La familia March ha colocado entre un nutrido grupo de inversores, entre los que están algunas de las mayores fortunas españolas, pequeños paquetes de acciones de Verisure, la multinacional sueca propietaria de Securitas Direct, líder en la instalación de sistemas de alarma en España, un negocio en auge en tiempos de pandemia.
Los March, séptima fortuna española según la última edición del tradicional ránking de ricos de El Mundo, han dado entrada en Verisure, en la que participan a través de la Corporación Financiera Alba, su hólding de participaciones, a un total de 70 inversores entre las que están tres de las cien familias más ricas de España y numerosos directivos de Banca March y de la propia Alba.
La operación se realizó hace más de un año, pero no ha aflorado hasta ahora. Alba compró en abril de 2019 una participación indirecta del 7,5% de Verisure, matriz de Securitas, a su principal accionista, el fondo estadounidense Hellman & Friedman, por 557 millones de euros. Un paquete que los March redujeron poco después al vender en julio de 2019 por 100 millones un 17,91% de esa participación a “un grupo de inversores” a los que no identificó, según comunicó entonces a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Alba, que a cierre de 2019 y tras esa desinversión parcial controlaba un 6,14% de la matriz de Securitas, ha comunicado ahora la identidad de esos inversores en un documento remitido el pasado 16 de octubre al Registro de Luxemburgo. Allí están domiciliadas tanto la matriz de Securitas como la sociedad que utiliza Alba para canalizar esa participación en Verisure.
El documento refleja que la mayor parte del paquete se vendió a una treintena de sociedades que realizaron una inversión conjunta cercana a los 95 millones en Verisure. Entre ellas está la familia Domecq Bohórquez, ex accionistas de Coca-Cola Andalucía y con grandes intereses en el negocio agrícola, ganadero y taurino. A través de su sociedad Angustias y Sol (con la que participan entre otras en Viscofán, una de las empresas de la cartera de Alba), han invertido 7 millones de euros. El mismo paquete fue adquirido, a través de su sociedad La Vida es Chula SL, por el suizo criado en España Thomas Meyer, fundador de la cadena textil Desigual y al que antes de la crisis del coronavirus el último ranking de Forbes situaba en el puesto 22 de mayores fortunas de España.
Un millón más que Meyer y los Domecq Bohórquez ha invertido Aligrupo, el family office que los hermanos Alcaraz crearon tras vender la firma de alquiler de vehículos Goldcar por 400 millones y a los que el último ranking de ricos de El Mundo les situaba en el puesto 114 de la lista de multimillonarios españoles. Con 2 millones invertidos figura Francisco Riberas, cabeza visible de la sexta familia más rica de España, dueños de la acerera Gonvarri y del fabricante de componentes para la automoción Gestamp y accionistas de empresas como CIE Automotive, en la que también participa Alba (12,1%).
El presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco Riberas, ha realizado esa inversión a través de Halekulani SL, la sociedad patrimonial con la que el también expresidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) invierte en otras empresas como Telefónica, de la que Riberas es consejero independiente. Desde este año, Telefónica es dueña del 50% del negocio de alarmas del principal competidor de Securitas Direct, Prosegur, en la que los March participaron hasta 2013.
Con un perfil mucho discreto y una inversión superior en Verisure, de 8 millones, figura Ingeniería y Comercio Incom SL, de la familia Navarro. Con intereses en el sector inmobiliario y de la energía, los Serrano, a los que en su momento se incluyó en el círculo de confianza de la infanta Elena, han participado en firmas como Gala Capital o la socimi Serrano 61, que Banca March montó para explotar el centro comercial ABC Serrano de Madrid, y de la que también son socios entre otros los exdueños de Goldcar.
Con cuatro millones invertidos en Verisure figura a través de su sociedad Hernal SL otra discreta gran fortuna, los herederos de Antonio Hernández Barrera, cofundador de la arrocera Herba, germen de la actual Ebro Foods, otra empresa de la cartera de Alba. La misma cifra ha invertido la familia Soriano Manzanet, principales accionistas de Porcelanosa (55,54%) y en el puesto 81 de ricos del último ranking de El Mundo. A través del hólding familiar Sorman, han invertido 2 millones y una de las hijas del fundador, Sonia Soriano, ha destinado otros 2 millones a título personal. Benjamín Casañ, minoritario de Porcelanosa, también figura con otros 3 millones invertidos a través de la sociedad Verleiden SLU.
Con dos millones aparece otra familia que también estuvo vinculada al negocio azulejero en Castellón, los Benavent, a través de Thalassa Capital, la firma de capital riesgo que montaron en 2018 tras la venta de Keraben, por la que se estima que ingresaron más de 60 millones.
Otros empresarios que han dado el pase a sus negocios y a los que los March también han reclutado en Verisure son los Gassó, ex dueños de los audífonos Gaes, que vendieron en 2018 por 528 millones. Figuran con una inversión de 5 millones a través de la sociedad Gassbona 2006 SL, encabezada por Antonio Gassó, ex director general de Gaes durante más de 30 años, artífice de su expansión y que hoy se define como “aventurero sin fronteras, deportista sin complejos” y “emprendedor sin límites”.
También constan como socios de ese vehículo luxemburgués, con dos millones invertidos, los Botet, ex accionistas de Caprabo, a través de Inderhabs Capital, la firma de capital riesgo que montaron tras vender su participación en la cadena de supermercados; Joaquín García-Quirós, perteneciente a la familia que fundó Cortefiel, vendida en 2005 a varios fondos, con una inversión de tres millones a través de Eunate Real Estate, domiciliada en Suiza; con dos millones y a través de la sociedad Namim XXI SL aparece Jordi Peña, que en 2017 vendió a Schibsted el portal inmobiliario que fundó, Habitaclia.
También con dos millones invertidos en la matriz de Securitas Direct figuran la naviera Ership, de los Alvargonzález Figaredo, primos de Rodrigo Rato y una de las grandes fortunas asturianas; la catalana TGT, el imperio del queso fundado en 1963 por Teodoro García Trabadelo, líder nacional en la producción y distribución de productos lácteos con 383 millones de facturación en 2019; o la familia De Castro, que hizo fortuna con el inmobiliario y el negocio de las ITV en Galicia, a través de Logistica Integral y Servicios S.L.
Directivos de Banca March y Alba
Entre las decenas de directivos y administradores de Banca March y la Corporación Financiera Alba que han invertido pequeñas sumas en Securitas figuran el ex consejero delegado de Alba y representante en varias participadas del hólding, como Indra o Acerinox, Santos Martínez-Conde; el CEO de Banca March, José Luis Acea; el expresidente de Accenture y consejero independiente del banco, Vicente Moreno García-Mansilla; o el abogado del Estado, secretario del consejo de Alba y ex secretario de la CNMV y del Banco de España, José Ramón del Caño. elDiario.es se puso en contacto el jueves con la corporación industrial de los March, sin obtener respuesta.
La multinacional sueca Verisure, presente en 16 países, obtuvo en el primer semestre de 2020 unos ingresos de 1.000 millones, un 8,1% más, tras elevar un 10,8% su cartera de clientes, hasta 3,5 millones. Su beneficio bruto operativo total ajustado fue de 438 millones, un 17,2% más, pero perdió 69 millones, frente a los números rojos de 15 millones del primer semestre de 2019.
Su filial española logró batir el año pasado récord de facturación y clientes entre avisos de su auditor por ocultar datos e inspecciones del Fisco y Trabajo. Securitas lidera un negocio que está, tras el estallido de la crisis del coronavirus, en el foco, al calor de la alarma social, que muchos juristas niegan, sobre un supuesto auge de la ocupación ilegal de inmuebles como consecuencia de la catástrofe económica provocada por la pandemia.
En septiembre, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró que el organismo investiga si algunos bancos han obligado a instalar los sistemas de alarma que comercializan y financian a clientes que pedían préstamos ICO con aval del Estado.