El Ministerio de Fomento ha advertido a los usuarios de servicios de coches compartidos que no cuentan con la correspondiente autorización de transporte para operar que incurren en una “infracción muy grave” que puede conllevar multas de entre 401 y 600 euros.
La sanción para las empresas o personas que promuevan, oferten o presten estos servicios sin tener dicha licencia administrativa puede oscilar entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 euros en caso de reiteración.
En un comunicado, el Departamento que dirige Ana Pastor indica que estas multas están fijadas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Este texto establece que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración.
Así, Fomento indica que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de esta legislación “ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares”.
Según recuerda el Ministerio, dicha autorización de transporte tiene como fin “asegurar que el servicio que reciben los usuarios reúne las adecuadas condiciones de seguridad y calidad”.
“Circunstancias que no son posibles de presumir cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigidos para obtenerla”, según subraya Fomento.
Así, Fomento asegura que, en coordinación con las comunidades autónomas, en cuanto tiene conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente, “realiza todas las actuaciones de inspección y control precisas y establece, en su caso, las sanciones que corresponden cuando existan conductas contrarias a la mencionada legislación”.
Además, Fomento asegura que ha trasladado a las inspecciones de otros Departamentos (como Empleo o Agencia Tributaria) los posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias “para asegurar el pleno cumplimiento de toda la legislación vigente”.