Fátima y su marido contemplan con horror, como tanta gente, las imágenes de desolación que ha dejado la DANA a su paso por la Comunitat Valenciana y zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Catalunya. “Él miraba la televisión y me decía que no las podía ver, porque revive lo que nos pasó a nosotros”, recuerda. El domingo 19 de septiembre de 2021 tuvieron que dejar su casa ante la erupción volcánica en Cumbre Vieja. “Perdimos todo, pero a diferencia de Valencia, las vidas no se perdieron”, se consuela.
Las familias que han sufrido en sus propios hogares las consecuencias de una catástrofe como la que ocurrida estos días no pueden evitar recordar experiencias que comparten algunos de los afectados por el temporal. “Yo viví lo mismo y eso no se olvida nunca en la vida”, cuenta Carlos. A poco más de 150 kilómetros de la zona cero de la catástrofe, otra Dana arrasó la Vega Baja del Segura y se cobró seis vidas en 2019. “Estaba en mi habitación cuando vi el agua por la ventana. Son cosas que ni te planteas que puedan pasar”, reconoce este vecino de Orihuela.
Tras llorar a los fallecidos, 215 según la última actualización, y encontrar a los desaparecidos, las decenas de miles de familias afectadas por las inundaciones deberán enfrentarse a la ardua tarea de tratar recuperar la normalidad. Y esta pasa, en muchos casos, por recuperar sus viviendas. “No es lo que la gente quiere oír, pero el primer consejo es tener paciencia”, señala la abogada Dulce García, que se encargó de asesorar a los afectados por el volcán de La Palma.
El primer pago para afrontar estos gastos suele hacerlo el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía encargada de hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales para aquellas personas que tuvieran contratada una póliza. Según los últimos datos difundidos por el departamento que dirige Carlos Cuerpo, este martes el Consorcio ha recibido más de 70.000 solicitudes, 44.000 de ellas sobre automóviles, de las que se están tramitando ya en torno al 40%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el organismo comenzaría a abonar las primeras indemnizaciones a aquellas familias que hayan perdido su vehículo este mismo miércoles y que incrementaría la tasación en un 20%. “Contar con un coche es esencial para recuperar la normalidad”, ha dicho.
Según la estimación del Consorcio, el coste de las indemnizaciones ascenderá a los 3.500 millones de euros. Es el mayor destrozo, en términos económicos, al que se ha enfrentado España a consecuencia de una catástrofe natural, por encima de las inundaciones en Euskadi, Cantabria y Navarra de agosto de 1983, su supusieron 948 millones de euros, ajustados a la inflación. Para dar una idea de la magnitud del problema, hasta 2022, las inundaciones habían costado al Consorcio 7.000 millones.
“La reacción inmediata es tirarlo todo, pero, cuando tienes que hacer la reclamación, ¿qué tenías tú en tu casa?”, indica Carlos, que es abogado y recomienda, en la medida de lo posible, tratar de mantener los objetos dañados y realizar fotos y videos de todo para aportar al expediente. “Nosotros lo hicimos lo mejor que pudimos, pero conozco vecinos con casas similares a la mía a los que no les dieron ni el 10%”, lamenta. Tanto él como García recomiendan realizar un peritaje privado de los daños, una tarea en la que pueden ayudar los municipios. “En La Palma, el Ayuntamiento de El Paso contrató aparejadores para que hicieran las valoraciones. Son ayudas en las que no piensas en el primer momento, pero a la larga facilitan la vida a la gente”, explica la abogada.
Este mismo martes, el Colegio de Aparejadores de Madrid ha solicitado al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) que lidere y coordine toda la ayuda técnica que los distintos colegios se han ofrecido a prestar a los afectados por las inundaciones.
El Gobierno ha anunciado también un paquete adicional de medidas por un importe de 10.600 millones de euros, con ayudas de entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas y una subvención de hasta 10.300 para la recuperación de muebles, electrodomésticos y otros enseres. Y para esto es también importante tener toda la información posible que aportar al expediente o un peritaje propio. Por el momento, el Consorcio ha movilizado a 495 peritos que tasarán los daños. Estas cuantías son complementarias a las del propio Consorcio y la suma no puede superar al daño causado. Los 60.480 euros se entregarán por la destrucción total de la vivienda habitual; si hay daños que afecten a la estructura, serán 41.280 euros; y si hay desperfectos que no afecten a la estructura, la ayuda será de 20.640 euros.
En Canarias, Fátima recibió los 60.000 euros al haber perdido su casa y otros 30.000 de la comunidad autónoma, pero las fuentes consultadas coinciden en señalar que el caso de Valencia será diferente. “No es lo mismo que la lava sepulte tu casa a peritar los daños que puede ocasionar el agua”, pone como ejemplo García, que recuerda que, en cualquier caso, por muy rápidos que sea, los tiempos son siempre más lentos de lo que los afectados desearían. “Las ayudas no llegan al día siguiente, tardaron meses. Las primeras del Estado llegaron el 31 de diciembre”, tres meses después de la erupción, explica la afectada, que señala que algunos afectados aún no las han recibido. El Gobierno ha anunciado que agilizará los trámites de notarías y registros de la propiedad, para facilitar las gestiones.
“En Orihuela hubo varias tandas en cuanto a los peritajes. A algunas personas les habían peritado y pagado antes incluso de que peritaran a otras. En nuestro caso, la DANA fue en septiembre y nos llegó en febrero o marzo del año siguiente”, explica Carlos. En aquel momento, la Comunitat Valenciana también complementó las ayudas del Estado y la indemnización del Consorcio. Para facilitar los trámites, el Botànic dio por hecho que si se había inundado una vivienda, sus ocupantes habrían perdido enseres básicos, como electrodomésticos y muebles, y habilitó en el registro de la oficina PROP del municipio un servicio para asesorar a los vecinos y cursar las solicitudes.
En el capítulo de lecciones aprendidas, los vecinos de Lorca recuerdan cómo, cuatro años después de los dos seísmos que se cobraron la vida de 9 personas y dejaron 325 heridos en 2011, llegó una pesadilla burocrática. “El problema vino cuando se compatibilizaron las indemnizaciones del Consorcio con las ayudas públicas que se aprobaron mediante real decreto y por los decretos que aprobaron las administraciones para quienes no tenían seguro o este era insuficiente”, explica Gloria Martín, la coordinadora de la Plataforma de Afectados por las Ayudas de los Terremotos de Lorca.
El problema estaba en que esas ayudas eran finalistas, para reparaciones muy concretas reflejadas en los peritajes. “La gente empleó el dinero en lo que buenamente pudo y cuatro años después tuvieron que justificar los gastos y presentar las facturas o devolver las ayudas con intereses de demora y recargos, cuando ya no tenían ese dinero, que habían utilizado para arreglar sus casas”, explica Martín, que fue concejala de IU en el Ayuntamiento. Por eso, reclama a las administraciones que “simplifiquen el lenguaje técnico, que la información sea correcta y que haya oficinas de ayuda con personal muy preparado”.
Finalmente, gracias a las movilizaciones y la presión de los afectados, el parlamento autonómico aprobó una norma que simplificó el procedimiento de justificación con una inspección técnica. “5.300 familias se vieron afectadas por ese procedimiento de reintegro masivo. Una familia se puede equivocar, 50 familias se pueden equivocar. 5.300, no”, señala Martín.
La abogada Dulce García da otra serie de consejos a los afectados con una hipoteca vinculada a un seguro en los que, en muchas ocasiones, aparece como beneficiaria la propia entidad bancaria: “Es una cláusula abusiva que no se puede aplicar. La persona asegurada es la persona asegurada y la beneficiaria del seguro es esa persona. Si el banco quería un seguro para cubrirse a sí mismo, que se hubiera hecho un seguro de garantía de pago del crédito. En estos casos, la recomendación es presentar en el banco un escrito en el que no autorizas el pago fraccionado ni ninguna retención en el momento en el que activas el seguro”.
Además, reclama a las administraciones colaboración para facilitar las cosas a los ciudadanos afectados. “Cuando hay interés, pueden compartir información y sincronizarse. Se puede, porque en La Palma se hizo”, reconoce. Y recomienda a los vecinos que no tuvieran un seguro contratado, que es lo que va a cubrir el Consorcio, que lo hagan ahora. Estas pólizas no cubren los siete primeros días, pero sí los siguientes, por lo que podrían compensar hipotéticos daños causados por las labores de desescombro o nuevas lluvias.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.