El fiscal francés François Molins ha abierto una investigación judicial por presuntos delitos bancarios a raíz de la información facilitada por el exempleado del banco HSBC en Suiza Hervé Falciani. La fiscalía investigará los presuntos delitos relacionados movimientos financieros ilícitos, fraude fiscal y blanqueo de capitales que se desprende de la lista de 130.000 posibles evasores fiscales que Falciani extrajo de la entidad y entregó a las autoridades galas, según informa el periódico Le Monde.
La fiscalía da este paso cuatro años después de Falciani proporcionara esos datos al superfiscal de Niza Éric de Montgolfier, que había ordenado el registro de su domicilio en enero de 2009, como respuesta a una solicitud de la justicia suiza que reclamaba la devolución de “una serie de datos robados” por el extrabajador de HSBC. Una vez que tuvo en sus manos los ficheros de Falciani, De Montgolfier no los devolvió y los entregó a los países europeos en un gesto de cooperación contra el fraude.
Sin embargo, el proceso en Francia no siguió más allá tal y como relató el propio Montgolfier en la vista celebrada en la Audiencia Nacional la semana pasada en España para dirimir la posible extradición de Falciani a Suiza. El testimonio de Montgolfier dejó en evidencia el sistema político galo que había frenado radicalmente la investigación completa del caso, así como la cesión de la información a los otros países afectados por los datos que guardaba el informático.
La defensa de Falciani había solicitado la apertura de esta investigación judicial, que podría ayudar al informático ante la situación legal en la que se encuentra: a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional española sobre su extradición a Suiza, país que le acusa de haber robado la información de miles de clientes, valiéndose además de su posición privilegiada en el banco donde trabajaba. En un país donde uno de sus principales negocios es la confidencialidad y el secreto bancario, el acto de Falciani es un anatema con un coste demasiado elevado.
Falciani, cuya información contiene referencias a seiscientas personalidades españolas, ha puesto a disposición de la autoridades judiciales europeas para “colaborar integralmente” en su lucha contra el fraude.
De hecho, la Agencia Tributaria española ha utilizado la 'lista Falciani' para apuntar en sus inspecciones fiscales. Solo la Comunidad de Madrid ha recaudado desde 2010 -tras la publicación de la lista del francés- casi 107 millones de euros. Lo confirmó el propio consejero madrileño de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que se negó a revelar los nombres de los defraudadores que aparecen en el documento porque se trata de información “secreta y confidencial” que solo se puede utilizar “para realizar gestiones de naturaleza tributaria”.