La noticia saltó a comienzos de noviembre: más de 300 multinacionales pactaron acuerdos fiscales secretos con el Gobierno de Luxemburgo dirigido por Jean-Claude Juncker, ahora presidente de la Comisión Europea. La investigación bautizada 'Luxleaks' hizo tambalear el liderazgo de Juncker y generó un notable escándalo entre muchos europarlamentarios. El grupo verde del Parlamento Europeo inició entonces el proceso para abrir una comisión de investigación que aclarara lo ocurrido y determinara si estas prácticas son contrarias al derecho comunitario. Un proceso que requiere la firma de 188 eurodiputados y que no cuenta hasta el momento con el apoyo de los socialistas europeos.
La iniciativa del grupo verde cuenta ya con 163 firmas que proceden de distintos grupos del arco parlamentario. Los eurodiputados españoles de IU, Podemos, ICV, Bildu, Compromís, Ciudadanos, ERC, Anova y Convèrgencia ya han apoyado la apertura de esta comisión de investigación. No sucede lo mismo con los europarlamentarios populares y socialistas. En el caso de los socialistas españoles, han pasado de votar contra Juncker -que pertenece al partido popular europeo- como candidato a presidente de la Comisión Europea a no apoyar una investigación sobre las prácticas que se llevaron a cabo en Luxemburgo cuando él era presidente.
“Nosotros hemos promovido que se abra una comisión parlamentaria, es el procedimiento habitual en el Parlamento y creemos que contará con más consenso que la comisión de investigación”, justifican fuentes socialistas europeas, que aseguran que este tipo de comisión ya contaría con comparecencias y un informe final.
Sin embargo, otros 23 socialistas europeos sí han estampado ya su firma en la petición de investigación. Entre las 23 firmas socialistas hay nueve eurodiputados franceses (de una delegación de trece), tres belgas, un irlandés, dos italianos, un esloveno, dos portugueses, un alemán, un checo, un danés, un letón y un sueco.
“Una comisión de investigación tendría más competencia, más medios y más capacidad de indagar que una comisión parlamentaria. Nosotros queremos conocer, más allá de filtraciones, el alcance de estos acuerdos bilaterales. Si se está de acuerdo con que se investigue el asunto, ¿por qué no apoyar esta iniciativa”, señala el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun. Los socialistas europeos, sin embargo, insisten en que la creación de una comisión parlamentaria es suficiente. No descartan, eso sí, apoyar la inciativa en el futuro si la suya no sale adelante.
Si los grupos que apoyan la investigación consiguen las 188 firmas, algo que esperan lograr en enero, será la Conferencia de Presidentes la que examine la propuesta y decida definitivamente si crea la comisión.
Dos informes
A comienzos de diciembre, los populares, los socialdemócratas y los liberales -los tres grandes grupos sobre los que se apoya el liderazdgo de Juncker- aprobaron la elaboración de dos informes sobre evasión fiscal y competencia desleal. Dos informes, sin embargo, que la izquierda de la Cámara critica por insuficientes. “Creemos que están intentando diluir una investigación real”, critica Urtasun. No obstante, dos europarlamentarios populares ya han apoyado con su firma la iniciativa de Los Verdes.
Varias organizaciones de la sociedad civil han instando a los eurodiputados a firmar esta petición. Es el caso de la Federación Sindical Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. “Es decepcionante que la mayoría del Parlamento Europeo no quiera una verdadera comisión de investigación. Es la oportunidad para que empresas, consultores y gobiernos y todos aquellos que han sido aconsejados por PricewaterhouseCoopers [la auditoria que diseñaba estas estrategias financieras] salgan a la luz. La responsabilidad de los informes de iniciativa que se han aprobado está en partidos que no tienen ningún historial de lucha contra la optimización fiscal y que representan los mismos intereses de los que practican dichas prácticas”, critica el secretario general de la Federación, Jan Willem Goudriaan.
Según la investigación llamada Luxembourg Leaks o LuxLeaks, en la que participaron 40 medios internacionales a partir de informaciones obtenidas por el Consorcio Nacional de Periodistas de Investigación, unas 340 empresas multinacionales firmaron acuerdos fiscales secretos con el Gobierno de Luxemburgo, al frente del cual estaba Jean-Claude Juncker. Entre las firmas que evadieron impuestos de esta manera se cuentan Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, Pepsi, JP Morgan o Deutsche Bank.
Periodistas de 26 países tuvieron acceso a 28.000 páginas de documentos que demuestran cómo las grandes empresas “se apoyaban en Luxemburgo y en sus leyes fiscales flexibles, pero también en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir” a ese país “sus beneficios a fin de que no fueran objeto de impuestos, o al menos muy débilmente”, es decir, con tipos inferiores al 1%