Los estibadores han decidido ir a la huelga. Estos trabajadores, que se encargan de gestionar la carga y descarga de mercancías de los barcos, le han declarado la guerra al Ministerio de Fomento por el decreto que pretende liberalizar el sector.
Por ello, los 6.156 trabajadores de la estiba van a parar todos los puertos españoles, en horas y días alternos, del 20 al 25 de febrero, pero esta convocatoria podrá ampliarse si no se llegara a un acuerdo, advierte un comunicado de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
La reforma viene impuesta por una sentencia europea del año 2014, que considera el particular sistema de estiba español contrario a la normativa comunitaria, y amenaza con imponer a España una sanción de 21 millones de euros.
Los estibadores, que van a presentar este miércoles este preaviso de huelga, desempeñan una labor básica para el funcionamiento de la economía. Por los puertos españoles pasa cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones españolas, lo que representa el 53% del comercio exterior con la Unión Europea y el 96% con terceros países.
El salario medio anual de un estibador puede alcanzar los 60.000 euros y, dada la peculiaridad del trabajo de la estiba (sólo se trabaja cuando llegan o salen barcos), suelen realizar de forma efectiva el 75% de su jornada laboral, circunstancias que se podrían ver afectadas por la reforma.
Sistema único
Además, la estiba se rige en España por un sistema único respecto a otros sectores económicos y otros países de la UE, salvo Bélgica, que también lo está modificando. Esta actividad se canaliza a través de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores, todos ellos representados por un único sindicato.
Las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores. La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las estibadoras contratar libremente, y da para ello un periodo transitorio de tres años.
En concreto, la norma contempla la desaparición de las Sagep o bien su conversión en centros portuarios de empleo, una especie de empresa de trabajo temporal. Los trabajadores podrán subrogarse a las estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo.
En paralelo, el pasado noviembre llegó al Congreso una iniciativa en contra de la supuesta negativa de los estibadores del Puerto de Algeciras a permitir la entrada de mujeres.
Temor a los despidos
Según los estibadores, la reforma que prepara Fomento supondrá que los contratos indefinidos de la totalidad de estibadores portuarios se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras. Éstas dispondrán de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratando al 75, 50 y 25%, durante el primer, segundo y tercer año, de los estibadores portuarios de las Sagep. A partir de entonces, teme el colectivo, los trabajadores no contratados “ex novo” serán despedidos colectivamente.
La postura de Fomento
Fomento negociaba desde hace meses esta reforma con las empresas estibadoras y el sindicato del ramo para evitar un eventual conflicto laboral que podría llegar a paralizar la actividad portuaria con el consiguiente perjuicio para la economía.
El Gobierno debe aprobar su reforma lo antes posible para evitar la multa de la UE, pendiente de una “inminente” nueva sentencia del Tribunal de Justicia. Para ello, ya busca también el apoyo de las distintas formaciones políticas, pues se articulará mediante un Real Decreto Ley que requiere posterior convalidación del Congreso.
Si no se modifica el actual modelo de estiba, el Estado deberá pagar 134.000 euros al día por no cumplir la normativa comunitaria a partir del momento en el que se publique la segunda sentencia del Tribunal de la UE, “que está al caer” según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
La patronal apoya la reforma
Por su parte, la patronal de empresas estibadoras (Anesco) ha manifestado su “apoyo” a la reforma del sector y ha apelado a la “responsabilidad” del colectivo. Ya antes de la convocatoria de huelga, las empresas estibadoras afirmaban que “lamentan y denuncian” los “bajos rendimientos y las medidas de presión” a las que aseguran están actualmente sometidos los puertos españoles, “y que generan importantes pérdidas en todos los usuarios”.