Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial

La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos.

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