La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo la imputación del BBVA “como persona jurídica” por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que encargó la entidad al excomisario en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017. Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pasa en comisión de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, donde se jubila en 2016.
En el escrito presentado ante el Juan Manuel García Castellón, el ministerio fiscal asegura que de la documentación analizada quedarían acreditados pagos “presuntamente ilícitos” a la mercantil CENYT, empresa desde la que operaba Villarejo. Fiscalía responsabiliza al BBVA de la contratación de esos “servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito”.
En su escrito se asegura que esos trabajos realizados por Villarejo para la entidad bancaria “habrían implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria.
La decisión de aceptar la imputación del BBVA corresponderá ahora al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El magistrado decidió ya a comienzos del mes de julio imputar, entre otros altos cargos del banco, al exconsejero delegado Ángel Cano y al exjefe de seguridad Julio Corrochano, quien habría hecho de enlace entre el excomisario y el anterior presidente del BBVA, Francisco González.
Fiscalía pide además que se desestime la pretensión del BBVA de personarse en la causa como perjudicado.
La relación de Villarejo con BBVA: de Sacyr a Ausbanc
El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem. Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA vía Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.
El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.
El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.
Las informaciones publicadas han motivado que víctimas del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, como el exministro socialista Miguel Sebastián, se hayan personado en la causa. Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco.
El comisario quiso incluso convencer a su cliente de que tenía pinchados los teléfonos, pero en realidad se trataba del tráfico de llamadas, esto es, quién llama a quién, durante cuánto tiempo y en qué momento. Se trata de los metadatos que las compañías telefónicas tienen obligación de guardar durante un año, pero nunca de su contenido. Como era habitual en el comisario, Villarejo intentó atacar a sus objetivos con cuestiones de su vida privada o íntima para luego filtrarlas a medios de comunicación con los que trabajaba.
En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupa después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.
El pasado 10 de julio, el comisario jubilado y en prisión provisional aseguró ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que nunca se reunió con Francisco González ni habló con él, dado que su contacto en la entidad financiera era Corrochano.
Corrochano llegó a jefe de la estructura dedicada a combatir los delitos económicos, la corrupción y otros tipos de crimen organizado en enero de 2002, pero solo permaneció en el cargo nueve meses. En septiembre de ese año se incorporó al BBVA como jefe de seguridad y en ese puesto permaneció 16 años, hasta el pasado 2018, momento en el que le llegó la edad de jubilación. Su trayectoria en el banco es, por tanto, paralela a la de Francisco González, que llegó a la presidencia en 2000. Corrochano ha declinado atender a eldiario.es.
Hay constancia de que el BBVA recurrió a Villarejo años después, entre 2012 y 2017, según la documentación publicada por eldiario.es. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016.
El único cargo del banco investigado que ha optado por romper esta estrategia de silencio con el argumento de que la pieza permanece bajo secreto ha sido Antonio J. Bejar González, presidente de Distrito Castellana Norte (sociedad en la que el banco tiene participación).
Bejar, que fue jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, trasladó al juez, al contestar únicamente a su abogado en una breve declaración, la explicación que ya dio en 2018 la entidad bancaria sobre la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt,y señaló que se ciñó a la localización de morosos.
En esta ronda declaraciones, el juez y los fiscales del caso se desplazaron a la prisión de Estremera (Madrid) para interrogar a Villarejo, que confirmó la existencia de ese contrato con el BBVA, pero negó que fuera para realizar “ningún tipo de espionaje”, sino que se trató de un acto defensivo ante una OPA hostil de Sacyr en 2004.
Aprovechando ese encargo del banco, según su versión, dirigentes de los servicios de inteligencia le pidieron actuar como agente encubierto ante esa OPA porque se creía que se trataba de “un ataque a la soberanía económica y política de España” por parte de “una potencia extranjera”.
El letrado no quiso revelar la persona concreta del BBVA que le contrató por encontrarse secreta esta causa, pero confirmó, “porque su nombre ya ha salido”, que Villarejo se reunió en varias ocasiones con Corrochano, y aseguró que en ningún momento se reunió ni mantuvo conversación telefónica alguna con el expresidente de la entidad Francisco González. Según la investigación, el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros.