El foco del conflicto abierto por la reforma del modelo de estiba se traslada esta semana desde la negociación colectiva al Congreso, donde está previsto que se someta a votación este jueves la convalidación del real decreto ley, aunque el Gobierno no descarta retrasar la fecha para propiciar un acuerdo.
Los estibadores han suspendido dos de las nueve jornadas de huelga que habían convocado, las del lunes y el miércoles, aunque mantienen la del viernes a la espera de comprobar si la reforma aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero se convalida o no en la Cámara Baja.
Casi todos los grupos parlamentarios han pedido que el real decreto ley no llegue a las Cortes sin que antes se alcance un acuerdo para mantener el empleo de los estibadores.
Sin embargo, el Ministerio de Fomento ha advertido de la importancia de convalidar esta reforma para evitar multas que suman ya 21,5 millones de euros y que podrían verse incrementadas con 134.000 euros diarios si no se aprueba la modificación legal reclamada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
En cualquier caso, el real decreto debería ratificarse antes de que pase un mes, como muy tarde el 24 de marzo.
Los cambios legales aprobados por el Gobierno y remitidos a Bruselas son bien vistos por la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, quien reclama una rápida convalidación.
En una carta remitida al Ministerio de Fomento, Bulc señala que, si el real decreto ley se convalida, dará orden a sus servicios para que rápidamente informen al Tribunal comunitario con el fin de proceder al cierre del caso, sujeto a la aprobación por el Colegio de Comisarios.
Bulc, que se reunirá el lunes con el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, y visitará el Congreso el martes, precisa que la norma debe ser convalidada manteniendo su “esencia”.
La comisaria se lo hará saber así, previsiblemente, a los portavoces de la Comisión de Fomento, en la que comparecerá para tratar, entre otros asuntos, las nuevas ayudas de financiación público-privada de la Comisión Europea (CE) para proyectos de transporte, que ascienden a 1.000 millones de euros.
La visita de Bulc se produce después de que los estibadores hayan decidido desconvocar la huelga los días 6 y 8 de marzo al comprobar la falta de apoyo parlamentario a la convalidación de la reforma y ante la advertencia de la naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo, de que desviará sus buques a otros puertos si se producen paros.
El PSOE había pedido a los estibadores que desconvocaran la huelga después de anunciar que no apoyaría la convalidación del real decreto ley, al que también se oponen Unidos Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT y Compromís, entre otros.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha instado a Fomento a que se implique “de manera activa” en la negociación con los estibadores para que se produzcan avances.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha dicho que no apoyará un “decretazo” que no cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria y ha insistido en pedir al Gobierno una mesa de diálogo.
No obstante, Ciudadanos no ha dejado clara cuál sería el sentido de su voto si se produce la convalidación el 9 de marzo.
Tampoco el grupo parlamentario del PNV se ha decantado, aunque ya ha mostrado sus reticencia a que sean las autoridades portuarias las que tengan que asumir los costes de eventuales despidos derivados de esta reforma.
Fuentes del PDeCAT han avanzado a Efe que, si no hay mejoras estos días, votará no a la reforma y pedirá que se tramite como proyecto de ley para ser enmendado.
Compromís ha señalado que, si no hay un acuerdo, su voto también será negativo
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, avanzó el viernes que el Ejecutivo está dispuesto a retrasar la fecha del debate de convalidación en el Congreso para dar margen a un acuerdo.
La decisión dependerá de cómo avancen las negociaciones en los próximos días.