La Eurocámara apuesta por flexibilizar el corsé fiscal de la UE frente a las imposiciones de Alemania y los ‘halcones’

A la UE le toca apretarse el cinturón tras casi cuatro años de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la pandemia y la guerra; pero en 2024 volverá el corsé fiscal con el que los 27 tienen que encaminarse a unos máximos del 60% de deuda y el 3% del déficit respecto al PIB. Eso sí, con unas nuevas normas. La intención de los co-legisladores es que sean más fáciles de cumplir y, al mismo tiempo, más sencillos de sancionar los incumplimientos, que con las antiguas reglas fiscales las sanciones eran tan extremas que nunca se impusieron. Y en eso están echando el resto los ministros de Economía y también el Parlamento Europeo, que ha fijado este lunes su posición negociadora en la Comisión de Economía, que tendrá que ser ratificada por el Pleno, antes de negociar a tres, junto a la Comisión Europea, las reglas fiscales definitivas.

La Eurocámara apuesta por una mayor flexibilidad en esa futura norma al plantear que un periodo de cómputo para la reducción de la deuda de diez años respecto al que plantean los 27. Así, los parlamentarios defienden que haya que bajar un promedio de un 1% anual cuando esté por encima del 90% en un periodo de 14 o 17 años mientras que la posición a la que se están acercando los gobiernos establece que ese periodo sea de cuatro a siete años. Para la deuda que esté entre el 90% y el objetivo del 60%, la propuesta de reducción es del 0,5%.

Aunque la salvaguarda de reducción de la deuda no figuraba en la propuesta inicial de la Comisión Europea, Alemania y los 'halcones' han empujado para incluirla en el texto de los 27, que ya lo han asumido. La posición de la Eurocámara supone una mayor flexibilidad que el texto que están negociando los gobiernos.

Las futuras reglas fiscales pivotan en torno a la idea de sendas de ajuste para cada uno de los estados miembros que, en principio, serán de cuatro años extensibles a siete. La ampliación de los planes dependerá de algunos factores, como las inversiones en prioridades como las transiciones ecológica y digital. La Eurocámara apuesta por que el cumplimiento de los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que recoge objetivos de empleo o lucha contra la pobreza, sea uno de los elementos a tener en cuenta.

“Los eurodiputados también introdujeron una nueva excepción por la que la Comisión podrá autorizar excepcionalmente a un Estado miembro a desviarse de su gasto durante un periodo máximo de cinco años, si este gasto se destina a inversiones estratégicas que aborden las prioridades comunes de la UE”, recoge el Parlamento Europeo en un comunicado.

La posición del Parlamento Europeo da mucha importancia, además, a la capacidad de los estados miembros de diseñar sus sendas de ajuste. De hecho, especifica que si hay un cambio de gobierno, el nuevo pueda plantear a la Comisión Europea un nuevo plan fiscal.

La propuesta de la Eurocámara, repartida en tres expedientes legislativos, ha salido adelante gracias a los votos del PPE, los socialdemócratas (S&D) y liberales (Renew).

“Nos hemos asegurado de que la nueva gobernanza económica sea más específica para cada país, manteniendo al mismo tiempo el marco de la UE. Para garantizar una reducción mínima cuantificada de la deuda de los Estados miembros, fijamos una cifra concreta para la reducción anual de la deuda exigida”, ha señalado una de las ponentes, Esther De Lange (del PPE), que también alude a la “desviación máxima clara de la senda de gasto neto de los estados miembros” del 1%.

“Las nuevas reglas fiscales deben abrir un nuevo capítulo en nuestra política económica y servir para pasar página de la austeridad”, señala el eurodiputado del PSOE Jonás Fernández, que ha asegurado que la el texto “refuerza la dimensión social del marco de gobernanza económica y ofrece a los Estados miembros suficiente margen de maniobra en términos de inversión, lo que les permitirá abordar el desarrollo de prioridades clave, como el Pacto Verde, la transición digital y el Pilar Europeo de Derechos Sociales”.

Por el contrario, el grupo de Los Verdes considera que es un retorno a la “austeridad”. “Una década y media después de la crisis financiera, los políticos del PPE, el S&D y Renew siguen sin comprender el impacto de las políticas fiscales de línea dura en la vida de las personas y en la economía”, señala Philippe Lamberts, que considera urgente “un impulso masivo del gasto en lo que respecta a la transición ecológica” para que el planeta “siga siendo habitable”.