Ferrovial duplicó sus pagos a lobbies mientras preparaba su polémica mudanza a Países Bajos. Varios medios han publicado, citando fuentes de la multinacional, que el grupo de la familia Del Pino llevaba años preparando un movimiento del que no informó previamente al Gobierno. El Ejecutivo ahora estudia posibles vías para bloquear una operación que califica de “error”.
Los últimos informes anuales de Ferrovial reflejan un importante salto de la partida de “actividades de lobby o asociaciones sectoriales” en 2021, cuando el importe se duplicó al pasar de 833.976 euros a 1.635.430 euros. En 2022 se mantuvo estable en 2022 al situarse en 1,62 millones. Las cifras mínimas en relación con un grupo que factura más de 7.500 millones anuales, están en cualquier caso en máximos.
Las grandes empresas españolas están obligadas por ley a publicar información sobre estas actividades desde finales de 2018. Deben recogerlas en sus documentos de información no financiera, tras la trasposición de una directiva europea sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.
Ferrovial, que preguntada por este asunto no precisa las razones del aumento de sus pagos a lobbies en los últimos años, asegura en su último informe anual que “se caracteriza por una absoluta neutralidad política, desarrollando sus actividades tanto para Administraciones Públicas como para clientes privados en los países donde opera. La compañía no realiza contribuciones económicas o en especie a partidos políticos o a candidatos electorales”.
“Sin embargo, Ferrovial forma parte de organizaciones de representación empresarial o de fundaciones para el intercambio comercial entre países vinculadas al desarrollo de su actividad o al área geográfica en la que opera. A través de su presencia y colaboración con estas organizaciones, la compañía aspira a contribuir al progreso y al desarrollo de todos aquellos campos de acción en los que está presente. Entre estas contribuciones destaca la realizada a la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) o el World Economic Forum”.
El grupo no detalla sus aportaciones a Seopan. La patronal que agrupa a las grandes constructoras, entre ellas las siete mayores de España (Acciona, ACS, FCC, OHLA, Sacyr, San José y la propia Ferrovial), emitió el viernes un comunicado defendiendo a la compañía de los Del Pino de los ataques del Gobierno por su anunciada mudanza. Mostró incluso “su voluntad de ejercer cuantas acciones pudieran corresponderle ante cualquier medida que, con vulneración de la legalidad vigente, pueda constituir un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad empresarial en España”.
Pero acto seguido, el presidente de la patronal, Julián Núñez, matizó en otra nota aclaratoria que “ni la intención de emitir un comunicado de prensa, ni su contenido, fueron puestos en conocimiento de las empresas asociadas previamente”. “En consecuencia, el comunicado emitido por Seopan debe considerarse única y exclusivamente, como mi opinión y valoración”, subrayó Núñez.
Hace más de una década Ferrovial daba cuenta en su memoria, por ejemplo, del encuentro que su vicepresidente y el entonces consejero delegado de su filial de Servicios (vendida posteriormente) celebraron en 2010 con 10 diputados y senadores españoles. A medida que el mercado español ha perdido peso, los datos disponibles apuntan a que buena parte de su esfuerzo en materia de lobby se ha concentrado en Estados Unidos, que se ha convertido en su mercado prioritario.
En el registro de lobbies del Senado de Estados Unidos figuran varios pagos recientes de su filial de autopistas, Cintra. Solo en 2021 realizó tres desembolsos por un importe total de 63.000 dólares. Lo hizo a través de Sullivan Strategies LLC, encabezada por Suzanne Sullivan, antigua jefa de gabinete del departamento de Transporte de Estados Unidos, entre otros cargos. Esta persona se encargó de mediar a favor de la filial de Ferrovial en la tramitación legislativa de varias iniciativas en ese país que afectan a Cintra.
Entre ellas, “cuestiones relacionadas con la Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA) y otras iniciativas de colaboración público privada”, o la legislación sobre financiación de infraestructuras aeroportuarias, según la documentación disponible en el Senado de EEUU. El grupo Ferrovial adquirió en junio pasado al fondo Carlyle por 1.140 millones de dólares su participación del 49% en el consorcio que se encargará de construir la terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York.
Ferrovial ha relacionado su mudanza a Holanda con una supuesta mayor facilidad para cotizar en Wall Street. Pero “una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo este miércoles la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso.
En el coloquio posterior a su intervención en el Foro América, organizado por Europa Press y Estudio de Comunicación, Reynoso señaló que “las empresas privadas tienen que decidir dónde mejor cotizan. Como buena neoyorquina, debo decir que tenemos el mejor sitio para cotizar del mundo, y es el lugar de élite de las empresas más importantes a nivel global para cotizar. Pero hay muchas empresas españolas que están en España y que cotizan en la Bolsa neoyorquina y que no tuvieron que mudarse para hacerlo. Una cosa no tiene que ver con la otra”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, dijo este miércoles en un acto organizado por El Español que el supervisor bursátil y Bolsas y Mercados Españoles (BME) están analizando las supuestas limitaciones que, según Ferrovial, dificultarían cotizar en EEUU desde España.
“Tanto en BME como en la CNMV estamos analizando si pudiese haber limitaciones al uso del listing [cotización de las acciones ordinarias] desde España hacia EEUU en dos ámbitos: la forma en que se representan los valores y los mecanismos de registro indirecto entre las infraestructuras de cada país”, dijo Buenaventura, informa Europa Press.
Ferrovial indica en su informe anual que “en 2022 se ha desplegado en todo el Grupo, con carácter obligatorio para todos los empleados, un curso denominado Compliance Boot Camp, cuyo objetivo es repasar algunas de las políticas y procedimientos que desarrollan los principios recogidos en el Código de Ética, en particular, la política anticorrupción, la de lobby y contribuciones políticas, la de regalos y gastos de representación, la de patrocinios, mecenazgos y donaciones, las políticas y procedimientos de diligencia debida de terceros y la política del canal ético y de gestión de consultas, denuncias y quejas”.
El grupo, como informó elDiario.es, acaba de hacer frente a un escándalo de corrupción en Polonia, con varios detenidos, entre ellos tres de sus directivos y un ex ministro de aquel país al que supuestamente sobornó para adjudicarse contratos de recogida de basura en Varsovia.
“Asimismo, se han impartido sesiones de formación en materia de competencia a los empleados con mayor exposición al riesgo de incumplimiento de las leyes de defensa de la competencia aplicables en las jurisdicciones donde Ferrovial desarrolla su actividad, con el objeto de proporcionar herramientas que ayuden a identificar y evitar prácticas que pudieran ser consideradas anticompetitivas. Cabe destacar la jornada ”U.S. Antitrust Law and Spanish/EU Competition Law“, destaca Ferrovial en su memoria.
Las aportaciones de la multinacional para tareas de lobby son independientes de las actividades que realiza la Fundación Rafael del Pino, de la familia fundadora. En los últimos años, esta entidad ha fichado a cargos de las autoridades de la Competencia mientras la constructora manipulaba miles de licitaciones en España, según determinó el año pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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