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- El Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso contra las condenas a cuatro meses de prisión en el que pide la absolución de los manifestantes, que protestaron contra la política laboral del Hotel de la Reconquista de Oviedo
La Fiscalía ha recurrido la sentencia que condena a cuatro meses de prisión a diez de los once manifestantes del Hotel de la Reconquista de Oviedo. El Ministerio Público pide la revocación del fallo y la absolución de todos los manifestantes, que interrumpieron unos minutos una rueda de prensa en el lujoso hotel con una protesta contra su política laboral.
El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza con contundencia las conclusiones de la magistrada María Elena González Álvarez: el Ministerio Público defiende que la protesta no constituye un delito de desórdenes públicos y que las pruebas que justifican la condena por una agresión sin lesiones a uno de los imputados, Marco Antuña, son “claramente insuficientes”.
Los hechos se remontan al 11 de enero de 2018. Un grupo reducido de personas –entre las que se encuentran estudiantes, jubilados y sindicalistas– interrumpió la rueda de prensa de presentación de Fitur que se estaba celebrando en un salón del emblemático hotel ovetense.
Al grito de “Raquel somos todas”, los manifestantes entraron en la sala y desplegaron dos pancartas. Uno de ellos (Marco Antuña) tomó la palabra ante los asistentes para denunciar las prácticas laborales del Grupo Hotusa en el Hotel de la Reconquista en un discurso que duró solo unos minutos, como se puede apreciar en este vídeo de La Voz de Asturias de ese día.
Tres minutos de protesta sin violencia
Esa protesta llegó a los tribunales con la denuncia de la entonces directora del hotel, junto a otro trabajador delegado de UGT, que pidió condenas de seis meses de cárcel para los acusados por un delito de desórdenes públicos y denunciaron una agresión y amenazas contra la directora.
La Fiscalía en un inicio pidió multas de entre 2.200 y 2.500 euros por desórdenes públicos, un delito leve leve de amenazas y otro leve de maltrato de obra, pero finalmente retiró todos los cargos tras analizar las pruebas en el juicio.
La condena, conocida el pasado 24 de septiembre, adjudicó un delito de desórdenes públicos a diez de los autodenominados 'Once Solidarios del Reconquista', con penas de cuatro meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo en este periodo, lo que priva a los condenados del derecho a ser elegidos para cargos públicos en esos cuatro meses.
El Ministerio Público rechaza que la protesta laboral de los imputados incurra en este delito. El escrito argumenta que no se perturbó la “paz pública” al tratarse de “una brevísima interrupción de un acto” (tres minutos como máximo y unos seis en total desde que los manifestantes entran hasta que salen), “sin elementos violentos”, que solo consistió en “decir unas palabras, exhibir unas pancartas y realizar ciertos cánticos” y sin que tuviera que intervenir la Fuerza Pública. Al final, el acto se reanudó y celebró unos minutos más tarde.
El fiscal también subraya que no se alteró la actividad normal del hotel, como elemento a tener en cuenta en el delito de desórdenes públicos.
Sin pruebas suficientes en la agresión
Además, la jueza condenó a Marco Antuña, que ha ejercido de portavoz de los manifestantes en este conflicto, por un delito leve de maltrato de obra, por una supuesta agresión sin lesión, que denunció la directora del hotel. La pena fue una multa de ocho euros al día durante un mes.
El recurso de la Fiscalía es especialmente duro contra el fallo de la jueza en este punto. El fiscal considera que la prueba existente sobre el maltrato de obra es “claramente insuficiente”.
Por un lado, subraya que “la prueba descansa exclusivamente en el testimonio de la perjudicada”, sin explicar su posible incredibilidad “derivada de una situación conflictiva previa”. Considera también que el golpe descrito “carece de lógica”, ya que se supone que fue contra una ménsula que “lo lógico” es que hubiera dejado “algún rastro de lesión”.
Por otro lado, el Ministerio Público critica que “no solo se condena por un maltrato de obra sin prueba adicional a la declaración de la víctima”, sino que además otras pruebas analizadas en el juicio deberían haber provocado la absolución “a juicio del Fiscal”. Es el caso de la declaración de dos trabajadores (uno asegura que Antuña apartó a la directora, pero no la agredió, y otro no lo vio), el vídeo aportado por la defensa de los manifestantes y el testimonio de dos periodistas que cubrían el acto, que tampoco percibieron ninguna agresión.