Los estados extranjeros sí sacan partido de las empresas que España privatizó

Junio de 1996. En la Moncloa se reúne el Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar desde hacía pocas semanas. Entre otros asuntos, el Gobierno aprueba un documento cuyo impacto se sigue notando hoy. Bajo el título 'Programa de Modernización del Sector Público Empresarial', se esconde el plan privatizador de los años siguientes. Multitud de grandes empresas públicas pasan a capital privado. O no. La paradoja casi tres décadas después es que las compañías de las que tenía que salir el sector público español han terminado dando entrada a estados extranjeros. Telefónica, el último ejemplo de una larga lista.

El documento, de apenas ocho páginas, aglutinaba toda la justificación ideológica del Gobierno de Aznar para privatizar empresas. Entre otras cuestiones, apuntaba que “no existe criterio económico sólido” para que el Estado participase en estas compañías. Además, escondía el sesgo liberal bajo el planteamiento de que las empresas necesitaban inyecciones de capital que no tenían que salir del sector público y que la regulación europea obligaba a liberalizar sectores.

Si bien la entrada de España en la UE supuso la necesidad de abrir distintos sectores estratégicos a la competencia privada, esto se entendió como la urgencia de que el Estado saliera de esos sectores. Algo que otros países como Francia, Alemania o Italia no hicieron por completo y, cuarenta años después, siguen teniendo participaciones en sectores como la banca, la energía, las telecomunicaciones o la automoción.

Entre 1986 y 2014, el Estado privatizó cerca de 120 compañías, obteniendo por ello unos 45.000 millones de euros, según tiene cifrado la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), el ente que ha aglutinado todas las participaciones en empresas públicas. Sin embargo, el Gobierno de Aznar está considerado como el más intenso en este proceso. Fue la época en la que Endesa, Tabacalera, Telefónica, Aldeasa, Enagás o Iberia, entre otras muchas, dejaron de ser empresas participadas por el Estado.

Fue el momento álgido de los grandes nombres del empresariado público que encabezaron las privatizaciones. Juan Villalonga lideró el final de la salida del Estado de Telefónica; Francisco González concluyó los intereses públicos en Argentaria; César Alierta acabó diluyendo la pública Tabacalera en la privada Altadis; bajo la presidencia de Rodolfo Martín Villa se terminó la presencia estatal en el sector eléctrico a través de Endesa. Y un largo etcétera.

Un cuarto de siglo más tarde, revisar las empresas que desde finales de los ochenta se privatizaron bajo supuestos argumentos de eficiencia económica supone encontrar cómo otros Estados sí han apostado por estas compañías. Así se ha constatado por parte de Arabia Saudí al entrar, a través de su operadora de telecomunicaciones estatal, en el accionariado de Telefónica. El 9,9% que pretende alcanzar y que está pendiente de las respectivas autorizaciones, le convertiría en la principal accionista del grupo con sede en Las Tablas (Madrid).

El Estado español ya no tiene intereses en el sector de las telecomunicaciones, considerado estratégico por las funciones que desempeña. Sin embargo, si Arabia Saudí entra en el accionariado de Telefónica finalmente, la primera y la segunda operadora del país tendrán accionistas estatales. En el caso de Orange, pendiente de su fusión con MásMóvil, está participada en un 13,4% por el Estado francés y en otro 9,5% por el banco público BPI. En otros países, como Alemania, el Estado también participa en el sector, como dueño del 13,8% de Deutsche Telekom.

Telefónica se une así a un grupo de empresas que fueron privatizadas y donde el Estado español ya no tiene intereses, pero sí otros países. Otro de los casos más significativos es Endesa. La empresa fue privatizada en 1998 tras varias desinversiones que habían comenzado durante el Gobierno de Felipe González, bajo el argumento de liberalizar el sector. Su historia posterior fue la de la batalla de opas entre Gas Natural y Enel que terminó ganando en 2009 la compañía italiana. Una empresa cuyo primer accionista es el Estado italiano y que actualmente tiene el 70% de la antigua compañía pública española.

El Estado español quedó desde entonces fuera del sector eléctrico. Durante los últimos años, en plena crisis energética por la escalada de precios, se ha debatido sobre la posibilidad de una compañía pública cuando en el pasado ya se tuvo. Contrasta con otros países como la propia Italia o Francia, que siguen teniendo importante participación en el sector energético.

Durante aquellos años también concluyó la privatización de Iberia. Otro de los símbolos del sector público español y protagonista del aperturismo de la industria turística española. Su futuro quedó en el extranjero, al acabar integrada en el holding británico IAG junto con British Airways. Hoy, este grupo tiene como principal accionista, con el 25% de la compañía, a Qatar Airways, la aerolínea estatal del país del golfo.

De nuevo, la situación contrasta con otros países de nuestro entorno. Otras aerolíneas europeas están participadas por sus respectivos estados. Air France KLM, por ejemplo, tiene más de un 28% en manos del Estado francés y un 9% del neerlandés. En Italia, el Estado es propietario de ITA Air, heredera de la colapsada Alitalia, que actualmente está a la espera de conocer el resultado final de la compra de un 41% por parte de Lufthansa.

El Estado también privatizó, unos años antes, Seat. La compañía automovilística era uno de los símbolos del desarrollismo español de los años sesenta con modelos míticos para la historia popular española como el 600. Sin embargo, a finales de la década de los ochenta, la empresa automovilística fue vendida a Volkswagen. De nuevo, se da la situación de que una empresa pública española acaba en un grupo con intereses de otros estados.

En el caso del gigante alemán, en su accionariado se encuentran el Estado de Baja Sajonia o Catar. Otros países europeos también participan en el sector automovilístico, cuarenta años después de que el Estado español saliera. Por ejemplo, el 15,01% de Renault está en manos del Estado francés.

Durante el Gobierno de Aznar también se vendieron otras empresas importantes como Aldeasa o Aceralia. La primera, que gestionaba tiendas y comercios de aeropuertos y estaciones, pasó a manos del grupo World Duty Free, que en la actualidad tiene entre sus accionistas al estado catarí. La segunda, nombre destacado de la industria española, acabó en el gigante ArcerlorMittal, con sede en Luxemburgo. El ducado es actualmente el primer accionista de la empresa con algo más del 5% de su capital.

En algunas compañías que vivieron procesos de privatización durante aquellos años, la Sepi sigue presente, como Enagás, Red Eléctrica o Indra. En algunos de estos casos, como Enagás, tras su privatización se acercaron estados extranjeros a participar en su capital. Anteriormente el Emirato de Omán y actualmente Mubadala, el fondo soberano del emirato de Abu Dhabi.

Los fondos soberanos, esos vehículos de inversión de determinados estados para canalizar los ingresos por negocios como el petróleo, han dado buena cuenta de las empresas españolas privatizadas. Actualmente se puede encontrar, por ejemplo, a Norges Bank en compañías como Repsol, que en 1997 culminó su paso a manos privadas. También está presente en BBVA, el grupo bancario surgido tras la privatización y fusión de Argentaria, el último reducto de banca pública en España, más allá de los bancos rescatados tras 2008.

De nuevo, la banca es un sector en el que el Estado español dejó de participar, mientras que otros países europeos mantienen sus posiciones en el sector. España tuvo una entidad participada mayoritariamente por el Estado en Bankia, que fusionó con CaixaBank, pero nunca pudo considerarse un banco público por su funcionamiento. Por su parte, Francia, Países Bajos, Bélgica o Alemania son algunos de los países donde los estados participan en el sector que España decidió privatizar por completo.

El proceso de desinversiones incluye a muchos otros nombres que hoy están integrados en otras compañías o que simplemente desaparecieron. Astander, Casa, Red Eléctrica, Pegaso y hasta Viajes Marsans. El conglomerado público llegaba a multitud de sectores, muchos de ellos estratégicos y hoy está limitado a un reducido número de compañías como Renfe, Correos, Loterías y Apuestas, RTVE, EFE, Navantia o Tragsa.

Por el camino quedaron el resto. En ocasiones, salpicadas por los escándalos de sospechas de corrupción en los procesos de venta con directivos implicados, por ejemplo, en investigaciones por el uso de información privilegiada. En otros casos, las críticas llegaron por las bajas valoraciones que se dieron de las empresas. Y de fondo, fuertes movilizaciones, especialmente a finales de los noventa, por la privatización del tejido industrial español.