Europa intenta ponerse en guardia ante la crisis que se avecina en otoño

“Aguas turbulentas”, señala el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. “Mucha incertidumbre y riesgos”, concede el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Pandemia, guerra prolongada, crisis energética, inflación disparada, crisis de alimentos, alteración del contexto geopolítico y económico, repercusiones en el comercio internacional, escasez y encarecimiento de las materias primas, reducción de las perspectivas de crecimiento, presiones sobre las primas de riesgo en los países del sur, aumento de los tipos de interés, con su consecuencia sobre el encarecimiento de la capacidad de endeudamiento de familias y empresas...

Aguas turbulentas. Incertidumbre. Riesgos. En definitiva, “caos bajo las estrellas”, como decía Mao; “la situación es inmejorable”, proseguía el dirigente chino al señalar las semillas que pueden sembrar las crisis.

Los ministros de Economía de la UE han decidido esta semana enterrar las ayudas públicas generalizadas, uno de los signos diferenciadores de esta crisis con respecto de la anterior: la barra libre del gasto público para hacer frente a la crisis económica, social y sanitaria del coronavirus. Y el Eurogrupo ha decidido que ahora las economías, debilitadas y vulnerables por los efectos de la invasión rusa de Ucrania que ha llegado tras la pandemia, deben enfocarse en las “familias y empresas vulnerables”. Es decir, limitar el apoyo público, hacerlo más específico y menos generalizado.

Del mismo modo que el Ecofin, la reunión de ministros de los 27 ha concluido que en la necesidad de aplicar una política fiscal “prudente” y pasar de la política de estímulos globales de la pandemia a la senda de la disciplina fiscal, para hacer frente a la espiral inflacionista, al alza de los precios de la energía y las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. “En la parte fiscal, es importante embarcarse en la senda hacia una política fiscal prudente, dejando atrás los estímulos globales que aplicamos durante la pandemia”, ha señalado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

Es decir, recortar el gasto público con la vista pública en el déficit y la deuda, en un contexto de gran inflación, de guerra y con el pacto de estabilidad y crecimiento suspendido y pendiente de ser reformado.

“Muchos de los riesgos económicos se han hecho realidad”, dice Gentiloni: “Las alteraciones en el suministro de gas ruso y las preocupaciones sobre recortes han hecho que subiera el precio del gas de nuevo”. En efecto, Bruselas teme un otoño y un invierno crudos, con familias y empresas a expensas de la energía rusa para calentarse y mantener las fábricas abiertas en un escenario de precios desbocados.

Por este motivo Bruselas presentará este miércoles, la víspera de la revisión de los tipos de interés por parte del BCE, un plan de choque comunitario ante la expectativa de falta de suministros rusos a la vuelta del verano, cuando está prevista una nueva subida de tipos de interés.

Así, el Ejecutivo comunitario propondrá el próximo miércoles un plan de ahorro con una serie de medidas que van desde bajar el termostato de edificios públicos, oficinas y centros comerciales a 19 grados y elevar la temperatura del aire acondicionado hasta los 25 grados para reducir el consumo eléctrico a la subasta de capacidades de gas para que la industria reduzca su consumo energético. “La UE necesita estar preparada para este escenario y considerar medidas adicionales acordes al desafío que entraña”, apunta la Comisión.

El objetivo del plan, que tiene como nombre 'Ahorra gas para un invierno seguro', es preparar a Europa para interrupciones en el suministro por parte del gas procedente de Rusia. El documento del plan destaca que las medidas para reducir el consumo “deben adoptarse inmediatamente y de manera conjunta” para “reducir considerablemente los riesgos de un desequilibrio entre suministro y demanda durante el próximo invierno y más allá”. 

Las recomendaciones de la Comisión giran en torno a cuatro criterios: mantener el suministro a empresas neurálgicas (salud, la seguridad o la defensa), el impacto en las cadenas de suministro, para evitar que afecte a empresas imprescindibles (farmacéutico, químico..), priorizar el corte de suministro a empresas que pueden buscar alternativas al gas y evitar el corte a instalaciones que puedan sufrir daños irreparables. Ante esta situación, la Comisión no descarta la utilización de combustibles fósiles distintos al gas, incluido el carbón, siempre que sean temporales y no comprometan los objetivos climáticos.

“Los riesgos básicamente se relacionan con la continuación de la guerra y las consecuencias que tiene esta guerra, sobre todo en el suministro de energía. Más recortes en el suministro de gas a la UE implicaría una subida de los precios aún mayor y amplificaría la fuerzas de la deflación”, reconoce Gentiloni: “Esta hipótesis, la más grave en aquel momento, implicaría que Unión Europea entraría en recesión en el segundo semestre de este año y se reduciría aún más la actividad económica el año que viene. Es necesario estar preparados ante ello, es posible que se produzca esa tormenta, pero aún no hemos llegado a ese punto. Presiones de inflación mayores implicarían peores condiciones de financiación, lo que tendría consecuencias en el crecimiento, pero también en la estabilidad financiera”.

Medidas del BCE

Al día siguiente de que la Comisión Europea presente esta propuesta, que será debatida por los ministros de Energía de los 27 en una reunión extraordinaria el martes 26 de julio, el Banco Central Europeo subirá ese cuarto de punto los tipos de interés, que puede convertirse en medio punto de subida a la vuelta del verano. Lo que persigue el BCE es intentar pinchar la escalada de los precios, aunque sea a costa de enfriar la recuperación económica ya amenazada por la guerra.

El mandato fundamental del Banco Central Europeo, con sede en Francfort, es que la inflación se mantenga próxima al 2%, pero sin superarlo. Y han bastado unos meses de precios altos, principalmente por la crisis energética, agravada por la invasión rusa de Ucrania, para que el BCE anunciara una subida de tipos de interés –la primera en 11 años–, después de que lo hicieran la Reserva Federal de EEUU y el Banco de Inglaterra. 

La inflación es el peor de los fantasmas económicos en Alemania, principal economía de la UE, país en el que tiene su sede el BCE y país cuyo Tribunal Constitucional marca de cerca a la entidad presidida por Christine Lagarde ante lo que a veces considera extralimitaciones del mandato monetario del Banco Central Europeo –ultra vires, en términos de Karlsruhe–.

La decisión de subir los tipos para desincentivar el consumo al tiempo que se incentiva el ahorro con el propósito de rebajar la inflación, llegará este jueves de la mano de otra decisión clave: el fin del programa de compra de deuda pública puesto en marcha al principio de la pandemia para rebajar la presión sobre la capacidad de maniobra de los Estados para responder a la crisis del coronavirus, con el grifo del gasto público abierto en Bruselas.

Los Gobiernos podían endeudarse, con la garantía de que esa deuda iba a ser colocada sin problemas en los mercados, porque para eso estaba, entre otros el Banco Central Europeo con sus 1,8 billones de euros disponibles. Pero el BCE ha dicho basta, igual que lo ha dicho el Eurogrupo, con la inflación récord en la eurozona, los fantasmas de Weimar acechando y con los halcones ordoliberales presionando en el seno del organismo monetario.

Este jueves el Banco Central Europeo también deberá concretar el instrumento para embridar las primas de riesgo en los países que lo necesiten anunciado en una reunión de urgencia hace un mes en Fráncfort, un mecanismo para responder, si bien no han dado pistas de sus características ni de si tendrá o no condicionalidades –como lo tuvo el OMT (Outright Monetary Transactions) diseñado por Mario Draghi, que vinculaba la actuación del BCE a recurrir al estigmatizado fondo anticrisis de la UE llamado MEDE–.

Ese nuevo instrumento antifragmentación debe tener unas sólidas bases legales para no colisionar con el siempre celoso tribunal de Karlsruhe –el Constitucional alemán–, al tiempo que debe ser flexible para poder gastar más en unas jurisdicciones que en otras –en España, Italia, Francia y Grecia, por ejemplo–.

Las turbulencias en Italia han puesto en jaque al Gobierno de Mario Draghi, que ha presentado su dimisión, a lo que han acompañado agitaciones en los mercados financieros, con impacto en la prima de riesgo italiana.

Y es que entre los posibles impactos de la crisis del gobierno de Italia para la política económica y monetaria de la UE se encuentran que el nuevo instrumento anunciado por Lagarde para reducir las presiones sobre la deuda de los países del sur, previsto para ser presentado este jueves próximo cuando el BCE anuncie la subida de 0,25 puntos de los tipos de interés, comience a usarse antes de lo previsto y pueda incluir algún tipo de condicionalidad.

Del mismo modo, si cae Draghi, es posible que Italia reciba menos margen en las negociaciones de las reglas fiscales si al frente del Gobierno se encuentra Giorgia Meloni y su partido de extrema derecha Fratelli D'Italia. También está por ver cómo afecta eso al plan de recuperación, un banco de pruebas para emitir más deuda conjunta en la UE: si Roma lo malbarata, postergará una mayor integración fiscal de la UE en los próximos años.

Aguas turbulentas. Incertidumbre. Riesgos. “Caos bajo las estrellas”. Europa intenta ponerse en guardia ante la crisis que se avecina.