Fernández Ordóñez cobró 348.751 euros de indemnización tras abandonar el Banco de España
El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el anterior gobernador del Banco de España y apóstol del abaratamiento del despido, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cobró una indemnización de 348.751 euros tras abandonar el organismo supervisor. Así consta en el 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal' de los años 2012 a 2014 publicado este martes.
La cifra, que Fernández Ordóñez cobró entre 2012 (92.641 euros), 2013 (177.307 euros) y 2014 (78.803 euros), es mayor a lo esperado porque, teniendo en cuenta su último sueldo conocido (176.000 euros anuales), su indemnización durante dos años (80% del sueldo) habría sido en teoría de 280.000 euros.
El Tribunal de Cuentas revela que para calcular la compensación de Ordóñez, que tras cobrar esa compensación se jubiló para cobrar una pensión pública, se tuvieron en cuenta, “además de su sueldo, diversos complementos y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno [quince reuniones en el año anterior a su cese] y de su Comisión Ejecutiva [otras 55 reuniones en el año previo a su cese en junio de 2012]”.
El Tribunal de Cuentas, que considera “adecuado” este cálculo, sí critica la indemnización de 322.961 euros abonada a José Antonio Alepuz, secretario general del Banco de España desde 2002 hasta septiembre de 2011, cuando renunció voluntariamente para fichar por La Caixa.
La cifra abonada a Alepuz, que incluye una compensación de 281.476 euros de indemnización en abril de 2012 a razón de 45 días por año trabajado, “contrasta con la indemnización que se satisfizo al gobernador del Banco de España, cesado posteriormente, pese a que sus restricciones para el ejercicio de otra actividad eran mucho mayores”.
El informe también cuestiona que cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones “muy superiores” a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa. La reforma laboral del PP limitó las indemnizaciones a siete días por año de servicio con seis mensualidades máximas para los directivos públicos, eliminó las indemnizaciones cuando el alto cargo fuera empleado de una entidad pública con reserva de plaza y redujo a 15 días el plazo para comunicar el desestimiento.
Hasta un día antes
Unas condiciones que no se aplicaron a cuatro directivos del ICO y uno de RED.es, que cesaron entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2012 (un día antes de la aprobación de la reforma laboral), y que percibieron las indemnizaciones máximas estipuladas en sus contratos: 45 días de salario bruto anual fijo por año trabajado e indemnización de tres meses de salario bruto anual fijo por preaviso incumplido.
Esto supone que el director general adjunto a la Presidencia del ICO recibió 33.663 euros de indemnización, el director general de Negocios 62.967 euros, el director general comercial 49.207 euros y el director general de Riesgos y Control Financiero 46.780 euros. En total, 192.617 euros.
Según el Tribunal de Cuentas, si los ceses se hubieran producido unos días más tarde, los dos primeros cargos no habrían tenido derecho a indemnización alguna por reintegrarse en sus puestos de trabajo en el mismo ICO y los otros dos habrían cobrado una cuantía “muy inferior”.
En el caso de RED.es, su director Económico-Financiero firmó la notificación y el finiquito el 10 de febrero de 2012, con una nota manuscrita señalando que le faltaba por percibir el importe de la retribución por objetivos de 2011, de 18.974 euros, que se liquidó en una nómina adicional en marzo. Además, cobró 102.412 euros por las indemnizaciones máximas por cese.
Según se detalla en el documento del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, entre 2012 y 2014 se produjeron 55 ceses en las entidades fiscalizadas con derecho a percibir prestaciones indemnizatorias o pensiones compensatorias, que finalmente cobraron únicamente 45 directivos, por un importe total de 4,43 millones de euros.
En cuanto a las retribuciones abonadas a los altos cargos en dicho periodo sumó casi 38 millones de euros, destacando los 17,18 millones destinados al Instituto Cervantes, los 3,92 millones de la CNMV, los 3,28 millones del ICEX y los 3,14 millones de la CNE. No obstante, en los tres años analizados el número total de directivos en los organismos pasó de 151 a 126.
