El fondo público de compensación a víctimas del amianto es una realidad. Este miércoles, el Senado ha aprobado por unanimidad la ley para crear este mecanismo que reconozca indemnizaciones desde el Estado a personas afectadas por esta sustancia cancerígena. La mayoría política (salvo un voto negativo por error) ha reconocido que este miércoles se hacía frente a una “injusticia histórica” con este colectivo, muchos trabajadores que se enfrentaron a la exposición a este material, así como sus familias y otras víctimas ambientales, que llevan reclamando este fondo desde hace más de una década.
Con los sindicatos mayoritarios y miembros de las asociaciones de víctimas presentes en la Cámara Alta, así como representantes del Parlamento Vasco (que fue quien elevó la iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados), el Senado ha constatado el consenso alcanzado por todos los grupos políticos para dar luz verde a la medida, que sigue los pasos de fondos similares creados en Francia, Holanda y Bélgica.
El fondo cumplirá con “la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a sus causahabientes”, reconoce la ley.
La norma se retrasó en los últimos años por los cambios de gobierno, que interrumpían la labor de las Cortes, pero también por retrasos en la actividad parlamentaria y por diferencias políticas en el Congreso. El grupo socialista presentó el pasado marzo unas enmiendas que rompían el consenso alcanzado. Proponían excluir a los trabajadores de las compensaciones económicas, medida que varias fuentes adjudicaron al Ministerio de la Seguridad Social y que finalmente decayó en la tramitación parlamentaria, tras las quejas de víctimas y sindicatos.
“Se trata de una noticia largamente esperada por las personas afectadas, por las asociaciones de víctimas y por los sindicatos, que llevamos reclamando su creación desde hace aproximadamente quince años”, han celebrado en un comunicado conjunto CCOO, UGT y la asociación de víctimas FEDAVICA.
Miles de víctimas quedaban sin reparación
El fondo de compensación se justifica por la exposición a esta sustancia tóxica a la que se enfrentaron durante años muchos trabajadores, así como sus familias y otras víctimas ambientales, por parte de empresas que siguieron utilizando este material pese al conocimiento que había desde hacía décadas sobre sus peligros.
“Si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009, podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”, recoge el proyecto de ley. “En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943”, cifra el texto legal.
Tanto el número elevado de víctimas, como la manifestación de las enfermedades de manera tardía, “décadas después”, justifican la creación de este fondo público ya que en muchos casos las víctimas no acceden a indemnizaciones ni a ninguna reparación por parte de las compañías, que en un gran número de casos ya no existen o son insolventes.
Los senadores de varios grupos políticos han reconocido el retraso en aprobar la medida, pero han celebrado este miércoles como un “día histórico” en el que la mayoría de las Cortes ponían fin a esta “deuda histórica”.
Pendiente el reglamento
Ahora, queda pendiente el desarrollo reglamentario del fondo para determinar las compensaciones a las víctimas, que deberá estar listo en un plazo máximo de tres meses. Varios grupos parlamentarios, como PNV y EH Bildu, han reiterado que estarán “atentos” a este desarrollo que marcará el funcionamiento y el acceso a las indemnizaciones, así como su cuantía.
Los sindicatos mayoritarios y FEDAVICA han subrayado en su comunicado que “quedan por cerrarse algunos flecos” en el reglamento. “Algunos de vital importancia como el establecimiento de unas cuantías dignas de las indemnizaciones, porque de no fijarse unas cantidades adecuadas, las personas afectadas se verán obligadas a seguir recurriendo a los tribunales, cuestión que se pretendía evitar con la creación del Fondo”, apuntan.
Además, critican “una grave carencia” del fondo, “la falta del establecimiento de la exención tributaria para las indemnizaciones”. “Las indemnizaciones obtenidas en los tribunales están exentas de tributar, al igual que sucede con las establecidas en algunas leyes, por ejemplo las previstas para las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por el VIH, pero con el texto aprobado hoy las víctimas del amianto que recurran al Fondo se verán obligadas a tributar en los tramos más altos del IRPF, que en 2022 se sitúan entre el 45% y el 47%”, recuerda el comunicado.
Por ello, los sindicatos y las asociaciones de víctimas han pedido de nuevo a los grupos políticos que, si bien no se ha incluido en esta norma, se incluya la medida con una enmienda a través de los Presupuestos Generales del Estado en su tramitación parlamentaria.