Más allá de las peleas parlamentarias y de los pulsos políticos, aquí fuera, en barrios como éste de Carabanchel en Madrid, la teoría se convierte en algo tangible y concreto. Cobrar o no el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede marcar la diferencia entre tener un techo y comida y no tenerlo. Entre salir adelante y estancarse.
“Pero en muchos casos el Ingreso Mínimo Vital no es suficiente”, señalan las personas que han organizado protestas en diversas ciudades del país exigiendo una Renta Básica de Emergencia y una mayor disposición del Ministerio de Seguridad Social de Escrivá.
“Tienen que contratar a más trabajadores para agilizar los trámites, esto es una agonía”, se queja José Manuel Ruiz, sin trabajo desde enero, integrante de la Asociación de Desempleados.
“Llevo desde julio esperando el IMV y todavía no me han dicho nada, está en estudio”, explica Enrique Castro, integrante de Marea Básica y participante en la protesta celebrada este martes frente a la sede de la Seguridad Social de Carabanchel, una de las seis convocadas en Madrid. “No podemos seguir en la exclusión”, señala.
La gestión del Ingreso Mínimo Vital está generando reacciones diferentes en el seno del propio Ejecutivo. Ante las protestas de personas afectadas, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha indicado en más de una ocasión que su trámite debería ser agilizado. Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, califica de éxito que se hayan concedido ayudas a 90.000 hogares, tras analizar 350.000 peticiones de las 900.000 recibidas. Aún así ha anunciado que se incluirán “simplificaciones y mejoras” y asegura “un acelerón muy fuerte en la segunda quincena de septiembre”.
Los colectivos involucrados en las protestas se quejan de que esas ayudas concedidas “solo representan el diez por ciento de las solicitudes presentadas” y alertan de que las esperas que ha habido hasta ahora, “de hasta tres meses y sin saber en ningún momento si te darán la ayuda o no”, son insostenibles para muchas familias necesitadas.
Alicia Sanz vive con su hija en un piso de alquiler y lleva sin trabajo desde el inicio de la pandemia. “Y sin ingresar nada, porque me cambié de trabajo por decisión propia, iba a buscar otro, pero justo llegó el confinamiento. Tuve mala suerte. Así que no tengo subsidio de desempleo, nada”, comenta.
Su casero quiere echarla, le ha dado de plazo hasta el 31 de octubre. “Le he dicho que estoy esperando el Ingreso Mínimo Vital, lo pedí en julio, se supone que el plazo máximo para contestarte desde la Administración son tres meses, pero temo que en tres meses me digan ‘uf, estamos hasta aquí, seguimos sin suficientes trabajadores para tramitar las solicitudes”.
Mientras tanto, ha ido pidiendo dinero prestado, “diez euros aquí”, “quince allá, para ir dándole algo al casero”. Sigue buscando trabajo y ha echado “varios currículum sin fecha de nacimiento, porque dónde vas siendo una señora de más de cincuenta”.
“Europa establece un umbral digno, España no lo cumple”
Precisamente este martes se agotaba el periodo máximo establecido inicialmente para tramitar las solicitudes presentadas hace tres meses, cuando se abrió el plazo. Ante el atasco en la gestión, la Seguridad Social ha anunciado una ampliación hasta diciembre.
Quienes esperan una respuesta lo hacen “con incertidumbre, a ciegas y sin saber cuándo recibiremos algo, si es que lo recibimos, porque existe lo que se llama el silencio administrativo: si al finalizar el plazo no te han dicho nada, es un no, y entonces empezarían las reclamaciones en los tribunales de lo social”, explica en la concentración convocada en la calle Serrano de Madrid Hontanares Arranz, de Marea Básica.
“De hecho, es lo que iba a ocurrir ahora: ante la cantidad de gente que no ha recibido respuesta, los tribunales de lo social se iban a atascar con reclamaciones, por eso han tenido que prorrogar”, añade.
José Luis Yuguero, de la Red de Solidaridad Popular Latina-Lucero, lo cuenta con ironía: “Es más fácil conseguir cita previa para el Ingreso Mínimo Vital con la güija que a través del teléfono habilitado para ello”.
Tanto él como todos los integrantes de la Plataforma RMI Tu Derecho, integrada por diversos colectivos y asociaciones, apelan “a la Carta Social Europea, que establece un umbral mínimo de 740 euros, pero aquí tienen a gente cobrando menos de 500 euros al mes, España está incumpliendo y nosotros no llegamos a fin de mes”, denuncia Castro.
Enmiendas enviadas a todos los grupos parlamentarios
Desde la Plataforma se ha presentado a todos los grupos parlamentarios una serie de enmiendas que hacen hincapié en la necesidad de eliminar filtros que “dejan a muchas personas demandantes fuera” y que “convierten la solicitud en una auténtica yincana”.
“Solicitamos que la gente de 18 a 23 años, ahora excluida, tenga derecho a pedir este ingreso. Pedimos también que varíe la exigencia de estar empadronado al menos un año en el mismo lugar, porque eso es bastante incompatible con la gente que habitualmente necesita esta ayuda, gente que está en la pobreza extrema y vive a veces de prestado, esta semana en casa de la hermana, la próxima en la habitación de un amigo, y así tiran”, explica Hontanares.
“Otra de las condiciones para que una persona sola pueda acceder al IMV es que haya trabajado doce meses en los últimos tres años. Mucha gente en exclusión social no cumple ese requisito”, señala Enrique Castro.
La gestión del IMV no es el único trámite con obstáculos. Los colectivos movilizados denuncian que hay colapso en las solicitudes de las ayudas a desempleados mayores de 52 años, en las bajas por paternidad o en las incapacidades laborales.
José Manuel es mayor de 52 años, está sin trabajo desde enero, vivió el confinamiento con una hernia discal, ha tenido que trasladarse a casa de su hermana, también desempleada, y corren el riesgo de ser desahuciados. “No recibimos ingresos y nos enfrentamos a demasiadas trabas burocráticas para pedir ayudas”, lamenta.
Para alguien como él, cualquier gestión se complica. Ya no puede pagar el teléfono, así que tiene que hacer las solicitudes de forma presencial. Pero sin cita previa -que se gestiona por teléfono- no es posible. “Así que yo venga a llamar por teléfono como puedo todos los días, pero que te lo cojan es un milagro”.
Javier Baeza, párroco de Entrevías y presente en la concentración convocada en la calle Serrano de Madrid, lo explica así: “Es un sortilegio de dificultades. Para colmo, aquí la Comunidad de Madrid envió una carta diciendo a todos los que cobraban la Renta Mínima de Inserción (REMI) que tenían diez días para solicitar el Ingreso Mínimo Vital o si no, se les extinguiría la REMI. Solo en la parroquia ayudamos a tramitar en diez días 70 solicitudes”.
Las oficinas de Correos también se han convertido “en una especie de registro público más”, ya que algunas operaciones por Internet exigen posteriormente imprimir la solicitud y enviarla por correo. “Por eso hay tantas colas a las puertas de Correos. Y te cobran tres euros y medio por enviar los papeles, estamos nosotros como para tres euros”, bromea José Manuel con cierta amargura.
Son diversos los barrios en los que asociaciones y colectivos se han organizado para ayudar a la gente a hacer sus trámites. “Hay colas diarias. Los casos de pobreza son un goteo constante, es como cuando te meten en el hospital y te ponen el gota a gota: constante, constante, gente que va a ser desahuciada, gente que necesita alimentos”, indica Ana Isabel de Marea Básica.
Guillermo Escobar, profesor en la Universidad de Alcalá, es uno de los redactores de las enmiendas enviadas a los grupos parlamentarios. Algunos les han respondido, otros no. “El Gobierno basa el planteamiento de su ley en el derecho de la Constitución a la Seguridad Social: prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Pero estas prestaciones no son suficientes, no están cumpliendo el mandato constitucional”, indica Escobar.
Por eso la Plataforma solicita una Renta Básica de Emergencia, “inmediata, que no precise de tantos trámites y que el próximo año ya Hacienda reestructure y revise, pero sin los filtros actuales que dejan fuera a muchas personas que realmente necesitan urgentemente una renta digna”, dice Hontanares. “España tiene que reordenar su sistema de protección. Solo se han concedido el diez por ciento de los IMVs solicitados, una cifra claramente insuficiente”.
Los colectivos involucrados en estas demandas tienen intención de repetir protestas como las celebradas este martes en Madrid, Córdoba, Mérida, Badajoz, Zaragoza, Teruel, Valencia, Lleida y Valladolid.
“La importancia de no sufrirlo en silencio”
“Si hay que plantarse con una silla en la calle, se hace, y que sepa todo el mundo que estás pasando hambre, por mucha vergüenza que te dé. No puedes invisibilizar tu sufrimiento. Lo que más me preocupa de la crisis es la vecina que se queda sola en casa con el problema. Por eso la pelea en la calle es importante”, indica Javier, integrante de Stop Desahucios.
Justo cuando finaliza la protesta frente a la sede de la Seguridad Social de Carabanchel, un funcionario sale a la puerta:
“A ver, alguien con cita previa, por favor”, dice a las once personas que llevan esperando un buen rato para poder entrar y ser atendidas.
Solo una levanta la mano. Las demás, sin cita previa, comienzan a hablar a la vez, con preguntas y quejas.
“Calma, por favor, de una en una, paciencia”, contesta el hombre.
“El hambre no desaparece teniendo paciencia”, murmura una mujer.