Europa obliga al Estado a incluir al banco malo en sus cuentas y eleva la deuda pública en 35.000 millones

La Sareb genera un nuevo quebradero de cabeza al Estado. El conocido como banco malo guarda buena parte de los activos tóxicos de las entidades rescatadas en la anterior crisis financia y, aunque el Estado era el principal accionista, funcionaba como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Esta concepción cambia ahora y la deuda de esta compañía, nacida en 2012, pasará a formar parte de la deuda pública. En concreto, 35.000 millones de euros que eran deuda de Sareb serán interpretados desde el 31 de diciembre de 2020 como deuda pública.

Se trata de un cambio contable algo complejo. Es Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, el que ha obligado al Gobierno a incorporar dentro del perímetro de las cuentas públicas esta sociedad. Esto obedece a que cuando se creó, en 2012, existía una normativa contable dentro del organismo que permitía a los Gobierno que crearon instrumentos de este tipo no tener que considerarlo dentro de sus cuentas (deuda y déficit, fundamentalmente). Esta norma cambió años más tarde y desde entonces el Eurostat y el Gobierno español negociaban una alternativa para evitar que esto impactara de forma significativa en las cuentas del Estado, según señalan fuentes del Ejecutivo, pero la doctrina del Eurostat ha terminado por imponerse.

Para comprender bien esta situación hay que remontarse hasta el año 2012. En pleno rescate financiero, con el hundimiento de las antiguas cajas de ahorros y un sector financiero en el abismo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como Ministro de Economía, opta por la creación de la Sareb, una sociedad en la que incorporar los activos tóxicos de la banca española. De este modo, los bancos rescatados lograban limpiar sus balances y afrontar sus problemas con ese desahogo. Aquella sociedad nacía con una participación mayoritaria del sector privado, aunque el Estado se quedaba con el 45,9% del capital.

Para adquirir aquellos activos la Sareb emitió deuda que, a la postre, estaba avalada por el Estado. En aquel momento se entendía que se trataba de una empresa privada, sujeta a las normas contables privadas, y con una influencia del Estado limitada exclusivamente al peso que tenía en su accionariado. Era el primer accionista pero no tenía el control. De este modo, la contabilidad nacional no incorporaba en sus cuentas el impacto de esta operación, que, de haberlo hecho, se debería haber sumado a los más de 60.000 millones destinados a rescatar a las entidades en crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ahora el criterio de Eurostat es distinto. Al ser el Estado el responsable último de esa deuda, como avalista, el cambio en la normativa contable obligaba a que esos 35.000 millones de deuda que todavía tiene Sareb, pasasen a ser considerados como deuda del Estado. Es decir, lo que hasta ahora era considerada la deuda de una sociedad privada pasa a ser considerada como pasivo del Estado. Fuentes del Gobierno señalan que el Ejecutivo discrepa con esta decisión, al entender que se han cambiado las reglas a mitad de partido y que supone funcionar ahora con una normativa distinta a aquella con la que nació Sareb. Tras años de negociaciones, se ha tenido que acabar incorporando a las cuentas públicas. Con este cambio, la deuda de 2020 pasará de ser del 117,1% al 120%. Al fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria se debe incluir ahora el de la reconsideración de Sareb.

Sareb nacía en 2012 con un mandato que llegaba hasta 2027. Para entonces, la empresa tendría que haber vendido todos sus activos. Las citadas fuentes señalan que el Gobierno abogaba por esperar a conocer la situación de la sociedad para aquella fecha, con el fin de abordar entonces los cambios contables necesarios. Señalan, por tanto, que este cambio de consideración de la sociedad no es algo repentino sino que se viene fraguando en los últimos años, aunque se haya hecho efectivo con fecha a 31 de diciembre de 2020.

Eurostat tuvo en cuenta en 2012, cuando se creó Sareb, una serie de condiciones para no considerarlo dentro del déficit y la deuda pública. En primer lugar, que tuviera capacidad de decisión autónoma del Estado, algo que se ha llevado a cambio en su forma de funcionar estos años. En segundo lugar, que no fuera participado mayoritariamente por el Estado, algo que también se ha seguido cumpliendo. El resto de condiciones, como que estuviera dedicada específicamente a la desinversión o que no generase pérdidas significativas, estaba contemplado en un inicio pero no ha terminado por cumplirse.

Más de 9.000 millones al déficit

Las pérdidas de la Sareb es el gran problema en la sociedad que ha derivado en este cambio de consideración. El banco malo nació con un proyecto de generar rentabilidad a futuro. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta y las pérdidas año tras año han ido erosionando el capital con el que se creó la compañía. Esta situación hace que el Estado no solo tenga que asumir la deuda de Sareb sino también sus pérdidas, lo que se corresponderá a un aumento del déficit. Los ajustes contables tras las elevadas pérdidas han llevado a la sociedad a tener un patrimonio negativo que a cierre de 2019 era de 9.000 millones de euros.

Fuentes del Gobierno señalan que no está claro todavía cuál es el impacto de absorber esta situación en el déficit pero avanzan que será la suma de esos 9.000 millones con las pérdidas que haya tenido la Sareb en 2020, dato que se conocerá la próxima semana. En cualquier caso apuntan que tendrá la misma valoración para las autoridades europeas que el rescate financiero, por lo que confían en que no tenga un impacto en los procedimientos de déficit excesivos con los que las autoridades comunitarias controlan las cuentas de los Estados.

De este modo, ocho años después del rescate bancario, el Estado se ve obligado de nuevo a absorber en sus cuentas el resultado de aquella inyección de capital y de la creación del banco malo. En lo que respecta a la deuda y el déficit públicos procedentes de Sareb, su evolución dependerá fundamentalmente del valor en el que se puedan vender los activos que todavía mantiene en balance. En base a esas ventas se podrá reducir la deuda y los resultados negativos de la entidad. Las citadas fuentes evitan valorar cuánto podrá finalmente cubrirse y señalan que todavía queda hasta 2027 para realizar estas operaciones.

Sin embargo, ante el gran volumen de activos que quedan en el balance de Sareb y la importante cantidad de deuda pendiente de pago, en el Gobierno comienzan a reconocer que una posible alternativa será ampliar el periodo de vida del banco malo, para lo que se tendrá que negociar con Bruselas y con el resto de accionistas.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Nadia Calviño han evitado criticar públicamente este mecanismo, fuentes del Ejecutivo reconocen su incomprensión de algunas de las decisiones que se han tomado en el seno de Sareb. Así, apuntan que desde el comienzo se infraestimó las dificultades de que un instrumento de este tipo se iba a encontrar con el tiempo. Por ejemplo, señalan que la contratación de determinados derivados financieros, el uso de terceros para gestionar los activos (servicers) o los precios con los que se transfirieron los activos en un primer momento han agravado los problemas que tenía el banco malo.

La situación del banco malo ha resultado, finalmente, más negativa de lo que se previó en un primer momento para el erario público. Cabe recordar que en 2012 el entonces ministro Luis de Guindos trasladó al equipo económico del PP que esta operación “nunca” tendría un impacto en los costes para el contribuyente. A 31 de diciembre de 2020, ocho años después, se han incorporado 35.000 millones a la deuda pública española.