El Ministerio de Fomento cifra en 58 los contratos de mantenimiento de carreteras que adjudicó durante la etapa de Ana Pastor, entre abril de 2014 y octubre de 2015, con una cláusula luego declarada ilegal que favorecía el ‘dedazo’ a las constructoras. Esos contratos fueron adjudicados a un total de 42 grupos empresariales por un importe total (sin contar el IVA) de 443,7 millones de euros, un 25,5% por debajo del presupuesto inicial de licitación, que fue de más de 594 millones.
La relación de contratos facilitados a eldiario.es por el departamento de Íñigo de la Serna incluye las 40 adjudicaciones cuya existencia avanzó este medio el pasado 19 de marzo (por un importe de unos 306 millones), más otros 18 contratos presupuestados en 187 millones y adjudicados por 136,8 millones entre junio de 2014 y agosto de 2015.
Los datos de Fomento confirman que OHL fue la compañía que más dinero ingresó con contratos adjudicados con esta cláusula. Su filial Elsan contabiliza cuatro expedientes por un total de 67 millones en Madrid, Granada, León y Huesca. Todos los contratos se los adjudicó OHL, sin recurrir a alianzas con terceros a través de una unión temporal de empresas (UTEs).
El listado facilitado por Fomento también sitúa a FCC, a través de su filial Mantenimiento de Infraestructuras, como otra de las empresas que más contratos y facturación logró con esa cláusula: un total de seis (cinco de ellos en solitario) con un presupuesto superior a los 57 millones; a continuación figuran dos filiales del grupo ACS, con cinco contratos (tres de ellos en UTE) con un presupuesto de más de 65 millones.
De las 42 empresas adjudicatarias, aproximadamente un tercio están vinculadas a la presunta financiación irregular del PP y a escándalos de corrupción de este partido. A las ya conocidas (OHL, ACS, Sacyr Acciona, FCC, Pavasal, Ortiz Construcciones y Proyectos, Copasa, CHM, José Antonio Romero Polo, Sorigué, Assignia, Elecnor) se suman, según el listado facilitado por Fomento, los nombres de Becsa (de Gabriel Batalla, financiador del PP valenciano a través de Lubasa); Azvi (papeles de Bárcenas) y Collosa (la constructora de los pagos a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte).
La cláusula, una compleja fórmula matemática para puntuar las ofertas económicas, estuvo vigente hasta que en enero de 2016 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, determinó que debía anularse “por no ser conforme a Derecho”, porque concedía excesivo peso en la valoración de las propuestas a criterios arbitrarios, en detrimento de aquellos más objetivos, básicamente el precio.
En virtud de esa cláusula, incluida bajo el epígrafe “Enumeración y puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas”, el valor de la puntuación económica de la ofertas de los licitadores se diluía en favor de la técnica (sin fórmulas automáticas de evaluación) y, en definitiva, se dejaba “al arbitrio del órgano de contratación la adjudicación de la licitación”, según la sentencia.
La anulación solo afectó a cuatro licitaciones en curso y a las que Fomento tenía previsto llevar a cabo antes de dictarse esa resolución, pero no a las 58 que Fomento ya había adjudicado con anterioridad. Los pliegos de contratación llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. El director general de Carreteras, entonces y ahora, era (y es) Jorge Urrecho Corrales, antiguo colaborador en Fomento del exministro Francisco Álvarez-Cascos que fue ingeniero jefe en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, epicentro de la red Gürtel.