El Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles un informe en el que se cifra en más de 28.800 millones de euros el coste que tuvo para el Estado en la cobertura que se dio en el ámbito sociolaboral y en la Seguridad Social durante el año 2020. El organismo ha avanzado algunas cifras de este informe que se publicará en los próximos días y que señala que dos terceras partes del total —67%— fueron a las coberturas de los ERTE y las prestaciones por desempleo.
Así, el desglose que hace el Tribunal de Cuentas de esa factura de más de 28.800 millones es el siguiente. 19.200 millones fueron destinados a las empresas en situación de ERTE y las prestaciones contributivas por desempleo a sus trabajadores afectados. Los autónomos percibieron 7.182 millones de euros, algo menos de una cuarta parte del total. La protección para los trabajadores en situación de incapacidad temporal por la COVID-19 supusieron 1.694 millones de euros, un 6% del total.
El SEPE fue el organismo que soportó el coste más elevado, 15.426 millones de euros, un 53,5% del total. Le siguieron las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y la Tesorería General que asumieron respectivamente 7.426 millones y 5.837 millones. Es decir, sumaron otro 46%. El resto se repartió en entes como el INSS, el ISM, Muface o Fogasa, que acumularon unos 121 millones.
El informe del Tribunal de Cuentas defiende que, “con alguna excepción”, el coste medio por beneficiario de cada ayuda se ajustó “a criterios de razonabilidad económica”. Apunta además que las medidas con mayor grado de cobertura fue la que se dio a los autónomos, cubriendo al 26,5% del colectivo. Las medidas de los ERTE beneficiaron casi al 18% de las empresas y del empleo por cuenta ajena. Además, las bonificaciones en las cuotas empresariales que se otorgaron al sector turístico han llegado al 70% del colectivo potencial.
El Estado financió todas las ayudas a través de transferencias corrientes y de préstamos otorgados a la Seguridad Social a devolver en 10 años. El importe recibido, 38.803 millones de euros, ha cubierto los costes de 2020, generando un exceso de financiación de 9.993 millones, que se destinará a cubrir las ayudas por COVID-19 en ejercicios posteriores. El informe del Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno “evaluar la conveniencia de que la cobertura de la protección por desempleo, contributiva y no contributiva se integre en los presupuestos de la Seguridad Social”.
El ICO otorgó 90.000 millones en avales
Otro de los informes aprobados por el Tribunal de Cuentas aborda el uso de los préstamos avalados en 2020 por el Instituto de Crédito Oficial. Según detalla el documento, el organismo público avaló más de 86.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2020, en lo que se refiere a la línea de liquidez. La otra línea de préstamos ICO fue la dedicada a la inversión, que en aquella fecha, había movilizado 11.800 millones de euros, apenas un 30% del total que se estimó para esta medida de apoyo a las empresas.
En total, fueron objeto de análisis 953.782 operaciones de las Líneas Liquidez e Inversión realizadas por más de 600.000 clientes (autónomos y empresas, algunos de ellos realizaron varias operaciones), y 6.914 operaciones de la Línea Arrendamiento realizadas por otras tantas personas físicas arrendatarias de viviendas (solo se permitía una operación por arrendatario).
En el análisis de las estadísticas de la plataforma del ICO, el Tribunal de Cuentas advierte de que se han encontrado “operaciones grabadas por duplicado, campos que admiten valores heterogéneos o que pueden dar lugar a equívocos, y validaciones y campos que permiten combinaciones de datos que son imposibles o incoherentes”. Por ello, señala el Tribunal de Cuentas, “el informe cuestiona la capacidad de Banc@ico como instrumento de control del otorgamiento de los avales, y detalla las deficiencias de la aplicación y los errores e incongruencias que se detectaron en los datos y en las validaciones analizadas”.
Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas señala que en las líneas de liquidez y de inversión se detectaron que 2.311 empresas beneficiarias de los avales tenían registradas algunas operaciones como pyme y otras como no pyme durante el ejercicio 2020 “sin que la aplicación alertase de la situación”. Además, señala que 1.180 clientes eran grandes empresas que accedieron a los avales como pyme y 1.143 que tuvieron un error de signo contrario. El Tribunal añade que el ICO “debió comunicar las ayudas concedidas mediante estos avales públicos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones”.
El Tribunal de Cuentas señala que “la ampliación y generalización de los plazos de carencia para la devolución de este tipo de préstamos hacen previsible que los impagos y las consecuentes ejecuciones de los avales empezarán a manifestarse de manera intensa en ejercicios futuros”, añadiendo que fiscalizará estos datos.