Arturo Sanz Millán, exalcalde franquista de Majadahonda (Madrid), ex alto cargo del primer Gobierno de José María Aznar y condenado en 2005 por la Audiencia Nacional por delitos de estafa y contra los consumidores, se acogió a la amnistía fiscal que puso en marcha el PP en 2012, declarada inconstitucional en 2017 y cuya lista de beneficiarios renunció a publicar en julio el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sanz Millán, hoy octogenario (tiene 82 años), regularizó con la amnistía 282.608,55 euros que ocultaba al Fisco a través de una declaración tributaria especial (DTE) presentada el 29 de noviembre de 2012, según una sentencia dictada el pasado 20 de junio por la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, recoge que Sanz Millán presentó su DTE tras saber que Hacienda le investigaba (una vez recibidos sendos requerimientos de información de la Agencia Tributaria en febrero y abril de 2012) “para regularizar su situación tributaria por falta de declaración de rentas en sus autoliquidaciones de IRPF”. “En concreto se regularizaron a través de esa declaración: Depósitos en cuenta corriente o de ahorro por importe de 233.348,07 € y Efectivo por importe de 49.260,48 €”.
Su amnistía ha salido a la luz porque Sanz Millán recurrió en el TSJM una liquidación posterior (2014) de 142.392,69 euros entre cuota (88.269,24 euros) y sanción (54.123,45 euros) que le practicó la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2008 y 2009 y que en junio de 2016 ratificó el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.
El TSJM ha estimado parcialmente su recurso al mantener solo la liquidación y la sanción del ejercicio 2009, “único no prescrito”, referido a 89.481 euros por rentas derivadas del alquiler de una nave a la cementera francesa Lafarge en la parcela nº 205 del polígono nº 3 de Majadahonda, que según la información del Registro de la Propiedad número 2 de esa localidad, pertenece a Sanz Millán desde 1992.
Pese a que la Agencia Tributaria imputó al exalcalde majariego al que amnistió rentas por importe de 170.872,92 por el alquiler de ese inmueble a la multinacional, una portavoz oficial de Lafarge Holcim asegura que “la empresa no tiene ni tuvo alquilada una nave en Majadahonda en condición de arrendataria”.
Funcionario del cuerpo de ingenieros agrónomos desde 1973, Sanz Millán fue el penúltimo alcalde franquista de Majadahonda, entre 1967 y 1977. De esa época (se inauguró el 13 de septiembre de 1970) data la construcción, en unos terrenos propiedad de su familia en ese municipio, de un monumento en homenaje a dos legionarios fascistas rumanos fallecidos en esa localidad durante la Guerra Civil española que se ha convertido en punto de reunión habitual de grupos ultraderechistas.
El pleno del consistorio majariego llegó a pedir en 2015 (con la abstención del PP, el partido que gobierna Majadahonda) su demolición en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica pero el monolito sigue en pie. Derribarlo “sería un delito de prevaricación por la naturaleza privada de los terrenos”, asegura en conversación telefónica Miguel Menéndez Piñar, nieto de Blas Piñar y presidente de la Asociación Custodia del Monumento de Majadahonda, que confirma que los terrenos fueron donados a la asociación en los años 90 por Arturo Sanz y su madre, Ángeles Millán.
En agosto de 1996, Sanz Millán fue colocado por el Gobierno de Aznar como director general del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (su nombramiento lo firmó el entonces secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella, recientemente condenado por las tarjetas black), pero en ese cargo duró poco.
Tuvo que dimitir en enero de 1998, tras una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que destapó una trama de fraude de empresarios de estaciones de servicio, entre los que estaba el entonces alto cargo, que desde al menos 1988 hasta 1997 se habían dedicado a servir menos combustible del que cobraban a los clientes en gasolineras ubicadas en Madrid, Toledo y Albacete.
Al escándalo, que propició una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, se le dio carpetazo en 2005, cuando Sanz, junto a los otros 34 acusados, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar 2,11 millones de euros por las cantidades defraudadas a cambio de no ir a juicio. Fue condenado por la Audiencia a un año de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de 11,2 euros por un delito de estafa y otro relativo al mercado y los consumidores.
Terrateniente
Además de tener un pasado en política y en los tribunales, Sanz Millán es un empresario y terrateniente con fuertes intereses en el sector inmobiliario en su localidad, uno de los municipios más ricos de España. Tras abandonar la política y el negocio de las gasolineras, ha estado vinculado a empresas como Promociones Inmobiliarias Sanhur 2003 SL, que todavía administra y que en 2016 contabilizaba en sus cuentas 32,6 millones en activos, de los que 25,3 millones eran inversiones inmobiliarias: más de 30 viviendas, locales comerciales y garajes en Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias.
Sanz, que no ha querido hablar con eldiario.es, ha pasado a engrosar el reducido listado de beneficiarios de la amnistía fiscal (menos de 70 personas) cuyo nombre ha trascendido gracias a sentencias judiciales o investigaciones periodísticas. A la amnistía se acogieron 31.484 personas y sociedades pagando, de media, un 3% de la cuota defraudada.
En el caso de Sanz Millán, es el segundo exalcalde condenado por la justicia cuya DTE sale a la luz. El primero fue José Manuel Méndez, ex regidor de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) hasta que en 2014 fue condenado por el Tribunal Supremo por corrupción urbanística. Actualmente, Méndez vende inmuebles para la inmobiliaria a la que benefició siendo alcalde.