Ferrovial ha alcanzado la pasada semana un acuerdo con los sindicatos para despedir al 11% de la plantilla y para rebajar los sueldos del resto de trabajadores un 5,25%. Las medidas se han adoptado tras conseguir en 2013 el contrato del servicio a bordo de los trenes AVE de Renfe. La empresa de infraestructuras justifica este severo ajuste por el cambio del “modelo del tipo de catering en el tren”.
Iberia, Globalia y otras seis empresas fuerzan bajadas salariales del 20% al 34% y el aumento discontinuo de jornada del 2,5% entre sus empleados de servicios aeroportuarios. Estas medidas de precarización fueron presentadas en marzo último como “imprescindibles” con el objetivo de poder “articular ofertas competitivas” en la competición por conseguir alguna de las 22 licencias de handling en los concursos lanzados por Aena para los aeropuertos pequeños de su red.
El Ayuntamiento de Madrid ahorra desde noviembre de 2013 el 16% de su presupuesto en la contratación de servicios de limpieza de la ciudad. Este “logro en la eficacia de la gestión municipal”, en palabras de la alcaldesa Ana Botella, se ha conseguido tras licitar con compañías que, “para poder competir”, han destruido 600 empleos, han rebajado sueldos un 40% y aumentado el 14% la jornada laboral del resto de sus plantillas.
La liberalización de 12 torres de control de aeropuertos de Aena que se adjudicaron a las empresas Saerco y Ferronat han provocado una rebaja del 50% del salario bruto de los nuevos controladores contratados en comparación con los profesionales que prestaban servicio con anterioridad. De unos ingresos de 62.000 euros anuales se ha pasado a 30.000 euros por empleado.
Los ejemplos anteriores son solo una pequeña muestra. Las empresas que acuden a los concursos de subcontratación de servicios que convocan organismos y compañías del sector público han encontrado la fórmula mágica para presentar ofertas imbatibles a la baja, sin perder su margen de beneficio. Consiste en, antes o después de la licitación, forzar un conflicto con su plantilla a través del lanzamiento de ERE que, invariablemente se resuelvan con despidos, rebajas salariales y aumentos de jornada de trabajo.
Ahora prácticamente todas las administraciones, local, autonómica y estatal, y las empresas públicas se han abrochado el cinturón y exigen precios más ajustados a sus licitadores.
Competir con lo peor del sector privado
En tiempos que no están tan alejados, contratar con la Administración parecía sinónimo de garantía y seguridad, explican representantes sindicales de UGT, USCA y CSIF en algunas de las empresas citadas. Hoy las prácticas de los directivos que controlan las empresas privadas suministradoras de los servicios se han instalado también entre los gestores de lo público. Así, los pliegos de condiciones de los concursos de licitación incluyen cláusulas que “amparan y promueven prácticas que compiten con las peores de las compañías privadas”, subrayan fuentes sindicales.
Los empleados que tienen contrato directo con el Estado, según datos del Registro Central de las Administraciones, son 3,1 millones. Las plantillas de las empresas públicas rozan los 250.000, según la Encuesta de Población Activa, quien sitúa el colectivo de trabajadores de los sectores de servicios en España en una cifra de 13 millones.
Aunque no hay un censo de personal que depende de la subcontratación de servicios por la vía de los concursos o las licitaciones públicas, los sindicatos estiman que ronda el medio millón de personas y que su salario se ha visto recordado en los últimos años entre el 10% y el 15%.
En la época de vacas gordas, se debatió la posibilidad de que las Administraciones Públicas se dotaran de un marco de contratación pública responsable que pusiera coto a las malas prácticas de las empresas adjudicatarias. Sin embargo, la crisis ha relegado este debate y los oferentes públicos ya solo miran el precio más bajo de la oferta para otorgar una concesión. Así se dan casos como el teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia de género, el 016, o de la atención de la Agencia Tributaria que han sido concedidos a empresas con un largo historial de malas prácticas con sus empleados.