El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso el pasado verano en su diana la llamada excepción ibérica, el mecanismo pactado por los gobiernos de España y Portugal con la UE para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico y contener el precio de la luz. En su ofensiva contra este acuerdo, el líder de la derecha ha vuelto a insistir en que esconde una “subvención” de los consumidores españoles a los franceses. Según sus cálculos, a finales de año el montante de esa supuesta subvención será de 1.000 millones de euros. Expertos del sector lo niegan y apuntan que es exactamente al revés y es Francia la que está pagando por esa energía.
Feijóo ha llegado a prometer que si gobierna derogará esta medida, que según el Gobierno ha permitido a los consumidores españoles un ahorro en su factura de 3.000 millones desde su puesta en marcha y que el PP llegó a calificar de “timo”. Ahora la Comisión, presidida por la popular alemana Ursula Von der Leyen, busca cómo extenderla a otros países europeos. En la madrugada del jueves al viernes, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han mandatado a los ministros del ramo y al Ejecutivo comunitario a que diseñen el mecanismo exacto que incorporará el modelo ibérico a los demás Estados miembros.
Horas antes de ese acuerdo, y a su llegada a la habitual cumbre del PP Europeo en Bruselas previa al Consejo, el político gallego aseguró que el denominado tope al gas “supone que los españoles estén subvencionando con 1.000 millones la luz en Francia”. Reiteraba así un dato que su partido ha utilizado una y otra vez sin explicar de dónde sale, pese a la insistencia de elDiario.es, y que coincide con las estimaciones de algunos medios muy escorados a la derecha.
Feijóo hacía estas declaraciones poco después de reunirse con Von der Leyen (encuentro de cuyo contenido no han informado el PP ni la Comisión ni el PP Europeo), tras negar que su partido haya llamado “timo ibérico” a la excepción ibérica, además de obviar que la propia presidenta de la Comisión ha defendido extender el mecanismo, con modificaciones, a todo el continente.
El viernes, ya con el acuerdo del Consejo hecho público, repetía el discurso la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, quien a preguntas de los periodistas cambió el “timo” por otra fórmula. “La excepción ibérica no es un buen negocio”, dijo. “Paga las facturas de los vecinos de otro país”, concluyó, para insistir en la cifra de los 1.000 millones.
Una tesis que refutan muchos expertos del mercado eléctrico y que choca también con los datos que publica el operador del mercado eléctrico, Omie, en un informe mensual de la operación del mercado mayorista de electricidad. El último disponible es el de septiembre (puede consultarse aquí) y se publicó el jueves, cuando Feijóo hizo esas declaraciones en Bruselas. El documento recoge el importe mensual de las denominadas rentas de congestión, que se producen cuando la interconexión entre España y Francia se satura.
Estas rentas están previstas en los reglamentos europeos y existen desde hace muchos años. Hasta 2022 a los consumidores españoles la factura les salía a pagar porque el flujo de energía siempre había sido importador hacia España. Entonces, nadie afirmaba que los usuarios franceses subvencionaban a los españoles (ni a otros, como los italianos) por tener precios inferiores a los de sus vecinos y exportar su energía nuclear, entonces barata.
Ahora esos pagos los está haciendo Francia, que está comprando a España toda la electricidad técnicamente posible (la interconexión entre ambos países es limitada) no por la puesta en marcha de la excepción ibérica, sino porque el país se ve obligado a importar energía de donde puede, no solo de España, por los problemas técnicos de sus reactores.
Las rentas de congestión se crearon con la idea de destinarlas a sufragar la construcción de redes para mejorar las interconexiones. Se calculan como la energía intercambiada en un sentido y en otro de la interconexión, multiplicada por la diferencia de precio del mercado mayorista a ambos lados de la frontera. El 50% de ese importe se lo lleva cada país. En el caso de España va a parar al sistema eléctrico.
El Real Decreto de la excepción ibérica preveía un mecanismo para que, al entrar en vigor el tope al gas, las rentas de congestión adicionales que aflorasen entre ambos países se destinaran a reducir el coste total de la compensación a las centrales que usan ese combustible por vender la electricidad más barata del precio al que lo harían sin excepción ibérica.
El decreto vaticinaba que el mecanismo traería “consigo una importante reducción del precio de casación marginal en la zona de precio tanto española como portuguesa, lo que traerá principalmente dos efectos: un incremento del flujo exportador en la frontera entre España y Francia, y un incremento de la diferencia de precio entre la zona de precio española y la francesa”. Por ello, se habilitaba “una vía excepcional para poder hacer un uso de las rentas de congestión adicionales en dicha interconexión” y usar esos fondos para reducir el coste total del mecanismo de ajuste.
Cuando en una determinada hora la interconexión se satura en sentido exportador, se produce el denominado “desacoplamiento de mercados”: aparece un precio en España (más bajo) y otro en Francia (más alto). Una comercializadora francesa que compre energía en España a través de la interconexión pagará el precio de Francia (más caro). La central española percibirá el precio español (más bajo). Y la diferencia entre ambos es la renta de congestión, que reduce el coste del ajuste por el tope al gas.
Desde junio, cuando entró en vigor la excepción ibérica, y de acuerdo con los últimos datos publicados por Omie, los ingresos para España en concepto de rentas de congestión se han situado en 654 millones de euros, de los que 389 millones se han destinado a minorar el coste del mecanismo ibérico. Solo en septiembre, el crecimiento de esas rentas fue del 1.193% interanual, según el informe de Omie.
Según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica facilitados a El Periódico de España, las rentas para España desde el 15 de junio (cuando se puso en marcha la excepción ibérica) hasta el 17 de octubre han sido de más de 700 millones. De ellos se han inyectado 414 millones para reducir el ajuste para compensar a las centrales de gas. Con ello se ha reducido un 6,5% el importe del ajuste que paga la demanda expuesta al mercado mayorista diario (los consumidores en tarifa regulada y muchos industriales): en 7,5 euros por megavatio hora (MWh) en estos cuatro meses, al pasar de una media aritmética de 114 a 106,5 euros por MWh.
Saldo favorable a España
“No le estamos pagando a los franceses 1.000 millones de euros. Ellos nos pagan las rentas de congestión y nosotros estamos pagando la compensación a las térmicas por esa misma energía que hemos exportado, dando por hecho que toda se ha producido con gas, que es algo que no siempre ocurre”, explica por teléfono el inversor Joaquín Coronado. Este histórico del sector eléctrico recuerda que en quince años “jamás he oído a ningún francés decir que se subvencionaba la electricidad a España” por exportarla aquí.
Aunque “hay muchas formas de hacer el cálculo”, el balance puede hacerse a partir de las ventas de electricidad a Francia, del importe de las rentas de congestión para España y del coste de la compensación de las centrales de gas, resume Coronado.
En el mejor de los casos (calculándolo a partir del precio que paga la demanda española), este experto calcula un saldo positivo acumulado para España de unos 115 millones de euros en los meses de julio, agosto y septiembre. En el peor de los casos, “el cálculo más extremo” y pesimista, tomando como referencia la compensación unitaria a las centrales térmicas, el saldo sería negativo para España. Pero no son 1.000 millones, sino 143.
En cualquier caso, “no es que no les hayamos subvencionado con 1.000 millones; es que el saldo es, muy probablemente, favorable a España”, resume Coronado.
Otra de las críticas que se hacen a la excepción ibérica es la de que ha disparado el consumo de gas para la generación con ciclo combinado. Algo que expertos del sector atribuyen más bien a la menor producción hidroeléctrica por la sequía, a la mayor exportación a Francia (por su gripe nuclear) y las ventas a Portugal, muy dependiente del agua: “Nos olvidamos de que hemos tenido la mayor ola de calor desde 1916, de que no hay agua, no hay viento, y Francia tiene 32 reactores nucleares parados”, dice Coronado.
El PP se lanzó desde el primer momento contra el acuerdo logrado por España y Portugal en el seno de la UE para poner un tope al precio del gas en el cálculo del precio mayorista de la electricidad. Hasta el punto de que llamó “timo ibérico” al mecanismo. Lo hizo, por ejemplo, en su cuenta oficial de Twitter el pasado mes de agosto.
Pero también lo han hecho de palabra. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, despreció con esa expresión el mecanismo en esas mismas fechas. “La factura sigue disparada mientras la medida estrella del Gobierno es subvencionar el gas y la electricidad a Francia. Es el pacto ibérico, o el timo ibérico”, dijo el número tres de la organización en una rueda de prensa.
Una expresión de la que el líder de la derecha española ahora quiere huir, después de que Von der Leyen haya dicho esta misma semana que “el modelo de España y Portugal ha servido para reducir el precio de la electricidad” y “merece ser estudiado” para su implementación continental.
El jueves, Feijóo negó haber utilizado nunca la expresión “timo ibérico” y, a continuación, negó también que Von der Leyen haya defendido las bondades del mecanismo. Ante sus abultadas diferencias con la UE, el dirigente gallego prefiere negar lo que se dice en Europa antes que modificar su propio discurso.
Para rematar, el PP insistió en el dato de los 1.000 millones en su respuesta al acuerdo firmado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para buscar un mecanismo similar al ibérico y limitar la incidencia del precio del gas en la factura de la luz. “No hay duda de que a los españoles les está saliendo cara la excepción ibérica, con alrededor de 1.000 millones de euros subvencionados a los consumidores franceses a fin de año y con muchos consumidores españoles que han visto cómo ha subido su factura a causa de la compensación”, según una nota del partido publicada tras la rueda de prensa de Pedro Sánchez desde Bruselas.
Según el PP, el Consejo Europeo les da la razón porque “defiende un tope temporal al gas que no distorsione el mercado, que no obligue a subvencionar a consumidores de países terceros y que no incremente su consumo”. “Y la excepción ibérica no lo cumple”, abundaba la nota: “Solo topa al gas para producción eléctrica y no industrial, estamos subvencionando a consumidores franceses que ya pagaban menos por el gas que nosotros y se ha incrementado un 52% la producción eléctrica a partir del gas desde que se implantó este sistema”. De la gripe nuclear francesa, ni palabra.