El debate sobre el sistema de pensiones vuelve este jueves al Congreso de los Diputados. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, defenderá la ley que regula el primer bloque de la reforma de pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez, que pactó con los sindicatos y los empresarios tras una década sin acuerdo social en la materia. La norma deberá sortear el intento del PP de tumbarla con una enmienda a la totalidad, que pretende que el texto sea devuelto al Ejecutivo. El partido liderado por Pablo Casado asegura que la regulación “olvida a los jóvenes” por derogar el factor de sostenibilidad de 2013. La aplicación de este indicador reduciría las pensiones futuras en los próximos años de manera creciente. Los mayores recortes, por tanto, se lo llevarían los más jóvenes.
Los 'populares' han reabierto la batalla política sobre las pensiones tras el acuerdo en el Pacto de Toledo de hace un año, que también costó una década volver a lograr. En su discurso contra la reforma de pensiones de Escrivá, el PP ha recuperado la defensa del “factor de sostenibilidad” de la legislación que aprobó el Gobierno de Rajoy de manera unilateral en el año 2013.
Entonces, no hubo acuerdo ni en el Pacto de Toledo ni con los sindicatos y empresarios, lo que se volvió más tarde contra el Ejecutivo del PP con una fuerte movilización social y un nulo apoyo político en el resto de la Cámara. En este contexto, Rajoy tuvo que dejar su reforma sin efecto al final de su mandato para sacar adelante los Presupuestos de 2019, tras un acuerdo con el PNV. Suspendió el llamado 'IRP' (índice de revalorización de las pensiones), que provocaba las subidas anuales del 0,25%, y aplazó cuatro años la entrada en vigor del factor de sostenibilidad: de 2019 a 2023.
Qué provoca este indicador
El factor de sostenibilidad ha sido muy nombrado en las movilizaciones y debates sobre pensiones, pero nunca ha llegado a aplicarse. Se trata de una compleja fórmula que pretende vincular la cuantía inicial de las futuras pensiones a la esperanza de vida. Dado que cada vez la población vive más años, la consecuencia era que las siguientes generaciones se jubilarían con pensiones más reducidas.
El Gobierno de Rajoy argumentaba que este elemento equiparaba la situación de los pensionistas de hoy respecto a los del futuro: los de hoy tienen pensiones más altas porque viven menos años y los del futuro percibirían prestaciones más bajas porque, en principio, se supone que tendrían vidas más prolongadas.
¿De qué recorte en la pensión estamos hablando? Hay diferentes cálculos al respecto, ya que la fórmula del factor de sostenibilidad depende de varios indicadores que van cambiando, pero se suele cifrar entre el 5 y el 6% de reducción cada diez años. El Banco de España calculó en su último estudio al respecto que la pensión inicial de los trabajadores que aún no se han jubilado se reduciría “en aproximadamente el 5% en diez años y el 10% en veinte años”. Su repercusión era menor que la del índice de revalorización del 0,25%, por el que “la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones sería del 15%” los diez primeros años y llegaría al 30% en dos décadas.
La Seguridad Social ha ilustrado cómo se traduciría el factor de sostenibilidad en la nómina de los pensionistas. A través de un ejemplo, de un modelo tipo de trabajador que dada su carrera fuera a percibir una pensión de 1.500 euros, la Seguridad Social muestra las pérdidas mensuales en la pensión en función del año en que accediera a la jubilación.
Como se puede apreciar, el factor de sostenibilidad al principio no se nota tanto en los bolsillos de los pensionistas, pero a medida que pasan los años, su recorte es mayor. Por este motivo, el responsable de pensiones en CCOO, Carlos Bravo, destacaba en un reciente artículo la incidencia en los jóvenes del acuerdo en pensiones entre el Gobierno y los agentes sociales.
“Quien hoy tiene 18 años, con esta medida, mejora su expectativa de pensión anual en 345 euros por 14 pagas, con una esperanza de vida media en el momento de la jubilación que superará los 20 años y una mejora de su renta de jubilación en más de 100.000 euros de hoy. Las personas más jóvenes son las principales beneficiarias de la derogación del factor de sostenibilidad”, escribía.
Los planes privados se frotaban las manos
El PP defiende en cambio en su enmienda a la totalidad a la reforma de pensiones de Escrivá que “olvida a los jóvenes”. La derecha basa la sostenibilidad futura del sistema en los recortes para los futuros jubilados, sin los que dicen que el sistema público no es sostenibles.
Este esquema, que dejaba pensiones más reducidas en el futuro, provocó que desde organismos como la OCDE y el Banco de España se destacara la opción de complementar las prestaciones públicas con planes privados para alcanzar unos ingresos suficientes, como ocurre en otros países de la UE.
Desde la propia industria de planes de pensiones se consideraba que estos recortes suponían una oportunidad para vender sus productos. “Para mantener nuestro nivel adquisitivo constante sería muy recomendable acudir a planes de pensiones para no notar el efecto del factor de sostenibilidad sobre nuestra jubilación a lo largo de los años”, recomendaba el fondo de pensiones de un banco en su página web.
Los 'populares' defienden que el Gobierno ha eliminado el factor de sostenibilidad sin ningún mecanismo sustitutivo y que no hay medidas para garantizar la sostenibilidad. El ministro Escrivá disiente: la regulación sobre pensiones sí incluirá medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, pero con un enfoque diferente, que no provoque los recortes en las prestaciones de la reforma de 2013 del PP.
Sí hay un debate sobre la sostenibilidad
José Luis Escrivá recuerda que el reto de la jubilación de la generación del baby boom, por el que el sistema tendrá más gasto ante el aumento del número de jubilados con una población de trabajadores más estrecha, tensiona el sistema hasta 2050. Después de esta fecha, el número de pensionistas volverá a caer.
¿Cómo cuadrar las cuentas de la Seguridad Social para afrontarlo? El ministro defiende que el sistema es sostenible en las próximas décadas con algunos ajustes menos traumáticos que los que aplicó el PP. Algunos ya están acordados y otros quedan por negociarse en los próximos bloques de la reforma de pensiones.
El primer paquete acordado con los agentes sociales incluye en este sentido incentivos para retrasar de manera voluntaria la salida del mercado laboral (reduciendo las salidas anticipadas y premiando las demoradas), mientras aumenta los ingresos de la Seguridad Social con aportaciones vía Presupuestos (impuestos) y saca gastos no contributivos que se pagaban con cotizaciones sociales.
A este primer bloque le falta un importante fleco: el llamado “mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI), que se supone que tratará de sustituir al factor de sostenibilidad y que aún se desconoce cómo será. El Gobierno se ha comprometido a diseñarlo antes del 15 de noviembre, para incluirlo vía enmienda en el primer bloque de la reforma de pensiones. El ministro ha asegurado que se busca un efecto diferente, no de recortes crecientes para los hoy trabajadores y futuros pensionistas, un enfoque que los sindicatos ya han avisado de que no respaldarían.
Tras la negociación del MEI, los siguientes bloques de cambios abordarán más medidas que Escrivá defiende que aseguran las cuentas de la Seguridad Social para las próximas décadas. Algunas incidirán en aumentar los ingresos, como la cotización por ingresos reales de los autónomos y el destope de la cotización de los sueldos altos, mientras que otras pueden ocasionar reducción en las pensiones, como la ampliación de los años de cómputo para calcular la pensión. De nuevo, el Ministerio intentará llegar a un acuerdo con los agentes sociales y, después, en la Cámara. Este jueves, tiene su primer examen con la batería inicial de medidas.