La Fiscalía de la Audiencia Nacional se persona en defensa de Consumo en su histórica multa a las aerolíneas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha personado a favor del Ministerio de Consumo en la histórica multa que impuso a cinco aerolíneas de bajo coste por llevar a cabo prácticas consideradas abusivas, entre ellas, cobrar por el equipaje de mano o por reservar un asiento para acompañar a una persona dependiente.
En total, la sanción ascendió a 179 millones. De ellos, la suma más alta, más de 107 millones, se impuso a Ryanair, lo que derivó en una campaña de críticas por parte de la compañía irlandesa, que llamó “payaso” al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
El Ministerio Fiscal explica a través de un comunicado que se posiciona “en defensa de los consumidores y usuarios, en los procedimientos judiciales contencioso administrativos seguidos con motivo de las sanciones impuestas a cinco compañías aéreas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea), por prácticas abusivas”
Concreta que estas consistían en “exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina”. También, “el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también menciona el hecho de “no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles” y la “imposición de una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque”, así como “omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas”.
Fiscalía recuerda que las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fueron impugnadas por las compañías aéreas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Por eso, no pueden considerarse definitivas.
Fuentes de Consumo valoran “positivamente el paso dado por la Fiscalía” y reiteran su “determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia. Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho”. “Nuestra actuación también es en defensa de las empresas que cumplen la legislación”, concluyen las citadas fuentes.
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