“¿Hay algún mosquetero francés dispuesto a salvar a Atos?”, se preguntaba hace unos días la televisión pública France Info. De momento es el Estado el que más se está implicando en el rescate del grupo. El domingo, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que había enviado una carta de intención a Atos con vistas a negociar la adquisición de todas sus actividades “soberanas”, con el objetivo de evitar que intereses estratégicos de Francia puedan “caer en manos de actores extranjeros”, según declaró el propio ministro en una entrevista en televisión.
El anuncio de Le Maire se produjo un día antes de que se hiciera público un nuevo deterioro en la situación financiera de Atos. El nuevo plan de negocio presentado el lunes 29 de abril revisaba al alza necesidades de financiación tras un mal comienzo de año: Atos asegura que necesita una inyección de liquidez de 1.100 millones de euros para financiar sus actividades en 2024-2025 (frente a una estimación anterior de 600 millones de euros). De manera global, debe dar una respuesta a su deuda de 5.000 millones de euros antes de agosto.
Durante mucho tiempo el Ejecutivo francés había optado por mantenerse al margen pese a las dificultades que ha venido acumulando en los últimos años el que fuera buque insignia de la French Tech. Y todo ello pese a los repetidos llamamientos de varios partidos de la oposición, que en los últimos meses han solicitado en varias ocasiones la nacionalización directa de actividades juzgadas como estratégicas para intereses nacionales.
Ahora la intención de compra que se ha presentado va un paso más allá de la acción preferencial (golden share) que el ministerio ya había anunciado el pasado 9 de abril, que aseguraba al Estado un derecho de decisión sobre Bull SA, la filial de Atos que gestiona, entre otros, los supercomputadores que se utilizan en las simulaciones de armas nucleares (Francia dejó de hacer ensayos nucleares en el Pacífico en 1996).
No obstante, como señala Libération, este mecanismo de golden share estatal ya había mostrado límites en el pasado, en concreto en el caso de Arabelle, la turbina para los reactores nucleares EPR. Vendida en 2015 a la estadounidense General Electric con el resto de la rama energética de Alstom, Francia negocia desde hace años para recuperar su control después de una serie de diferencias con el grupo americano. “Ojalá el entonces ministro de Economía, un tal Emmanuel Macron, hubiese tenido más vista cuando dio luz verde a esta adquisición”, apunta Libé.
En el caso de Atos el Gobierno quiere asegurarse un mayor control. “Es una responsabilidad del Estado defender los intereses estratégicos de Atos y evitar que tecnologías sensibles y decisivas en materia de superordenadores o defensa pasen a depender de intereses extranjeros”, insistió Le Maire en su intervención del domingo.
En la práctica, la intención es adquirir tres actividades concretas a través del control accionarial en filiales específicas de Atos: de entrada los citados ordenadores de alto rendimiento (supercomputadores), utilizados en la simulación nuclear; también los llamados sistemas de misión crítica (mission critical systems), que proporcionan mapas e información en tiempo real a las fuerzas armadas y que gestionan las comunicaciones de los cazas Rafale; por último, varias actividades de ciberseguridad que se utilizan para encriptado o control de acceso a bases de datos.
De acuerdo con Atos estas tres actividades representan entre 700 y 1.000 millones de euros de su cifra de negocios, es decir, algo menos del 10% de los ingresos totales y emplean a unas 4.000 personas, la gran mayoría en Francia. De acuerdo con las informaciones filtradas por el ministerio estos días, el Estado baraja una oferta de 700 millones.
Aunque la carta de intención no tiene valor contractual, su mero anuncio provocó una fuerte subida en bolsa de las acciones de Atos el lunes. Ahora el Gobierno debe iniciar conversaciones con la dirección de la empresa en las próximas semanas y está previsto que se presente una oferta de adquisición a principios de junio de 2024.
En todo caso el ministerio no quiere embarcarse en el proyecto en solitario y el ministro ha anunciado que espera convencer a otros grupos industriales franceses para que se sumen a él. Le Maire ha insistido en que la intención no es nacionalizar las actividades, sino desvincularlas de Atos y gestionarlas en una nueva sociedad, una colaboración público-privada. “No corresponde al Estado dirigir en solitario estas actividades y lo lógico sería que fueran gestionadas por industriales en el marco de una asociación accionarial”, subrayó.
Aunque evitó citar nombres, uno de los principales candidatos es Thales, que ya trabaja con Atos en varios proyectos militares y civiles y que es propiedad del Estado francés en un 26%. La estructura del capital de esa colaboración final podría asemejarse a las de Naval Group (fabricante de submarinos nucleares, que pertenece en un 62,25% al Estado y en un 35% a Thales). Otra posibilidad, según varios medios, podría ser la entrada en las negociaciones del grupo Dassault.
En cualquier caso, una vez aseguradas estas actividades, parece que el Gobierno no tiene intención de implicarse en el capital del resto del grupo. El Comité interministerial de reestructuración industrial supervisa el procedimiento de conciliación financiera iniciado el 26 de marzo, con el que Atos debe convencer a sus acreedores de la viabilidad de su plan para reembolsar 5.000 millones de euros de deuda.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.