El Gobierno aprobó ayer la medida estrella que anunció Rajoy en su discurso en el debate sobre el estado de la nación: la tarifa plana de 100 euros a la Seguridad Social para las empresas que hagan un contrato indefinido durante este año.
Aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró el viernes que el proyecto se ha aprobado sin contar aún con una memoria económica, un cálculo rápido permite estimar el coste aproximado que tendrá: si se hacen 842.000 contratos indefinidos (la misma cifra que se registró en 2013 de marzo a diciembre), supondrá al menos 6.000 millones de euros en dos años.
En 2013 se registraron 1.134.949 contratos indefinidos, una cifra parecida a la de otros años de crisis. Puede parecer sorprendente en términos de destrucción de empleo, pero lo cierto es que el mercado de trabajo crea y destruye millones de contratos diferentes en un solo ejercicio.
De ese millón y pico de contratos, 842.147 se registraron entre marzo y diciembre, que será el periodo de 2014 en el que esté en vigor la nueva medida. Según Empleo, el ahorro medio de cada empresa o, dicho de otro modo, lo que dejará de ingresar la Seguridad Social por cada contrato, será de 3.520 euros anuales. Es decir, que el coste anual de la medida sería de 2.964 millones anuales, una cifra que hay que multiplicar por dos, ya que las empresas tendrán la cuota bonificada durante dos años. En total: 6.000 millones de euros.
A partir de este número de contratos que se efectúan de forma habitual en la economía, se podría empezar a sentir un cierto impacto de esta disposición. En este sentido, muchos expertos alertan del llamado “efecto ganga” o “peso muerto” de esta medida, es decir, que más que animar la nueva contratación premia la que se iba a hacer igualmente.
“Son contratos que se hubieran hecho de todas formas. Es una medida absolutamente publicitaria de escasos efectos. Este tipo de reducciones se deben limitar a colectivos específicos, como trabajadores de edad avanzada que hayan sido despedidos o jóvenes con baja cualificación”, señala Ignacio Pérez Infante, que fue director general de Empleo y es miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Se puede dar además la circunstancia de que las empresas que paguen sueldos de 26.000 euros o superiores abonen menos por las contingencias comunes a la Seguridad Social que esos mismos trabajadores. En el caso de los sueldos de 26.000 euros, esta reducción haría que la empresa pagara 1.200 euros por este concepto, mientras que el trabajador abonará una cantidad similar. En sueldos superiores, por supuesto, el trabajador pagaría más que la empresa por su seguro social. Esta ausencia de discriminación hace que empresas con beneficios millonarios, como un banco o una eléctrica, que se beneficien de una medida así, lleguen a pagar menos por la cotización que sus empleados.
También los sindicatos han sido muy críticos en este sentido, porque consideran que una política de bonificaciones y reducciones de cuotas generalizadas no crea empleo. No así la patronal, que ve la medida con buenos ojos y que lleva mucho tiempo reclamando una bajada de cuotas a la Seguridad Social.
Más reducciones
La medida es una reducción de las cuotas a la Seguridad Social y, como tal, implica que las arcas públicas dejan de ingresar ese dinero. Es, por tanto, diferente a lo que sucede con las bonificaciones: en este caso, el Servicio Público de Empleo es el que se hace cargo de la parte de las cuotas que se bonifican, de forma que ese dinero sí se ingresa, aunque proceda de los Presupuestos Generales y no de las empresas.
No obstante, Empleo espera que la medida anime la contratación y que la llegada de nuevos cotizantes compense a largo plazo lo que la Seguridad Social deja de ingresar ahora. En cualquier caso, se ha optado por la reducción porque desde el Ministerio de Hacienda se ha cortado radicalmente el grifo para nutrir cualquier tipo de estímulo.
Actualmente ya existen al menos 17 reducciones a la contratación, algunas aprobadas desde la última reforma laboral. Una de las más recientes es la reducción del 100% de la cuota por contingencias comunes para las empresas de menos de 250 empleados que hagan contratos a tiempo parcial con vinculación formativa a menores de 30 años.
Las empresas pueden beneficiarse de ella durante dos años como máximo y la medida estará en vigor hasta que el paro baje del 15%, algo que no sucederá en años. Pero hay muchas otras; por ejemplo, para que los autónomos y microempresas contraten indefinidamente a jóvenes, o para los contratos en prácticas.