Tras el duro aviso de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, sobre los peligros que acechan a la economía global con una deuda récord de 157 billones de euros y los aranceles comerciales, el organismo ha presentado el informe sobre España en el que lanza un órdago a la intención de partidos para subir las pensiones según el IPC por ley y avisa de que un incremento del Salario Mínimo Interprofesional, como han pactado los agentes sociales, pone “en peligro oportunidades de empleo”.
El organismo multilateral ha puesto en duda un buen número de políticas que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía diseñados para su agenda de reformas económicas.
La economía mantiene “un tono fuerte pero ha superado ya su pico cíclico” en un “entorno externo menos propicio como un debilitamiento de la demanda interna” , advierte el FMI, que prevé que el crecimiento del PIB real se modere hasta situarse en torno al 2,7 por ciento en 2018 y el 2,2 por ciento en 2019, todavía por encima de la media de la eurozona. Como retos estructurales que “lastran el crecimiento potencial del PIB” sitúa a la “deuda pública notablemente elevada, un alto desempleo estructural y un lento aumento de la productividad.
“Se están acumulando los riesgos a la baja para la economía. En el exterior, estos incluyen los cambios repentinos en el apetito de los inversores por el riesgo, la escalada del proteccionismo a nivel global y el debilitamiento de las condiciones de las economías emergentes. A nivel doméstico, los riesgos todavía incluyen las presiones para derogar las reformas y la continuación de una política fiscal procíclica”, esgrime el FMI.
Aunque el organismo que dirige Christine Lagarde es consciente de que “la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social de las reformas” de las pensiones de 2011 y 2013 aboga por defenderlas como “medidas apropiadas desde el punto de vista financiero” y hace un llamamiento a que “las recomendaciones del Pacto de Toledo consistentes en volver a vincular el aumento de las pensiones a un indicador del poder adquisitivo no deberían traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral”.
Según los cálculos del FMI: “vincular la revalorización de las pensiones a la inflación de forma permanente añadiría alrededor de un 3-4 por ciento del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050 según las previsiones demográficas y macroeconómicas actuales”. El organismo señala la necesidad de que este “gasto estructural” sea contrarrestado con medidas como “el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización” y elevar la edad de jubilación según “la esperanza de vida”.
El Fondo pone en duda también la apuesta del Gobierno por cambiar la reforma laboral que puso en marcha el anterior Ejecutivo del PP: “Resulta crucial preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales”.
El organismo defiende “la mayor flexibilidad salarial”, introducida con las reformas del mercado de trabajo“ y subraya que ”los futuros incrementos salariales deberían seguir al crecimiento de la productividad“. A pesar de que asegura que ”son bienvenidas las directrices sobre los aumentos de los salarios en general acordadas en julio por los interlocutores sociales“ pone en entredicho el acuerdo de subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales ”pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes“.
Aunque el FMI asegura que “es necesario reconstituir los colchones fiscales, que quedaron agotados durante la crisis”, con el objetivo principal de ese “colchón fiscal debería ser ”reducir el elevado nivel de deuda pública más rápidamente“, también apunta que ”resulta esencial proyectar con prudencia el impacto recaudatorio de las nuevas medidas y planificar actuaciones de contingencia que puedan compensar con celeridad cualquier deficiencia de ingresos“.
Estas llamadas de atención a las propuestas del Gobierno de Sánchez no significa que el Fondo no anime al Gobierno a embarcarse en un proceso de reformas que van desde impulsar el mercado único mediante la reducción de “la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas”, mejorar la coordinación de las políticas en materia “de investigación e innovación entre las distintas administraciones públicas” e incrementar la cooperación entre ciencia y empresa para expandir la capacidad innovadora del sector privado, así como revisar “por pares a nivel de las comunidades autónomas” para reducir las diferencias regionales en Educación y hacer mayor hincapié en las políticas de género para reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento a largo plazo.
“Bancos españoles rezagados”
Respeto a la banca española, el FMI incide en que “sería beneficioso que los bancos españoles acelerasen la constitución de colchones de capital de alta calidad a fin de proteger su negocio frente a shocks (incluidos los efectos de desbordamiento derivados de unas condiciones económicas más inciertas en algunos mercados emergentes), ya que siguen rezagados con respecto a sus homólogos europeos en términos de ratios de capital, aunque por lo general su apalancamiento es menor”. En el informe da un toque de atención ante el fuerte crecimiento del “crédito al consumo”.
Las peticiones para robustecer el sistema financiero español llegan hasta el Banco de España. El organismo multilateral avisa de que el regulador español todavía no se encuentra “plenamente equipado para contrarrestar una excesiva acumulación de riesgos”, de manera que “deberían ampliarse cuanto antes sus herramientas macroprudenciales para incluir instrumentos que recaigan sobre los prestatarios, tales como los límites a la ratio entre el nominal del préstamo y el valor de garantía, así como los límites a la ratio entre el servicio de la deuda y la renta del prestatario”.
“El sistema financiero se encuentra cada vez más interconectado, pero la supervisión sigue careciendo de un enfoque integrado que se centre en los potenciales canales de transmisión y de amplificación de riesgos entre sectores. Por tanto, la creación prevista de una autoridad macroprudencial nacional (compuesta por el Banco de España, el Tesoro y otros organismos de supervisión financiera) debería ser un proyecto prioritario”, añade el documento del Fondo sobre España.
Además pide celeridad para “fortalecer la supervisión del sector financiero” mediante “la creación de un organismo independiente de supervisión de seguros y fondos de pensiones, así como de una autoridad para la protección del consumidor financiero, y la mayor transparencia en el proceso de designación de altos cargos de las agencias de supervisión financiera”.
En cuanto al mercado inmobiliario, el FMI apunta que “hasta el momento no haya indicios claros de que se esté produciendo una sobrevaloración generalizada de los precios inmobiliarios, es necesaria la vigilancia, ya que continúa aumentando el número de nuevos préstamos para la vivienda”.