De los fondos europeos al mercado eléctrico: la UE ha ido dando la razón a España mientras el PP ponía zancadillas

“No lo veré mientras viva”, dijo Angela Merkel, entonces canciller alemana, cuando en la anterior crisis financiera se proponía emitir deuda conjunta a nivel europeo para evitar la gran depresión, los llamados eurobonos en aquella época. Y al final, hubo gran depresión, y troika, y sacrificios en forma de recorte de servicios públicos, pensiones, prestaciones de desempleo y una larga travesía en el desierto.

Cuando en marzo de 2020 estalla la crisis del coronavirus, vuelve esa tentación, la del sálvese quien pueda y el juicio moral sobre por qué unos sí tienen margen fiscal para gastar y otros llegan a la pandemia con desequilibrios en deuda o déficit. Y es cuando el PP se alinea con el espíritu de los hombres de negro, de los halcones ordoliberales, y reclama que los fondos europeos para salir de la crisis social, económica y sanitaria del coronavirus tengan condicionalidades macroeconómicas. Es decir, volver al concepto del fondo de rescates –MEDE–, como cuando prestó dinero a Grecia y España durante la crisis financiera a cambio de recortes.

Pero el Gobierno español, como el resto de países del sur y en la línea de la mayoría del Parlamento Europeo, pide que la UE construya un gran fondo europeo financiado con deuda conjunta europea. Al final, los eurobonos se reconvirtieron en deuda emitida por la Comisión Europea. El monto fue de 750.000 millones, la mitad de lo que pedía España en un documento difundido en abril de 2020 en el que se hablaba de bonos europeos.

No obstante, sí se consiguieron varias cosas inéditas y que venía defendiendo España: la mayor emisión de deuda conjunta de la historia –con la garantía del presupuesto europeo–; y que los hitos y reformas son propuestos por los países, no por Bruselas, y que esas reformas han de ir alineadas con la transición verde, la transición digital y las recomendaciones del Semestre Europeo –mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea–, como la temporalidad laboral o la sostenibilidad de las pensiones. Y algo más: que ese fondo de 750.000 sea más de la mitad en transferencias y subvenciones, cuando la derecha y los autodenominados países frugales apostaban por un fondo compuesto fundamentalmente por préstamos.

“Este dinero no es para derogar la reforma laboral”

En declaraciones a la Cadena SER, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, llegó a afirmar en junio de 2020, en medio de las negociaciones para los fondos europeos: “Este dinero no es para derogar la reforma laboral; estas reformas no pueden servirse jamás de ese dinero de Europa. Ese dinero no puede servir jamás para derogar una reforma laboral como quiere el Gobierno de España”.

Pues bien, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, pactada con sindicatos y empresarios, ha sido fundamental para que España reciba 12.000 millones de euros este verano: el primer país de la UE que ha recibido el segundo tramo de los fondos de recuperación

Unos días antes, en El Confidencial, el compañero de filas de Montserrat y vicepresidente de los populares europeos, Esteban González Pons, publicaba un artículo titulado Los millones de la UE no son para que Podemos cumpla su programa. Pons afirmaba: “Lo escribiré con sujeto verbo y predicado: el dinero que vendrá de la Unión Europea no es para que Podemos cumpla su programa, es para que lo cumplan las empresas privadas españolas. No se trata de que el endeudamiento europeo sirva para aplicar en España políticas bolivarianas sino para que España converja económicamente con Alemania, Francia o los Países Bajos”.

Sin embargo, la reforma laboral aprobada –con el voto en contra del PP– y recompensada por Bruselas ha sido pilotada por la actual líder del espacio que representa Unidas Podemos, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. Es más, el modelo de ERTE aplicado por España en la pandemia fue replicado a escala europea con el programa SURE, 100.000 millones de deuda comunitaria destinado a financiar los esquemas de empleo temporal entre los 27.

El presidente de los populares europeos en la Eurocámara, Manfred Weber, decía, por su parte, lo siguiente a El País y otros medios europeos en aquellos días para apoyar a sus colegas españoles: “No queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro. Y el PPE no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos”.

Al final, España fue de los primeros países en ver aprobado su plan de recuperación; el primer país en recibir el primer tramo –10.000 millones, a finales de 2021– y el primer país en recibir el segundo tramo –12.000 millones este verano–.

Es decir, con el tiempo, la UE terminó decidiendo algo que perseguía España y que combatía el PP: un fondo con deuda conjunta compuesto más en subvenciones que en préstamos que depende de hitos como la reforma laboral del Gobierno y no de recortes o condicionalidades macroeconómicas.

“Los objetivos se cumplen”

Una de las batallas recurrentes del PP en Bruselas ha sido su ofensiva para sembrar sospechas sobre la gestión de los fondos de recuperación. España tiene adjudicados 140.000 hasta 2026, algo menos de la mitad en transferencias y otro tanto en créditos. Ya ha recibido 9.000 millones en prefinanciación, otros 10.000, a finales de 2021, correspondientes al primer tramo de la ejecución del plan, es decir, correspondiente a la culminación de hitos, metas, inversiones y reformas acordados para la primera mitad de 2021; y otros 12.000 a mitad de 2022 por las reformas en la segunda mitad de 2021, como la reforma laboral.

Sin embargo, la campaña del PP ha incluido momentos como aquel en el que la eurodiputada del PP Isabel Benjumea preguntaba en la comisión conjunta de Empleo y Asuntos Económicos al comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, sobre los mecanismos para fiscalizar la ejecución en España del fondo de recuperación y resiliencia.

Y ambos le recordaban la que dice el reglamento que ella misma votó en la Eurocámara: que el fondo europeo de recuperación y resiliencia se fundamenta en que el dinero llega después de que se cumplen los objetivos, no antes. Es decir, después de que se ejecuten los compromisos, no antes, en función de las transiciones verde y digital y las recomendaciones del semestre europeo.

“Quería preguntar qué medidas va a poner en marcha la Comisión Europea para garantizar que se dé una ejecución real del mecanismo de resiliencia para la recuperación económica”, decía Benjumea, “y en concreto quiero referirme al caso español, donde la Comisión Europea ha entregado 9.000 millones y luego otros 12.000 [sic] millones [en realidad fueron 9.000 + 10.000 millones] y no sabemos los datos reales de ejecución”.

“El éxito de los planes de recuperación depende de la ejecución real de los fondos, necesitamos que el dinero que la Comisión Europea está enviando a los Estados llegue a los ciudadanos”, ha insistido Benjumea.

El comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, le respondía: “En relación con España, la decisión fue tomada de forma rápida porque muchos de los objetivos estaban relacionados con decisiones e iniciativas ya cumplidas y adoptadas por las autoridades, algo que es legal y que han hecho otros países”.

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha sido el encargado de recordar a Benjumea el funcionamiento del mecanismo: “Es un instrumento que se fundamenta en cumplir objetivos, el dinero se da cuando se cumplen metas. Cuando se han cumplido inversiones y reformas, y la Comisión Europea verifica si ese es el caso, entonces se desembolsa el dinero”.

Dombrovskis, además, ha recordado que hay gráficos de seguimiento y de cumplimiento del plan y los objetivos de los 27 Estados miembros “público y disponible”.

La Comisión Europea también ha recordado que la UE y los Estados cuentan con mecanismos de control de los fondos tras la ofensiva de Isabel Díaz Ayuso y el PP. En este sentido, si la Comisión Europea encuentra “irregularidades graves y el Estado miembro no toma las medidas oportunas y apropiadas para corregirlas y recuperar los fondos correspondientes, la Comisión también puede tomar medidas”.

Septiembre de 2021: España pide por escrito a la UE reformar el mercado eléctrico

Hace exactamente un año, las vicepresidentas del ala socialista del Ejecutivo de coalición, Nadia Calviño y Teresa Ribera, enviaron un non-paper (un documento de posición) a Bruselas. El documento presentaba una solución al precio de la luz por sus riesgos para la recuperación incipiente mientras Europa salía de la crisis de la pandemia. Las vicepresidentas insistían a Bruselas en la necesidad de reformar el funcionamiento mercado mayorista de electricidad y proponían la creación de una plataforma centralizada de compra gas como forma de reducir la dependencia de la UE a través de la generación de reservas. 

A consecuencia de ello, el Gobierno español quiere lanzar el debate a escala europea en la próxima cumbre, el 21 y 22 de octubre en Bruselas, según ha anunciado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas: “Queremos que se incluya en el orden del día del próximo Consejo Europeo un debate europeo sobre el mercado de la energía a raíz de la subida de los precios de la electricidad”.

“Hemos pedido a la Comisión Europea que sea audaz en la respuesta”, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 6 de octubre de 2021 a su llegada a la cumbre UE-Balcanes en Eslovenia: “Estamos ante una crisis sin precedentes, que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la UE para poder contener este alza de los precios de la electricidad. En este sentido, el Gobierno de España ha planteado la compra conjunta de gas, somos más fuertes unidos, como hicimos con la compra conjunta de vacunas. Y tenemos que revisar el sistema de fijación de precios, que está penalizando las fuentes de energía renovables”.

Lo que España se encontró fue una posición minoritaria, acompañada parcialmente por países del sur, pero con la oposición total de Alemania y Países Bajos, y el escepticismo de la Comisión Europea, que se limitaba a hacer una caja de herramientas sin una sola medida nueva.

¿Y qué pedía el PP? Básicamente, bajar impuestos.

Mientras, el 24 de febrero de 2022 el presidente ruso, Vladímir Putin, decide invadir Ucrania, lo que termina de agudizar la crisis energética y el uso de la energía como herramienta de defensa y sanción por parte de la UE –independizarse de la energía rusa a la par que aprobar embargos al carbón y el petróleo– y como arma –con los cortes del gas enviado a la UE realizados por Moscú–.

¿Y qué ocurre? Que la inflación no deja de escalar, hasta el 9,1% de agosto pasado, que el BCE decide subir los tipos, hasta el 1,25 hace una semana; que la recesión se asoma y que llega el invierno con dudas de si la industria alemana tendrá energía para funcionar y si la ciudadanía podrá pagar el recibo de la luz o la calefacción.

Lo que en septiembre de 2021 parecía un debate teórico alentado por la subida de la factura de la luz, un año después se ha convertido en un asunto vital para el futuro la Unión Europea. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, decía en el último Eurogrupo: “Lo crucial es cooperar con la política fiscal, con la política monetaria, para mantener la curva de la inflación a la baja. Pero todos sabemos que la verdadera herramienta para frenar la inflación es tener un paquete energético eficaz”. Gentiloni, así, concedía más importancia al a respuesta frente a la crisis energética que a la política monetaria del BCE que enfría la economía por la vía de la subida de tipos: “Tenemos la oportunidad, si trabajamos juntos la política monetaria, la política fiscal y si tenemos el paquete energético correcto ahora, de evitar la recesión. Es un desafío, pero es posible”.

Septiembre de 2022: la UE interviene el mercado

Los ministros de Energía de la UE acordaron el 9 de septiembre intervenir el mercado, y la propuesta presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado miércoles ante el Parlamento Europeo pasa por limitar el precio de las inframarginales –lignito, renovables y nuclear– en 180 euros por Mw/h; un impuesto del 33% a los súperbeneficios de las industrias fósiles y reducir el consumo de luz como aprobó en verano la reducción de consumo de gas.

Mientras, el PP ha estado votando en el Congreso contra la regulación del aire acondicionado y la calefacción en edificios públicos, por ejemplo, medidas pedidas por Bruselas; y se ha opuesto a considerar un nuevo impuesto para las energéticas mientras la UE está aprobando limitar los beneficios de las energéticas.

“No está bien recibir beneficios de la guerra y que paguen el pato los consumidores”, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al anunciar los límites a los beneficios de las energéticas impulsado por la UE y que recaudará 142.000 millones. Un día antes, el PP tildaba de “irracional y tramposa” la imposición que tramita el Gobierno. El responsable parlamentario para estos asuntos, Mario Garcés, designado por Feijóo, dijo para justificar el rechazo que la medida era fruto de la “irracionalidad fiscal”. “El único beneficio caído del cielo son los 22.000 millones de euros que le han tocado a ustedes”, añadió, en referencia al incremento de la recaudación fiscal provocado por la inflación.

Por el camino, el Gobierno español consiguió antes del verano el visto bueno a la excepción ibérica –tras ser aprobada por los 27 en la cumbre de marzo–, que permite a España y Portugal poner un tope al precio del gas por su escasa interconexión con el mercado único europeo, lo cual ha generado un ahorro de 2.300 millones de euros para los consumidores, a pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que lo suprimiría si llega al Gobierno.

Y, además, España ha logrado que el recorte del 15% en el consumo de gas de la UE presente excepciones en países sin alternativas, islas o poco conectados, de nuevo como la Península Ibérica, que tienen que reducir el 7% en el consumo de gas, la mitad que el resto de la UE.

Para el futuro próximo, además, Bruselas tiene previsto presentar una reforma del mercado para desacoplar el precio de la energía más cara de la factura de la luz. Algo impensable en la UE hace un año, salvo para algunos, como los miembros del Gobierno español, que lo venían pidiendo por escrito mientras en España la oposición prefería poner palos en las ruedas.

Fondos europeos, deuda conjunta, intervención del mercado e impuestos a las empresas energéticas: así ha ido la UE dando la razón a España mientras el PP ponía zancadillas.