La exministra Fátima Báñez celebra los ocho años de la reforma laboral: “Nacía una nueva cultura del empleo en España”

Ocho años de la aprobación de la reforma laboral del PP, que dio luz verde el Gobierno de Mariano Rajoy en un real decreto-ley el 10 de febrero de 2012 sin consenso político ni de la patronal y los sindicatos. La entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha publicado un artículo en El Mundo en el que celebra esta legislación, que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se propone desmontar en varias fases, empezando por la derogación del despido por bajas médicas.

Fátima Báñez subraya que la reforma laboral supuso “una nueva cultura del empleo en España” y pide ahora “no dejarse llevar por la ideología” y articular “nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas” en materia laboral.

La exministra de Trabajo, que anunció que dejaba la política el pasado marzo y fichaba recientemente por la farmacéutica Rovi como consejera independiente, celebra en su artículo lo que considera varios “hitos” de la reforma laboral de 2012, que asegura que contribuyó a crear empleo y a mejorar su calidad.

Báñez subraya el aumento de la contratación indefinida como un signo de esa mejora en la calidad del empleo, pero lo cierto es durante su mandato la temporalidad (la proporción de asalariados con contratos indefinidos sobre el total) se incrementó. Aumentaba el número de trabajadores con contrato indefinido, pero lo hacía aún más el de los que tenían uno eventual, menos estable.

Así, en 2012 la tasa de temporalidad era del 23,4%, según los datos anuales de la EPA, mientras en el 2018, cuando Rajoy abandonó la Moncloa, era del 26,8%. Además, no solo aumentó la temporalidad, sino que se disparó la más precaria, la de menor duración. Los contratos temporales de menos de siete días se duplicaron respecto al inicio de la crisis. Estos contratos ultracortos se dispararon precisamente a partir de 2012.

La exministra destaca no obstante en su artículo que “la evidencia empírica muestra que la recuperación ha venido acompañada de empleo de más calidad” y adjudica el mérito a la normativa del Ejecutivo de Rajoy: “Hoy, tras ocho años de vigencia de la reforma laboral, podemos afirmar que, con 785.000 ocupados menos, hay más asalariados con contrato indefinido que nunca” y que “tres de cada cuatro asalariados (el 74%) tiene un contrato indefinido, casi seis puntos más que antes de la crisis”.

Es cierto que la temporalidad, un importante problema en el mercado laboral español desde los 80, es en la actualidad inferior a previa a la crisis. En 2007, era del 31,6%. Durante la recesión se destruyó antes y en mayor cantidad el empleo temporal que el fijo, pero con la recuperación económica la temporalidad volvió a aumentar. El Banco de España concluyó que la reforma laboral no había servido para solventar este problema.

Báñez también destaca que las medidas económicas del Gobierno de Rajoy, como la reforma laboral pero también “la consolidación fiscal y la reestructuración del sistema financiero”, impulsaron “una mejora sostenida de los indicadores de situación social”. La exministra no menciona a qué indicadores se refiere, aunque argumenta respecto al gran aumento del empleo en estos años, hasta acercarnos a los 20 millones de trabajadores, que “no hay un crecimiento más social que ese”.

Sin embargo, hay importantes indicadores de la “situación social” en España que no dan lugar a sacar pecho en este sentido. El riesgo de pobreza es ahora superior al que había en 2012 y al registrado antes de la crisis, con una tasa de pobreza general en 2018 del 21,5%. En 2012 era del 20,8% y en 2008 del 19,8%.

Además, existe un foco importante de pobreza en uno de los colectivos que dependía directamente de la ministra Báñez y que sufrió importantes recortes en su mandato: los desempleados. En la actualidad, casi la mitad de los parados vive con ingresos por debo del umbral de la pobreza, un 46,8%. En 2012 el dato era del 38,1% y en 2008, del 31,3%.

El Gobierno de Rajoy limitó, por ejemplo, el subsidio para desempleados mayores de 52 años, elevando la edad de acceso hasta los 55 años y pasaron a computar las rentas familiares en el hogar y no las personales para otorgarlo. El Tribunal Constitucional tumbó esta última medida por no respetar la Carta Magna.

Ahora apuesta por el consenso

Destaca en el artículo de Báñez que la exministra apuesta ahora –cuando el Gobierno de Sánchez pretende desmontar la reforma de 2012– por que las modificaciones de la legislación laboral se hagan desde el consenso, cuando las dos refomas legales más destacadas de su mandato (la laboral de 2012 y la de pensiones de 2013) se saltaron el acuerdo político y social.

“Ante estos nuevos desafíos deberíamos centrar todas nuestras energías y acciones en construir el futuro, más que en revisar el pasado; articulando nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas que preserven el crecimiento y la competitividad, fortalezcan el bienestar sin dejar a nadie atrás y, además, mantengan la confianza en España”, escribe la exministra.

En este sentido, Báñez recomienda para afrontar este debate “no dejarse llevar por la ideología, sino guiarse por la razón y la experiencia empírica”. “Es más sencillo acercarse a los acuerdos democráticos alejándose de la demagogia política”, concluye.