La Fiscalía de Braunschweig, en Alemania, ha anunciado que en el marco de la causa contra el expresidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, incluirá también una investigación por un presunto delito de fraude relacionado con el escándalo de la manipulación de emisiones.
La fiscalía apunta en un comunicado que “el sospechoso podría haber sabido del software manipulador y su efecto antes de lo que oficialmente había reconocido”. La investigación ha dado este vuelco después de que la fiscalía haya recogido en las últimas semanas los testimonios de varios testigos y tras valorar la información contenida en la documentación confiscada a la empresa.
Esta nueva información contiene “suficientes pistas factuales” como para ampliar los delitos por los que se investiga a Wintekorn, argumenta la Fiscalía de Braunschweig. El exdirectivo era hasta ahora investigado por presunta manipulación de mercado, ante la sospecha de que ocultó información sobre el fraude de las emisiones para que esto no afectase negativamente a las acciones del grupo. La fiscalía comunicó asimismo que el número de personas investigadas por escándalo de las emisiones de VW se ha elevado de los 21 iniciales hasta los 37.
Hace una semana, Winterkorn negó haber sabido de la manipulación de las emisiones en una comisión de investigación en el Bundestag alemán. El expresidente del mayor fabricante europeo de vehículos dijo que no era “comprensible” que no hubiera sido exculpado de este asunto con anterioridad.
Winterkorn, de 69 años, tiene derecho al percibir una elevada pensión de jubilación, como ya se desprendía en el informe anual de 2015 de Volkswagen. El montante asciende a un 70 % de la remuneración básica, lo que da una cifra de 1,2 millones de euros anuales, es decir 3.100 euros diarios. Otros miembros de la junta directiva de Volkswagen tienen derecho a una jubilación similar.
Recientemente la Comisión Europea sancionó tanto a España como a otros seis países por negarse a imponer multas a los fabricantes de automóviles que no respetan las normas sobre emisiones. El organismo reprochó a España no haber aplicado las penas correspondientes al detectarse en septiembre de 2015 que Volkswagen utilizaba un software ilegal para superar los test de emisiones