Un exalcalde condenado por corrupción regularizó 211.485 euros con la amnistía fiscal del PP
José Manuel Méndez Freijo, exalcalde del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda desde 2003 hasta 2014 y condenado por corrupción urbanística en 2013, fue otro de los beneficiarios de la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno del PP en 2012, declarada inconstitucional en 2017 y cuya lista de agraciados renunció a publicar en julio el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según confirman fuentes judiciales a eldiario.es, en 2012, tras cerrarse la instrucción del caso por el que acabaría siendo condenado y cuando todavía era alcalde de ese municipio, Méndez aprovechó la amnistía que puso en marcha Cristóbal Montoro para regularizar 211.485 euros cuyo origen indaga ahora la Audiencia Provincial de Valladolid en una investigación por posible blanqueo de capitales.
La cuantía aflorada está recogida en un auto del pasado 21 de junio en el que la Audiencia da traslado “a Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castilla y León, para que practique cuantas gestiones sean precisas para determinar el origen de los fondos regularizados por el investigado”. Tras un recurso de la Fiscalía, la Audiencia ha reabierto una investigación contra Méndez que había archivado en noviembre de 2017 el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid.
Las pesquisas, según el auto, se iniciaron a raíz de un informe de la Agencia Tributaria remitido a la Fiscalía sobre “la posibilidad” de que los fondos aflorados por Méndez Freijo “mediante la Declaración Tributaria Especial, modelo 750, pudieran proceder de actividades ilícitas a las que no alcanza la exención de responsabilidad derivada de la regularización prevista en el Real Decreto-Ley 12/2012 y que pudiera constituir un delito de blanqueo de capitales”.
eldiario.es ha intentado contactar sin éxito con Méndez a través del ayuntamiento del que fue alcalde y que todavía gobierna Independientes por Arroyo, la formación que creó en 2007, tras trascender la investigación judicial contra él. El ex edil, que llegó a la alcaldía de esa localidad con el PP, pasa así a engrosar el reducido listado de beneficiarios de la amnistía fiscal que ha salido a la luz. A la medida se acogieron 31.484 personas y sociedades pagando, de media, un 3% de la cuota defraudada.
El exedil aprovechó la amnistía en un año (2012) que fue clave para su futuro judicial: en enero de ese ejercicio acabó la instrucción del caso y en julio llegaría el auto judicial con su imputación, paso previo a los escritos de acusación, el juicio oral y la posterior sentencia. Méndez es un viejo conocido de la justicia, que fue la única capaz de poner fin a su dilatada carrera en la política municipal.
En octubre de 2014, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del denominado ‘caso Arroyo’, el mayor escándalo de corrupción urbanística en Castilla y León, por la que la Audiencia de Valladolid condenó a Méndez en noviembre de 2013 a tres años de cárcel y 16 años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por delitos de prevaricación y cohecho.
Del BNG al PSOE y el PP
El exedil, que en febrero de 2016 abandonó la cárcel de Teixeiro (A Coruña) para cumplir el resto de su condena en tercer grado en un centro de inserción social en Valladolid, inició su carrera política a los 21 años como concejal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en su localidad natal. En 1987 se pasó al PSOE y posteriormente, ya en tierras castellanas, acabó recalando en el PP hasta que montó su propia formación en Arroyo de la Encomienda.
El expolítico amnistiado por Hacienda, condenado por corrupción y ahora investigado por blanqueo, fue el principal cabecilla de una trama de corrupción urbanística en esa localidad a ocho kilómetros de Valladolid que llegó a ser conocida como “la Marbella de Castilla” por su crecimiento urbanístico (en 2002, antes de su llegada a la alcaldía, no llegaba a los 4.500 habitantes y ahora ronda los 20.000).
La sentencia consideró a Méndez el principal artífice de una trama para recalificar en 2005 un suelo industrial para que la constructora gallega Mahía (ya extinta) pudiera construir 2.984 viviendas que nunca llegó a levantar. A cambio, recibió de Mahía una vivienda en Vilagarcía de Arousa y 30 millones de pesetas en 2001 (unos 180.000 euros al cambio actual) que le permitieron salvar su negocio, una empresa de máquinas recreativas que todavía está activa. Por ese pago, el exedil fue absuelto al haber prescrito el delito de cohecho del que se le acusaba.
