El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confirmado que España liderará el crecimiento de las economías avanzadas en los 2 próximos años. El organismo internacional prevé que el PIB (Producto Interior Bruto) de nuestro país avanzará un 1,5% en 2024 (2 décimas por debajo de su anterior estimación y medio punto menos que la que hizo el Gobierno en otoño) y que acelerará hasta el 2,1% en 2025, frente al 0,9% y al 1,7%, respectivamente, que lo hará en el conjunto de la eurozona.
La actualización de las proyecciones del FMI recogen el frenazo de la actividad a nivel global, tras completarse la recuperación del shock de la pandemia entre 2022 y 2023. Asimismo, estas previsiones ratifican la excepcionalidad de España en el nuevo contexto económico, marcado por el daño de la inflación, por las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales y por las incertidumbres geopolíticas. Nuestro país, también lideró el crecimiento el año pasado, con un incremento del 2,5%, según ha avanzado este mismo martes el INE, por encima de todas las expectativas.
De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha incidido en la sorpresa positiva del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre para justificar la proyección del 2% del Gobierno. Lo cierto es que el último dato trimestral no está incluido en las previsiones del FMI. El avance del 0,6% respecto al trimestre anterior es el mayor desde el rebote del segundo trimestre de 2022, como se puede observar en el siguiente gráfico.
Entre los principales socios del euro, la economía de Alemania crecerá un 0,5% en 2024 y un 1,6% en 2025, después de contraerse un 0,3% en 2023 y seguramente tras entrar en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída de la actividad) en la primera mitad del presente ejercicio. La economía de Francia avanzará un 1% y un 1,7%, según las mismas proyecciones para los dos próximos años. La de Italia, un 0,7% y un 1,1%, respectivamente.
Precisamente, la debilidad del sector exterior se presenta como el mayor obstáculo para la economía de España, puesto que las previsiones apuntan a que el consumo de las familias resistirá por la fortaleza del mercado laboral, por la bajada de inflación, por los recortes de los tipos de interés del BCE, por las medidas de protección de los ingresos (como los incrementos del SMI y de las pensiones), por la retirada progresiva del resto de medidas contra las subidas de precios (como la bajada del IVA de los alimentos básicos, de la factura de la luz o el mantenimiento de los descuentos en el transporte público) y por las mejoras salariales en general (aunque estén siendo insuficientes para recuperar el poder adquistivio perdido en los últimos años).
Los grandes problemas para los hogares en España seguirán siendo la inaccesibilidad de la vivienda, sobre todo en las grandes capitales, y la desigualdad.
Por su parte, el abaratamiento de los costes de las empresas (la energía y las materias primas, principalmente) y el despliegue del Plan de Recuperación animará la inversión de las empresas, el componente de la actividad más retrasado desde 2019. Mientras, la desaceleración de las exportaciones será compensada en parte por el turismo y por la caída del precio del petróleo, el gas y de otros recursos que nuestra economía necesita adquirir fuera.
La principal consecuencia de las guerras que sufren Ucrania y Gaza es su impacto en los precios energéticos y en el comercio mundial. Concretamente, un posible recrudecimiento de las tensiones en el mar Rojo. Incluso un eventual cierre del estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, un importante enclave para todo tipo de mercancías. “Las nuevas escaladas de los precios de las materias primas a causa de los shocks geopolíticos —como son los continuos ataques en el mar Rojo— y las perturbaciones de la oferta podrían prolongar las condiciones monetarias restrictivas”, advierte el FMI en el informe que acompaña a sus previsiones.
De momento, el impacto directo para nuestro país es escaso. “La crisis del mar Rojo está incrementando los costes globales de transporte. No obstante, nuestro indicador de cuellos de botella sugiere que su impacto económico sería, por ahora, reducido respecto a otros episodios anteriores”, recalcó este lunes el Banco de España.
Por otro lado, “una profundización de los problemas del sector inmobiliario en China o la desestabilización provocada en otros lugares por las subidas de impuestos y los recortes del gasto también podrían causar decepción en cuanto al crecimiento”, añade el FMI.
Sin duda, el regreso de las reglas fiscales a la Unión Europea (UE) son un condicionante para el avance de las economías. Especialmente, de las más sobreendeudadas y con más desequilibrios presupuestarios, como son Italia y España. El Gobierno de coalición confía en que nuestro cumplirá con el objetivo de reducir el déficit (la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos) al 3% y también la ratio de deuda respecto al PIB, en consonancia con las exigencias del recién estrenado corsé fiscal.
Las transformaciones de la economía
En la reconstrucción de la pandemia, la evolución de la economía de nuestro país ha despuntado por la inédita respuesta social (financiación de los ERTE, diseño del IMV, revalorización de las pensiones...), y por otras medidas que han favorecido cambios estructurales en el mercado de trabajo (donde se ha alcanzado un récord de 21 millones de personas contratadas), en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación y la tecnología y en el tirón de las exportaciones de servicios (y no solo turísticos).
El esfuerzo en el gasto público (gracias al levantamiento de las anteriores reglas fiscales de la UE en 2020) ha permitido al Gobierno tomar estas decisiones y favorecer que las rentas de las familias hayan resistido el daño de la inflación o que las ganancias de las empresas superen los niveles previos a la COVID.
En el sentido contrario, ha disparado el endeudamiento (la deuda pública respecto al PIB, ya hinchada como consecuencia de la crisis financiera de 2008), que solo se ha reducido desde el máximo de 2020; cuando superó el 120%, por el crecimiento económico, ante los elevados déficits presupuestarios de esta fase de reconstrucción (en 2022 todavía fue del 4,7% del PIB, en 2023 cerrará cerca del 4,2%).
Ahora, el déficit tiene que rebajarse. Con condiciones más flexibles que hace una década, eso sí. Esta senda ya la ha marcado el último decreto anticrisis, que el Consejo de Ministros aprobó a finales de 2023 y que ha recortado su coste a 5.300 millones, desde los los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.
“Una política fiscal más laxa de lo necesario y de lo asumido en las proyecciones podría comportar un aumento temporal del crecimiento, so pena de un ajuste posterior más costoso”, insiste el FMI en su informe.