Este jueves se ha dado un paso más para que España cuente con un nuevo supervisor financiero. El proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero esquivó en el Congreso las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y ERC. Sin embargo, los últimos días han dejado claro el aspecto de la norma que más debate está generando: la tasa de 250 euros que deberán pagar los bancos por cada reclamación de un cliente que sea admitida por el organismo. Este aspecto, criticado por el Banco de España y las patronales, ha generado una nueva brecha entre el Gobierno y el sector.
No se trata de un elemento nuevo. En 2013 una directiva europea dejaba abierta la puerta a crear este organismo y, en 2017, se comenzó a plantear en España su puesta en marcha. El anteproyecto se presentó el pasado año y, desde el comienzo, se explicó que la financiación de la nueva autoridad estaría basada en el pago de una tasa por parte de las entidades financieras. No solo bancos, sino también aseguradoras o gestores de inversión cuya actividad estará igualmente cubierta.
La nueva autoridad se crea con el objetivo de aglutinar los servicios de reclamaciones que hoy están en manos del Banco de España (para los bancos), la CNMV (para los servicios de inversión) y la Dirección General de Seguros (para las aseguradoras) en un solo organismo. Al contrario de la norma que rige actualmente, sus decisiones serán vinculantes cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros y tendrá capacidad para sancionar a las entidades por infracciones continuadas. El Gobierno pretende con esta vía reducir la litigiosidad tan elevada que ha tenido el sector con aspectos como los abusos hipotecarios de las cláusulas suelo o los préstamos multidivisa.
En el sector se asume que este nuevo organismo va a salir adelante, pero no gusta el cómo. La tramitación en el Congreso de la norma ha reavivado las críticas sobre la nueva tasa. “La tasa que pagan las entidades genera un incentivo para reclamar y lleva a mucha litigiosidad, que se supone que es lo que intenta evitar la autoridad”, aseguraba esta semana Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancaria AEB. “No nos gusta la autoridad por cómo está configurada”, señalaba esta semana en una entrevista en 'El Español'.
“Es un incentivo a presentar reclamaciones y cobrar 250 euros que van a pagar los bancos”, coincidía en el mismo foro el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. “Necesitamos un mecanismo que reconcilie las decisiones administrativas y la jurisprudencia civil, porque, si no, vamos a tener eventualmente dos doctrinas diferentes en función de la cuantía de la reclamación y no de la naturaleza de la cuestión”, añadía el ejecutivo del mayor banco en España.
La argumentación que mantiene el sector consiste en lo siguiente. Si el banco va a tener que pagar 250 euros por cada reclamación que se admita a trámite por la Autoridad, tendrá que acabar pagando antes a los clientes cuando la cantidad no llegue a ese coste, incluso cuando tengan la razón. Unas críticas que se han repetido este jueves en el Congreso por la bancada de la derecha. “No entendemos el establecimiento de la tasa”, aseguró Miguel Ángel Paniagua, diputado del PP. “Es una tasa muy mal calculada, ustedes invitan y pagan otros”, apuntó por su parte Rubén Manso, diputado de Vox. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, fue un paso más allá y llegó a plantear la “inconstitucionalidad” de la tasa.
Críticas similares han llegado también por parte de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. “Se pretende, de esta manera, incentivar que las entidades resuelvan las reclamaciones de sus clientes de forma amistosa, antes de que estos acudan a la Autoridad”, reconocía sobre la tasa en su comparecencia en el Congreso la pasada semana. “No obstante, este sistema podría provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas”, añadió, asegurando que podría “generar un incremento de los conflictos”.
Menos crítico fue Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, otro de los supervisores afectados. Pese a que defendió el actual modelo de resolución de reclamaciones, el responsable del organismo de control de los mercados de valores habló de “incentivos” para que los bancos y los clientes lleguen a acuerdos antes de presentar reclamaciones ante el nuevo organismo. Además, celebró el carácter vinculante de las decisiones que tome la nueva autoridad. “Los clientes van a sacar una ganancia en ese sentido”, apuntó en el Congreso.
La vicepresidenta Nadia Calviño, responsable de la norma, abrió la puerta este jueves en el Congreso a “abordar en la tramitación” el asunto de este modelo de financiación. “Vamos a ver cómo se desarrolla este debate”, aseguró la ministra de Asuntos Económicos. Sin embargo, se defendió de las críticas planteadas en los últimos días contra este sistema de tasas. “Se basa en un pago por cada reclamación que sea admitida a trámite, pero no por cualquier demanda o denuncia que se pueda presentar”, aseguró Calviño en la defensa de la norma.
Bancos y Gobierno han mantenido este jueves una nueva reunión para valorar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas sellados durante el año pasado. Sin embargo, este tema ha sobrevolado la reunión tras las críticas de los últimos días y la tramitación de este jueves en el Congreso. “Generan incentivos que no son los correctos”, ha insistido Kindelán tras la reunión con el Ejecutivo. La presidenta de la patronal ha confiado en que el debate parlamentario lleve a una revisión de la tasa.
La medida pasará ahora al debate de enmiendas parciales presentadas por los partidos. Algunos de los socios han avanzado la presentación de decenas de ellas. Sin embargo, de ellos únicamente el PNV ha puesto el foco en la preocupación por el sistema de financiación del nuevo organismo. Otras cuestiones sobre si las grandes empresas pueden acudir a este método o cómo se va a proteger a los clientes vulnerables han centrado la mayor parte de las peticiones de los apoyos parlamentarios habituales.
La tasa para financiar la nueva autoridad ha caído como un capítulo más de una batalla que ha enfrentado al Gobierno y a la banca en los últimos meses. Desde el Ejecutivo, y no solo desde el área de Unidas Podemos, se han señalado abiertamente aspectos como los altos beneficios de los bancos, los elevados salarios de los ejecutivos o el coste de las hipotecas. Este discurso ha acabado en la implantación de un nuevo impuesto extraordinario del que las entidades ya han tenido que pagar la mitad. Acto seguido, lo han recurrido ante la justicia. La presidenta de la patronal habló esta semana de “señalamiento y estigmatización” por parte del Gobierno.
Pese a este tono denunciado por la patronal, el sector ha logrado en el último año esquivar un endurecimiento de las leyes mediante acuerdos voluntarios. Estos códigos de buenas prácticas son los que se han valorado este jueves en el Ministerio, en una reunión a la que han acudido las patronales y asociaciones de usuarios. El encuentro terminó sin novedades. Tampoco en el ámbito hipotecario, donde el Gobierno y las patronales han coincidido en retrasar hasta junio la revisión del impacto de las medidas para proteger a clientes vulnerables frente a la subida de los tipos de interés.
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