El gobierno de Emmanuel Macron va a dar un nuevo paso a favor de la limitación del precio de los alquileres en Francia. Y eso a pesar de que el presidente conservador asegura que no cree en esta medida. Pero reconoce que vale la pena permitir que se haga el experimento. Las ciudades que quieran acogerse (treinta ayuntamientos, entre ellos París y Lille ya han anunciado que lo harán) limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones.
Además, se sancionará a los propietarios que incumplan la ley con 5.000 euros si son personas físicas y 15.000 euros si son empresas o sociedades. El experimento se va a realizar entre el próximo verano y 2023 y a partir de ahí se decidirá si continúa en vigor. El decreto que autoriza la reintroducción de la medida (hubo un primer intento fallido por cuestiones formales) ya ha sido firmado por el Gobierno y solo falta que se publique en el diario oficial, según informa Le Monde.
En España, Unidos Podemos intentó en sus negociaciones presupuestarias que el Gobierno diera capacidad a los ayuntamientos para limitar las subidas de precios del alquiler en zonas tensionadas, pero finalmente el PSOE dejó fuera del decreto sobre vivienda esta opción. La formación morada decidió apoyar finalmente el texto por el adelanto electoral, y por temor a dejar sin reformar las leyes de arrendamiento del PP vigentes, con contratos de alquiler más cortos y sin limitaciones ni a fianzas ni al alquiler turístico.
Ley Alur, ley Elan: segundo intento
Francia es un país que, como otros, ha sufrido un movimiento de capitales que ha generado subidas de precios que han llegado a situar a París como la ciudad más cara de toda Europa para vivir de alquiler. Un informe del Deutsche Bank Market Research citado por Business Insider cifra en unos 2.100 euros mensuales el precio de un piso de dos dormitorios. La ciudad acumuló subidas de precios de un 50% entre 2005 y 2015. Fue en aquel año cuando el gobierno socialista de François Hollande decidió tomar cartas en el asunto y aprobar la ley Alur para favorecer una bajada de los precios.
La medida estrella de esa ley era la regulación de precios, que entró en vigor en París en agosto de 2015 y en Lille en febrero de 2017. Esta regulación establecía anualmente un precio de referencia para el metro cuadrado. El propietario no podía superarlo por encima de un 20% ni bajarlo por debajo de un 30%, tal y como ocurrirá ahora.
Desde que la ley Alur se comenzó a aplicar en la capital y hasta su anulación en 2017 (ahora es indicativa, pero no obligatoria), los precios se moderaron hasta no subir ni siquiera lo que la inflación. Por ejemplo, entre 2016 y 2017 los alquileres en París subieron un 0,4%, por debajo del 0,6% de la inflación. En Lille no dio tiempo a que hiciera efecto. Pero según otros análisis, la norma no hizo sino retirar oferta del mercado y fue contraproducente.
La ley Alur recibió muchas críticas por parte de economistas y profesionales inmobiliarios, que le reprochaban que desanimaba a la inversión y a la construcción. Finalmente, en 2017 fue anulada por la Corte Administrativa de París con el argumento de que tenía que haberse aplicado en todas las áreas administrativas de París, no solo en la central.
Ahora, el Ejecutivo de Macron ha aprobado una nueva norma inmobiliaria, la ley Elan, que permitirá recuperar los índices de precios obligatorios, y que es la que desarrolla ahora este decreto en el aspecto de los alquileres. Como novedad respecto a Alur, se introducen las sanciones a propietarios incumplidores.
¿Funciona la limitación de alquileres?
El secretario de Estado de Territorio francés, Julien Denormandie, uno de los firmantes del decreto, considera que debe irse hasta el final con este experimento, para finalmente averiguar si “sí o no, funciona la limitación de alquileres”. Será su Ministerio el encargado de determinar qué ciudades que lo soliciten pueden aplicar la medida. “El precio de los alquileres es demasiado caro, sobre todo en las ciudades muy pobladas, en especial París. Serán limitados en las ciudades que lo deseen. He firmado un decreto en ese sentido”, dijo Denormandie en Twitter.
Según la alcaldía de París, que había reclamado oficialmente poder volver a limitar los precios y había presionado al gobierno para ello, “cada día que pasa” sin volver a controlar los alquileres “es demasiado”, dadas las subidas producidas desde el fin de la ley Alur. Por el contrario, Jean-Marc Torrollion, del portal inmobiliario FNAIM, cree que “al controlar los alquileres, el gobierno crea un clima de desconfianza entre los propietarios al acusarlos de ser la fuente de los males de la vivienda en Francia” y producirá una “huida” de los caseros a los que se les “confiscan” sus ingresos, lo que será pernicioso a la larga para los inquilinos. Dentro de cinco años Francia contará con datos fidedignos para conocer la verdadera eficacia de estos controles que Unidos Podemos quiere que se empiecen a aplicar también en España.