En las últimas cuatro décadas España ha pasado de ser un ejemplo de estado centralista a estar entre los países más descentralizados del mundo. El problema es que el proceso de dispersión del gasto y del ingreso se ha producido de manera desordenada, con medidas a veces improvisadas y otras establecidas para superar un problema puntual, pero sin un diseño explícito de adónde se quería llegar a largo plazo. “El resultado final ha sido un sistema complejo y poco transparente, con serios problemas de equidad y eficiencia”.
Con estas reflexiones comienza el documento de 160 páginas que el comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica entregó este jueves al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que adelantó el periódico Cinco Días. El propio comité (21 expertos nombrados por la administración central y las comunidades autónomas de régimen común, excepto Cataluña, que no quiso participar en los trabajos) tampoco ha logrado ponerse de acuerdo en un diseño unívoco. Pero sí ha consensuado la mayor parte del documento. Cumplían el mandato emanado de la Conferencia de Presidentes autonómicos para una reforma de la financiación de las administraciones.
Según uno de los expertos que ha participado en este comité, Alain Cuenca, designado por Aragón, esta reforma no será posible “sin dinero adicional”, y de ahí que reclamen una mayor presión fiscal, ni sin la participación activa de la Generalitat de Cataluña. En esta ocasión, y de manera oficiosa, han estado representados por Baleares, según algunas fuentes.
IVA colegiado
Entre las medidas consensuadas, los sabios proponen un “IVA colegiado” para que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto, si bien deberían ponerse de acuerdo entre ellas para hacerlo entre ellas, dado que la UE obliga a que el tributo esté armonizado en cada uno de los países miembros, informa Europa Press.
La idea es un IVA con dos tramos, uno para las comunidades y otro para el Estado, con la finalidad de que el tramo autonómico pueda ser elevado cuando las regiones necesiten aumentar su recaudación. En la actualidad las comunidades cuentan con el 50% de la recaudación del impuesto pero sin capacidad normativa sobre el mismo.
Sucesiones y Donaciones
Los “expertos” también se ocupan de un impuesto cuya disparidad en España ha llegado a provocar campañas y manifestaciones. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones era estatal hasta que, en una Ley de 1983, se cedió a las Comunidades Autónomas. El Parlamento no fijó criterios para evitar que las normas autonómicas introdujeran diferencias excesivas. Y esto permitió una competencia feroz entre diversas Comunidades por motivos ideológicos o económicos. Lo que proponen es armonizar el impuesto, en introducir un mínimo exento único que proporcionaría progresividad y que podría variar entre el 4-5% y el 10-11% según el grado de parentesco.
Plusvalía municipal
En paralelo, otro comité de expertos se ha reunido para debatir sobre la reforma de la financiación local, que también ha presentado este jueves sus resultados. En este caso, los expertos proponen transformar el impuesto sobre la plusvalía municipal en un auténtico tributo sobre plusvalías que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca.
Recientemente el Tribunal Constitucional declaró nulo el impuesto de plusvalía municipal, si no se han producido ganancias, con lo que extendió a toda España los efectos de la doctrina acordada el pasado febrero para los territorios forales.
Estos documentos no son vinculantes, ya que la última palabra sobre ambas reformas la tendrá el Gobierno, que pretende aprobarlas con el consenso de comunidades, ayuntamientos y partidos políticos. Soraya Sáenz de Santamaría ha augurado tras recibir el documento que si hay “voluntad de todos”, especialmente del el PP y el PSOE, habrá acuerdo para la financiación autonómica y local, y que si no se logra será “un fracaso compartido”.