El pleno de la Eurocámara reclamó hoy a los Gobiernos europeos “medidas drásticas” contra los paraísos fiscales, evitar las fisuras en la ley que permiten la evasión y asumir una actitud “agresiva” contra los que de forma premeditada eluden al fisco a través de asesoría fiscal.
“El ámbito del fraude fiscal transfronterizo es escandaloso y medidas unilaterales de los países no serán suficientes para hacerle frente”, señaló la socialista eslovena Mojca Kleva Keku, ponente de uno de los dos textos con el que los eurodiputados pidieron hoy mano dura contra la evasión fiscal.
El debate en el Parlamento Europeo (PE) se produce en la víspera de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebren en Bruselas una cumbre dedicada a determinar medidas con las que intensificar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Los miembros de la Eurocámara llamaron a crear un sistema de intercambio de información fiscal entre los países de la UE y a adquirir una política fiscal que vaya encaminada al crecimiento.
También abogaron por establecer una definición válida para toda la UE sobre lo que es un “paraíso fiscal” y redactar una “lista negra” para los que usen estas jurisdicciones para evitar el fisco.
Establecieron como prioritario el mayor control de los fondos comunitarios de forma que se asegure que no se destinan a empresas que no cumplan sus obligaciones fiscales.
En el afán de evitar que se eluda el pago de impuestos, los eurodiputados pidieron que los países establezcan bases de datos de vehículos a motor y embarcaciones, entre otros bienes muebles, así como que se proteja a los periodistas de investigación que destapan los escándalos de evasores fiscales.
Dado que la fiscalidad es una competencia eminentemente nacional, el PE pidió que los Veintisiete trabajen juntos para armonizar las bases impositivas y reforzar las medidas para prevenir que las empresas transfieran sus beneficios a paraísos fiscales para evitar las tasas, principalmente el fraude del IVA.
Según los datos del PE, lo que no se recauda cada año por habitante se acerca a los 2.000 euros, lo que supone un billón de euros anuales.
La cifra equivale a la cantidad que el conjunto de los 27 Estados miembros destinan cada año a las políticas públicas de salud y cuatro veces a lo que invierten en educación.