europeos ya han ido anunciando algunas decisiones en este sentido. Es el caso de Portugal, quien ha avanzado que realizará una revisión semanal de los impuestos para amoldarlos al aumento del precio de los combustibles. Francia pretende que a partir del 1 de abril baje en 15 céntimos el precio de los carburantes, pero no lo hará a través de una rebaja de impuestos sino compensando a los distribuidores por este recorte en el precio final. “Los distribuidores lo aplicarán y el Estado les reembolsará. ¿Por qué no bajar los impuestos? Primero, porque se necesita una ley y lleva más tiempo. Después, porque gravar menos las energías contaminantes es antiecológico. Por último, porque este descuento ayuda a todos, incluidos los profesionales que están exentos de impuestos”, ha asegurado el primer ministro, Jean Castex, en una entrevista en Le Parisien. Suecia sí prevé rebajas en el impuesto sobre los carburantes, con un descenso temporal y un pago puntual de 94 euros para los dueños de automóviles. Todos estos países tienen una presión fiscal en los carburantes sensiblemente más alta que España.
El debate de la fiscalidad de los carburantes no es nuevo ni a nivel nacional ni comunitario. Sin embargo, frente a un cierto consenso existente que planteaba penalizar los modelos de transporte contaminante, ahora se plantea una rebaja. Hasta la fecha la tendencia era la contraria. En la reciente presentación del Libro Blanco para la Reforma Fiscal redactado por el comité de expertos encargado por Hacienda, se planteaba la necesidad de igualar los impuestos del diésel a los de la gasolina y subir la carga impositiva para cubrir los costes ecológicos que tiene el uso de estos carburantes. En concreto, planteaba la “revisión de la fiscalidad de hidrocarburos que se traduce en una subida sustancial de la tributación sobre los hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los carburantes de automoción”. La propuesta incluía la creación de un impuesto al CO2 y estimaba el aumento del precio del 15,4% en la gasolina y del 29% en el diésel. Con todo ello, se planteaba un aumento de recaudación de más de 8.000 millones de euros. La situación actual de los precios y de la inflación aleja la posible implantación de este modelo.