Alberto Paz pasó quince años como marinero en Noruega. Comenzó como aprendiz y recorrió todos los escalafones posibles. De allí dio el salto a Dinamarca, donde siguió ejerciendo su profesión. Hoy, con 62 años y asentado en Galicia, Alberto cobra una pensión danesa, pero no noruega. Es uno de los 12.000 marineros que trabajaron en Noruega y a los que el país nórdico niega la pensión: alega que al encontrarse en alta mar no vivían realmente en Noruega. Los afectados, agrupados en la asociación Long Hope, tienen una causa judicial abierta en Noruega y han acudido al Consejo de Europa y la OIT. Y denuncian que España podría poner más de su parte para solucionar el conflicto.
“Hemos financiado carreteras, educación, sanidad, pensiones en Noruega pero no hemos recibido nada a cambio”, dice indignado Alberto Paz, portavoz de la asociación. Su pensión danesa le permite vivir desahogado, pero no es el caso de muchos afectados. “Hay gente que vino a España y trabajó unos años en algún barco, en bajura o en agricultura, lo justo para generar una pensión mínima. Hay gente que solo cobra 600 euros o incluso una pensión no contributiva”, explica Alberto.
Estos marinos (alrededor de 10.000) emigraron a Noruega a partir de los años cincuenta. Sus contratos con las navieras implicaban cotizaciones de hasta el 45 o el 50% de su salario más el pago de impuestos, aseguran. Sin embargo, no fue hasta 1994 que los gobiernos español y noruego firmaron un convenio bilateral para reconocer a los trabajadores y regular el pago de cotizaciones sociales y pensiones. Hasta esa fecha, estos trabajadores pagaban sus cotizaciones, pero sus empresas no tenían la obligación de desembolsar su parte. Ese es otro de los argumentos que usa el país nórdico para justificar el impago de sus pensiones.
El caso de Manuel Ramamallo es de los más llamativos. Tras 25 años trabajando en Noruega, le deben todos los años que cotizó para el país nórdico. “Mi situación es triste porque la única pensión que estoy recibiendo es la mínima de los años que estuve trabajando antes en España”. Además, se queja de que “tengo una familia y cobro una pensión mínima, nos duele que hayamos trabajado tanto tiempo casi para nada”. Ante esta situación, a la que apunta como responsable tanto al Gobierno de España “que se preocupa muy poco y debería hacer mucho más” como al sistema noruego por “no comprender nuestra situación”, Ramamallo muestra su resignación: “Somos muy mayores, los años pasan y si no hacen algo ya cuando pasemos al otro lado el dinero no nos servirá de nada”.
Juana García Miniño es de las que ha vivido todas las caras de la situación por las cotizaciones a Noruega. Tras 32 años en el país nórdico, sus contribuciones al estado de bienestar noruego solo empezaron a contar desde 1994, cuando Noruega y España firmaron el convenio bilateral. En 2009 volvió a España a retirarse aunque como el resto de compañeros de Long Hope sigue peleando por todos los años que cotizó. Juana, que al menos recibe la pensión por los 17 años que tuvo su situación regularizada, cuenta que “tengo una hija y nietos viviendo en casa, pero por suerte son independientes aunque nunca se sabe”.
Los efectos de este conflicto van más allá: hay esposas e hijos de afectados que se han quedado sin pensiones de viudedad u orfandad. A otros la Seguridad Social les ha reclamado el pago de tratamientos médicos porque no figuraban como cotizantes.
Discriminación por razón de nacionalidad
La asociación ha llevado el conflicto a las instituciones. Por un lado, tienen abierta una demanda laboral en los tribunales noruegos que están dispuestos a llevar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por otro, su caso ha llegado a varias veces a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Los marineros defienden que se trata de un caso de discriminación por razón de nacionalidad, tal y como lo contempla la Carta Social Europea, y han conseguido el apoyo del mayor sindicato noruego.
Long Hope no está conforme ni con la actuación de Bruselas ni con la de España. “La Comisión Europea tiene herramientas suficientes para solucionar este problema”, asegura Alberto Paz. En cuanto a España, la asociación se ha reunido en varias ocasiones tanto con el Gobierno como con los grupos parlamentarios, la última este martes, con Ciudadanos, Podemos y el PSOE. “Pedimos que España interponga una demanda interestatal contra Noruega en el Consejo de Europa”, dice Paz. Este mecanismo, sin embargo, se ha usado solo en casos excepcionales y España ha rehusado utilizarlo en este conflicto.
Francisco Insúa es otro de los gallegos que partió a Noruega para trabajar en altamar. Durante 17 años ejerció su profesión hasta que puso punto y final a su labor con la jubilación con la intención de descansar. Sin embargo, no ha podido retirarse como es debido a la lucha que mantiene para recibir la pensión que durante esos 17 años pagó al sistema noruego. Insúa es de los pocos que se ha atrevido a realizar un cálculo de la cantidad que le adeudan y que ha cifrado en unos 30.000 euros. “Se me debe todo este dinero que coticé legalmente y todavía no se me ha devuelto”. Además, cuenta que tiene una familia a la que ayudar a mantenerse “sin un dinero que me pertenece”. Este marinero retirado lo tiene claro: se siente “fastidiado y sobre todo robado”.