El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no vive su mejor momento: el organismo encargado de abonar prestaciones e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas han quebrado o se han declarado insolventes atraviesa una crisis de gestión que dura años.
Con sus cuentas de 2013 rechazadas por la Intervención General del Estado y un informe del Tribunal de Cuentas que pone en duda incluso la legalidad y la idoneidad de alguna de sus decisiones, el organismo ha permanecido descabezado durante semanas. El anterior secretario general, Juan Carlos Arce (su máximo responsable), abandonó su puesto en noviembre, y hasta finales de diciembre la nueva encargada del organismo, Gloria Redondo Rincón, no tomó posesión de su cargo.
Hace un año, Arce fue imputado por un delito de prevaricación: el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia admitió a trámite una querella criminal que le acusaba como responsable último del Fogasa por una resolución errónea que emitió el organismo en 2013 en la que denegaba la indemnización a diez trabajadores de una pequeña empresa. El Ministerio de Empleo reconoció que se trataba de una resolución errónea y corrigió el error. Preguntado sobre este asunto, el departamento de Fátima Báñez dice desconocer los motivos de la marcha de Arce y no precisan la fecha exacta de la incorporación de su sustituta. Según el Ministerio, se trata de un “relevo normal”.
No obstante, Arce no ha quedado fuera del organigrama del Ministerio de Empleo. Según una resolución publicada en el BOE el 15 de diciembre, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social le nombró subdirector general. Se trataba de un puesto de libre designación que la secretaría convocó el 3 de noviembre.
La nueva secretaria general del organismo procede del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social. Su puesto es de libre designación, pero el concurso tiene que ser publicado en el BOE, algo que hasta el momento no se ha producido.
Plantilla insuficiente
Los sindicatos con representación en el Fogasa aseguran que hace al menos seis meses que no mantienen ninguna reunión con la dirección del organismo o la secretaria de Estado de Empleo. Sí hubo un encuentro con el Consejo Rector del Fogasa a final de año para comunicar la concesión por parte de Hacienda de un crédito de 940 millones de euros que permitiera sacar a flote una bolsa de expedientes acumulados que ya estaban resueltos pero que el organismo no pagaba por falta de fondos.
Ese es uno de los reproches que el Tribunal de Cuentas ha hecho al Fogasa en su informe sobre 2013: la falta de un presupuesto suficiente desde comienzos de año, aun a sabiendas de que el fijado en los Presupuestos Generales era claramente insuficiente para atender la demanda. Eso hacía que Hacienda tuviera que aprobar con posterioridad créditos extraordinarios que permitieran pagar los expedientes.
Otra de las críticas del Tribunal era la falta de personal. En noviembre, la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados debatió una iniciativa pactada entre BNG, PSOE y UPyD en la que se instaba al Gobierno a aumentar la plantilla del Fogasa para que atendiera adecuadamente los expedientes. El PP rechazó la iniciativa porque aseguró que la externalización de la bolsa de retrasos a Tragsatec ya estaba solucionando el problema, algo que contradice el informe del Tribunal de Cuentas.
El grupo popular defendió también que Empleo estaba tomando medidas adicionales, como la incorporación de nuevos trabajadores interinos. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que apenas se han producido la mitad de las cerca de cien incorporaciones que Empleo prometió.