Lo ajustado de los plazos para dar luz verde a la liberalización ferroviaria prometida por el Ministerio de Fomento para esta legislatura tiene en vilo a las empresas que quieren participar en este proceso. Por lo pronto, la pelota está en el Consejo de Estado, para disgusto de los probables operadores. La orden ministerial que en teoría debe permitir a una firma privada competir con Renfe mediante el denominado título habilitante no ha recibido aún un dictamen. “La orden se tramitó por vía urgente, y creemos que si el Consejo de Estado no dictamina de aquí a dos semanas la liberalización no se pondrá en marcha con este Gobierno”, deploran las compañías.
El Ministerio que dirige Ana Pastor ya aprobó el proyecto de ley del sector ferroviario (que contemplaba un descenso de los cánones), que actualmente se tramita en el Congreso y que, según CCOO, refleja “las intenciones del Gobierno de ir mermando el sector público en beneficio de empresas privadas, cuyo objetivo de rentabilidad exclusivamente económica pone en duda la eficacia del servicio ferroviario, su calidad y la seguridad”.
La posibilidad de que la liberalización se quede por el camino parece, pues, bastante real. La eventual entrada de actores privados en el panorama ferroviario nacional contará, previsiblemente, con la fuerte oposición de la mayoría de grupos políticos rivales del PP y a nivel europeo, no parece que la experiencia liberalizadora gane adeptos.
Del lado empresarial refutan este aislamiento. “Los operadores privados se van abriendo paso en Finlandia, Suecia, Alemania con HKX.com en el trayecto Colonia-Hamburgo, en Italia NTV, en Austria ya opera Westbahn, una especie de Ryanair ferroviario... España no estará sola”, argumentan desde una compañía.
Sin embargo, de cuajar el proyecto de Ana Pastor -queda apenas medio año para las elecciones generales y los tiempos no cuadran-, la española sería la apuesta liberalizadora más importante dentro de la UE, con excepción de Inglaterra que privatizó su red en los años 90 y ahora tiene graves problemas de gestión y mantenimiento de líneas. Nadie abre su caparazón totalmente porque el tren es un sector subvencionado y escasamente rentable.
Entretanto, y mientras se despejan las incertidumbres sobre el proceso, una idea hasta ahora impensable se abre paso en Fomento, bajo la atenta mirada de Economía y Hacienda: la liberalización de toda la red ferroviaria española de alta velocidad y larga distancia convencional. Se trata de una controvertida propuesta que va mucho más allá de abrir a la competencia el corredor del Levante como se había anunciado en un principio, ya que afectaría a los 3.000 kilómetros de alta velocidad que hay en España y a otros miles de kilómetros más de vía convencional.
La oferta la han hecho los aspirantes a competir con Renfe y está sobre la mesa del Gobierno, según confirman varias fuentes consultadas del Ejecutivo y del sector privado. Ante la duda de que el gestor ferroviario pueda mantener el actual precio de los cánones que abona Renfe Operadora para las compañías aspirantes, un coste que las empresas rechazan de plano, éstas han pedido liberalizar toda la línea ferroviaria y no solo el Madrid-Valencia-Alicante.
“Se trata de una propuesta que trata de compensar un canon no competitivo para nosotros”, indica una fuente empresarial. “Si Adif necesita cobrar esos cánones, creemos que la mejor manera de apostar por la liberalización es abriendo toda la red a la competencia”. Esta idea casa con la información que dan altos cargos de Fomento consultados por este diario, según la cual dicha propuesta está en estudio bajo la atenta mirada de Economía y Hacienda, que no está dispuesta a dejar descuadrar las cuentas de empresas públicas como Renfe o Adif.
Un informe del Tribunal de Cuentas publicado en abril respalda la versión de que una rebaja de los cánones agravaría todavía más la multimillonaria deuda del administrador de infraestructuras ferroviarias, arruinando la inversión estatal en alta velocidad (España es el segundo país del mundo en número de kilómetros solo por detrás de China). Las empresas aspirantes (entre las que están filiales del Grupo Villar Mir, Planeta, Acciona, ACS o Globalia, entre otras) exigen una notable rebaja y alertan de que si no se reducen los cánones de Adif el concurso podrá quedar desierto.