Las entidades financieras se anotan una victoria judicial. Tras dos días de deliberaciones, el Tribunal Supremo ha concluido que deben ser los clientes y no los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos declarados en los créditos hipotecarios.
La banca logra con ello un triunfo judicial frente a las reclamaciones por parte de los consumidores y los bufetes de abogados, que ya preparaban una batería de reclamaciones en los juzgados para que las entidades abonaran dicho impuesto, como atestiguaba la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18 de octubre.
Las tres patronales del sector —AEB (banca), Ceca (antiguas cajas) y Unacc (cooperativas de crédito)— ha asegurado que, a falta de conocer el contenido de la decisión del Supremo, la decisión del tribunal “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”.
Desde que se conociera la sentencia de hace dos semanas, la banca, a través de sus patronales y de los principales directivos del sector, inició una fuerte campaña pública en la que se defendía que debían ser los clientes y no los bancos los que abonasen este impuesto. El argumento, “en el resto de Europa lo pagan los clientes”, apuntaron de manera repetida.
Este mismo argumento se ha repetido en el escueto comunicado realizado por las patronales del sector. Las tres organizaciones han defendido que se mantiene lo que decía “la normativa vigente durante más de 20 años” y “está en línea con el marco jurídico de nuestro entorno”.
Las entidades esquivan con ello un coste que rondaba al año los 640 millones de euros, según cálculos realizados por la agencia crediticia Moody’s. Un coste que habría tenido un “impacto limitado” en sus cuentas, según señalaba en un informe. Sobre todo teniendo en cuenta que, entre enero y septiembre sumaban las seis principales entidades más de 13.200 millones de euros de beneficio.
La decisión final del Tribunal Supremo ha supuesto una sorpresa incluso dentro del sector financiero. Las declaraciones por parte de los directivos del sector contenían una cierta asimilación de que tendrían que ser las entidades financieras las que abonaran el impuesto. “Asumiremos lo que decida el Supremo”, reconocían algunos de estos ejecutivos.
Tal era el nivel de asimilación de esta posibilidad, que los bancos habían centrado en las últimas semanas sus declaraciones en contra de la retroactividad de este pago. De este modo, se rechazaba la eventual devolución de los gastos de este impuesto durante los últimos cuatro años o, en el peor de los escenarios, en los últimos 20 años, como apuntaban algunas organizaciones de consumidores.
Las dudas sobre quién debía pagar el impuesto de actos jurídicos declarados ha coincidido en las últimas semanas con la presentación de resultados del tercer trimestre de las entidades financieras. En las respectivas ruedas de prensa los directivos de la banca remarcaron que ellos no habían ingresado nada y que no se podría “sancionar” a las empresas que habían cumplido con la ley tal y como estaba establecida, como aseguró Carlos Torres, consejero delegado de BBVA.
La propia agencia Moody's apuntaba tres posibles escenarios para la banca española tras la decisión del Supremo y ninguno de ellos contemplaba que el tribunal decidiera que fueran los clientes los que abonaran el impuesto.
Las entidades financieras comenzaron a deslizar incluso que repercutirían el coste del impuesto a los clientes de los préstamos hipotecarios. “Lo que no vamos a hacer es vender hipotecas a pérdida”, aseguró María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. Otros, como José Sevilla, de Bankia, fueron más cautos y aseguraron que el precio de las hipotecas lo marcaría “la importante competencia” en el sector.
“Alguien tiene que proteger a la banca”
Durante estas semanas algunos de estos directivos han aprovechado para criticar a la opinión pública existente contra la banca. La más clara en este sentido fue Dancausa, de Bankinter, quien señaló que “en algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger” ya que “estamos solos”. La ejecutiva criticó a “algunos políticos” por sus declaraciones sobre la sentencia. No fue la única voz que deslizó este lamento en este sentido. José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, apuntó que “existe una corriente de opinión pública crítica con la banca” y añadió que “los medios saben que se lee más si se habla mal de los bancos”.
Dentro de todas estas declaraciones, los ejecutivos, que criticaron la “incertidumbre” en la que se había sumido al sistema hipotecario, ensalzaron la relevancia que han tenido en España estos préstamos, que defendieron que eran más baratos que en el resto de Europa. “Si un mercado ha funcionado bien en España ha sido el hipotecario”, aseguró Álvarez, de Santander.
De haber tenido que afrontar el pago retroactivo de este impuesto, Moody's calculó que habría tenido un “coste manejable” de 2.300 millones de euros en caso de haber sido los últimos cuatro años, periodo en el que es posible reclamar a las haciendas por cobros indebidos de impuestos. De haber afectado a los más de 20 años en los que ha funcionado de esta manera, se estimaba en entre 16.000 y 25.600 millones de euros, según la agencia crediticia y el sindicato de técnicos de hacienda, Gestha.