El frenazo inevitable, estanflación o recesión profunda: tres escenarios según dure la guerra y la respuesta fiscal

El golpe de la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia, a la economía de España es ya inevitable. Todos los agentes, el Gobierno, los sindicatos, la patronal y los expertos, avisan de que hay que asumir una dramática ecuación: más inflación, menos crecimiento y más paro. Si el resultado final es solo un frenazo a la recuperación después de la recesión provocada por la pandemia de coronavirus en 2020, o si se convierte en la temida situación de estanflación (subida de los precios sin crecimiento económico) o, mucho peor, si acaba en una crisis profunda dependerá de la duración del conflicto, de la respuesta fiscal de las administraciones, tanto nacionales como europeas, y de un ejercicio de negociación colectiva que reparta el daño entre empresas y trabajadores, protegiendo sobre todo a los más vulnerables, en lo que se conoce como el pacto de rentas.

Tres economistas con perspectivas y sensibilidades diferentes reflexionan sobre estos tres escenarios con elDiario.es. Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la UCM y subdirector de Fedea, Cristina Nogaledo, economista para España de BFF Banking Group, y Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac, coinciden en que el golpe vuelve a coger a la economía de España en una situación de vulnerabilidad, en plena reconstrucción tras la recesión provocada por la pandemia de coronavirus y con un endeudamiento muy elevado -la deuda pública se acerca al 120% del PIB-.

El impacto seguro

Este mismo jueves, el panel de previsiones de Funcas rebajó 8 décimas, hasta el 4,8%, su estimación de crecimiento de la economía española para este año como consecuencia de la “elevada incertidumbre respecto a la evolución del conflicto en Ucrania, las nuevas sanciones que pueden adoptarse y la trayectoria que sigan los precios”. En este complicado contexto, solo cuatro de los 19 panelistas aún no han modificado sus previsiones para incorporar el impacto de la guerra. Si solo se tienen en cuenta las respuestas de los que sí han incorporado dicho impacto, la previsión media se situaría en el 4,6%, un punto porcentual menos que en el consenso de enero. Según la misma fuente, la inflación en 2022 se iría al 5,4%, casi dos puntos por encima de la proyección de principios de ejercicio.

Estas cifras están lejos de definir la estanflación, pero hablan ya de un golpe inevitable. “Es una guerra, no se puede evitar el efecto sobre la economía porque si lo evitas es que las sanciones no están haciendo daño”, apunta Ignacio Conde-Ruiz, quien considera que “el mérito de la Unión Europea (UE) es que las medidas adoptadas pueden ahogar financieramente a Rusia”.

El impacto directo de la invasión de Ucrania en la economía de España por el propio daño a las relaciones comerciales y, principalmente, por el repunte de materias primas clave para energía, industria y agricultura, de las que Rusia es un productor importante, agrava una aceleración de la inflación que se venía enconando en los últimos meses por la tensión previa a la guerra, los cuellos de botella en las cadenas de suministro internacionales y la explosión de demanda por el fin de las restricciones de la pandemia.

“En el informe de 2021 de BFF Banking Group habíamos ya dado cuenta de un repunte de inflación que sería, en cualquier escenario, uno de los retos de la economía española en 2022. Con la escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia se generó mucha incertidumbre en los mercados energéticos y también con respecto a los suministros de otras materias primas provenientes de ambos países”, explica Cristina Nogaledo, quien añade que estábamos “saliendo de una crisis de dos años para afrontar otra, cuyos efectos indirectos sobre las economías del bloque occidental son ya visibles y se extenderán no solo por el tiempo que dure la guerra, sino sobre todo en función de lo que se extiendan las sanciones”.

Albert Recio profundiza más en los orígenes del golpe que está recibiendo España, y reflexiona: “La crisis no la genera el conflicto. Teníamos un contexto que en parte ya se hizo evidente en la pandemia, con una estructura económica complicada, basada en oligopolios y en la superespecialización productiva [por ejemplo el turismo], y muchos economistas ya venían avisando de una crisis energética... La guerra es el incendio final”.

La estanflación

“Pese al impacto significativo que prevemos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, todavía estaríamos con un margen razonable de actividad económica prevista por encima de lo que podríamos considerar como un escenario de estanflación, definido como un crecimiento en términos reales inferior al 1,5% y una inflación consistentemente por encima del 5%, ya que hay que tener en cuenta también el efecto positivo del final de las restricciones y la recuperación de la actividad en áreas claves del sector servicios en el mundo post-Covid”, continúa Cristina Nogaledo.

Ignacio Conde-Ruiz comparte esta postura, aunque advierte de que ahora todos los escenarios cuentan con probabilidades de cumplirse, “y eso es lo que asusta”. “Para la economía española Rusia es un estado pequeño en términos de comercio internacional, con la excepción del turismo que llega del país, al que alguna zona concreta se ha enfocado en los últimos años, en Cataluña o en Alicante, lo que desde ya supone crisis locales”, lamenta Albert Recio.

Otro tema es el impacto a medio y largo plazo de la guerra en la energía y en la agricultura, y cómo puedan ir escalando las consecuencias en los costes de las empresas y, sobre todo, en los bolsillos de las familias, que en España son los más mermados por la pandemia en comparación con el resto de grandes economías (ver gráfico).

“Hasta la guerra el análisis que había era que la inflación era temporal, que bajaría, pero con la invasión de Ucrania no va a caer, y va a acelerar más.¿Cómo se puede paliar? El problema es que otra vez nos pilla en un mal momento, en récord de deuda pública y déficit importante, y la respuesta tiene que ser fiscal, de aumento del gasto para sostener la demanda, pero sin empeorar mucho más el endeudamiento”, continúa el subdirector de Fedea.

Una de las primeras medidas que pretende abordar el Gobierno es limitar los precios de la electricidad y de los combustibles. Todavía se desconocen los detalles, más allá de anuncios de bajadas de impuestos y de que se hará en el marco consensuado por la UE en el Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo. Para Ignacio Conde-Ruiz, “bajar precios de la energía a todo el mundo es un error, ya que lo que se debe conseguir es un consumo más responsable y que aumente el uso del transporte público [incluso la Agencia Internacional de la Energía recomienda bajar la velocidad y aumentar el teletrabajo para reducir la demanda de petróleo], y a quien habría que proteger es a las familias más vulnerables”. El catedrático de Economía y director del think tank Economics for Energy, Xavier Labandeira, se expresaba del mismo modo en una entrevista para elDiario.es.

“La intención de limitar el precio de la electricidad estaría bien, pero lo fundamental es cambiar el modelo de fijación marginalista [según el que se paga el MWh más caro que se genera, ahora el de un gas disparado]. Si estudias la estructura del mercado eléctrico ves unos oligopolios que son cruciales, con la que otra solución es subir impuestos a estos oligopolios”, incide Albert Recio, que pone un ejemplo: “En el movimiento vecinal de Barcelona se plantea una tarifa en escalada, que el suministro básico sea barato, que después vaya a tramos y que cuanto más gastes más suba el precio, ya que muchos estudios apuntan a que el consumo energético tiene una relación directa con el nivel de renta”.

Respecto a los combustibles, surge la misma problemática: “Si reduces impuestos a la gasolina, que ya están en la parte más baja de Europa, es una distribución de la renta favorable a las clase medias y altas que utilizan mucho más el coche”, destaca el profesor de UAB.

La paciencia del BCE

Teniendo entonces en cuenta que el shock actual exige políticas de demanda, y que el margen para aumentar el gasto es limitado en economías sobreendeudadas como la de España, Cristina Nogaledo confía en que “las reglas fiscales europeas seguirán suspendidas [lo están desde 2020], ya que la respuesta a un shock de oferta como el actual es más efectiva desde la perspectiva de la política fiscal que desde la política monetaria”. Además, “es razonable esperar que en las próximas semanas se concreten los planes para un nuevo incremento en las emisiones de deuda por parte de la UE para acometer las inversiones necesarias en defensa e independencia energética derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania”, opina la economista de BFF Banking Group.

“Al igual que pasó con la pandemia del COVID, esperamos otra vez una respuesta adecuada en tiempo, forma y magnitud por parte de la UE a los desafíos del nuevo escenario”, prosigue Cristina Nogaledo. En el mismo sentido, Ignacio Conde-Ruiz considera que “el Banco Central Europeo (BCE) tiene que tener paciencia [en la retirada de estímulos monetarios y subida de los tipos de interés, que endurecería las condiciones de financiación], y de momento parece que va a dar margen”.

“No es mala idea que se mutualice el coste, igual que con el fondo Next Generation EU”, propone, aunque, en su opinión, encajaría mejor un avance en la unión fiscal que se tradujera en una prestación por desempleo conjunta, que no implica riesgo moral, respecto a la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea a la que podrían oponerse Alemania y el resto de países que presentan una mayor disciplina fiscal dentro de la UE que España o Italia.

“Lo que puede acabar generando una recesión es el tipo de políticas que se adopten como respuesta a la inflación y el peligro que hay es que el mainstream económico solo sabe aplicar políticas monetarias restrictivas”, alerta, por su parte, el economista de Attac. “El recorte monetario hundiría miles de empresas, pero los análisis que dominan la macro convencional y buena parte del pensamiento micro no contemplan otros espacios, piensan que la intervención del estado tiene que ser pequeña, y así la inflación cae, pero caen muchas más cosas”, recalca.

En el plano fiscal y en el corto plazo se está dando una circunstancia que favorece los planes de aumentar el gasto público, según advierte la Autoridad independiente de responsabilidad Fiscal (Airef). La inflación en los productos y servicios en los que menos varía la demanda subirá la recaudación del IVA en hasta 3.500 millones, dejando margen fiscal para responder al golpe económico de la guerra sin empeorar la ratio deuda/PIB.

“En un primer momento y a corto plazo, las finanzas públicas se están viendo favorecidas [por los picos en los precios derivados primero de la pandemia y ahora de la invasión de Ucrania], ya que vemos una recaudación de ingresos que nos ha sorprendido a todos, empezando por la Airef, y eso llevaría a un menor déficit”, explicó esta semana Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una conferencia organizada por el Consejo general de economistas.

El aumento de recaudación da cierto margen fiscal “para una rebaja de impuestos y para ayudas directas que facilitaría el pacto de rentas”, afirmó Cristina Herrero. Aunque, eso sí, “manteniendo la recomendación del Eurogrupo [órgano que reúne a los ministros de Economía de la eurozona] de estabilizar la ratio de deuda pública [en estos momentos cerca del 120% respecto al PIB] para en cuanto que se pueda iniciar su reducción”, destacó.

Sobre el sobreendeudamiento de España, la Airef mantiene la postura de que las reglas fiscales europeas deben cambiar por haberse quedado obsoletas y ser inútiles en las circunstancias actuales, que exigen aumento del gasto y nuevas inversiones en un contexto extraordinario, pero señala que el marco nacional debe imponer autodisciplina lo antes posible sobre la senda que debe seguir la ratio de deuda.

El pacto de rentas

La otra gran iniciativa del Gobierno es el pacto de rentas, que plantea una negociación colectiva entre trabajadores, empresas y con la intervención del Estado para repartir los daños del incremento de los precios y de los costes. Los sindicatos sospechan que la moderación de las subidas salariales es la palanca más fácil a la que recurrir en el denominado pacto de rentas, con una dolorosa pérdida de poder adquisitivo de las familias. Aunque los trabajadores han encontrado un aliado insospechado recientemente: el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ante un auditorio repleto de empresarios “compromisos explícitos de moderación de los márgenes [los beneficios que obtienen las compañías de sus ingresos totales tras hacer frentes a costes como la energía o los salarios y a los impuestos]”.

“Hay que evitar la espiral de precios y salarios, y el pacto de rentas es fundamental, porque es una locura subir los salarios para toda la pérdida de poder adquisitivo que se va a dar, y para ello hay que alcanzar acuerdos de mejoras plurianuales, y hay que hacerlo bien, porque si se hace mal la economía de España perderá competitividad y el sector exterior es crucial para la recuperación”, explica Ignacio Conde-Ruiz, que, por la otra parte de la negociación, apunta a que hay que conseguir que “las empresas no tengan márgenes extraordinarios, algo que no ocurrirá si hay competencia entre ellas, si compiten en precios”.

“Si suben márgenes es que no hay competencia y tendrían que sufrir sanciones por parte de las autoridades”, continúa el catedrático de la UCM, quien reconoce que esta es la parte más complicada del pacto de rentas. “Otra opción es subir impuestos, pero hacerlo de forma generalizada no es lo más adecuado, sino en los sectores tensionados”.

¿Hay ejemplos de otro tipo de compromisos? Uno reciente es la limitación temporal a repartir dividendos que se estableció en la pandemia de coronavirus para las empresas que se beneficiaron de los ERTE (expedientes de regulación de empleo) financiados por la Administración. Sin embargo, Albert Recio lo considera una medida asimétrica, “porque si te congelan el sueldo o te lo bajan, pierdes renta, pero si a una empresa le limitan el reparto de dividendo, ese beneficio se queda en la empresa”.