El Consejo de Ministros ha aprobado este martes liberar la primera tanda de avales para evitar la quiebra de empresas y autónomos por la parálisis económica derivada de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus. Como ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, se trata del “primer tramo” de esta línea de avales extraordinarios, dotada con 20.000 millones de euros, la quinta parte de los 100.000 millones anunciados la semana pasada.
¿En qué consisten?
Esta línea de avales, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), persigue apoyar a las empresas y autónomos españoles, “garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo” y cubriendo hasta el 80% del riesgo de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación de empresas que necesiten circulante para hacer frente a sus necesidades de liquidez más inmediatas, destaca el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los avales tendrán una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. Van a tener carácter retroactivo, ya que cubrirán el riesgo en operaciones concedidas desde el 18 de marzo. Podrán solicitarlos las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
“Estas medidas ayudarán a nuestras empresas a resistir los efectos negativos que esta situación está generando en el tejido productivo de nuestra sociedad”, ha explicado la ministra Montero, que ha indicado que el objetivo de esta medida es permitir a las empresas “atender necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas”, circulante y “otras necesidades de liquidez, incluidas el vencimiento de obligaciones financieras o tributarias”.
El objetivo, en definitiva, es facilitar que ese crédito se conceda y llegue a la economía real para evitar un colapso de la actividad en este shock que se espera sea temporal. En una situación ideal (en el supuesto de que todos los préstamos que se concedan se devolvieran), el Estado no tendría que desembolsar un euro. En caso de impago, cubrirá la parte que le corresponda en función del riesgo cubierto.
¿Cuál es el reparto?
De los 20.000 millones anunciados este martes, la mitad será para avalar a pymes y autónomos y la otra mitad, para grandes empresas. Las condiciones varían en función de la tipología del solicitante. En el caso de autónomos y pymes, el Estado garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación. Ese porcentaje permitirá “más facilidad” para que que los comités de riesgo de los bancos concedan esos préstamos y “que no se destruya empleo”, según la ministra de Hacienda. Para las grandes empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación.
¿Qué tipo de interés se cobra?
Montero ha explicado que “el Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio” para el tipo de interés que va a cobrar por esos préstamos las entidades financieras, a las que ha pedido “responsabilidad” y ha agradecido su colaboración y “disponibilidad” en esta situación.
“Probablemente el mayor problema de estos préstamos no tiene que ver con el tipo de interés” que, ha recordado, lleva “años” en un nivel “bajo” gracias a las medidas de estímulo del Banco Central Europeo, “sino por la necesidad de avalar el riesgo”. El aval del Estado, ha explicado, sirve para “que las entidades financieras tengan un colchón de seguridad” para cubrirse de parte del riesgo en caso de impago.
Las entidades financieras asumirán el resto (como máximo, un 40%) y se harán cargo del coste del aval, que será “de entre 20 y 120 puntos básicos”, según precisa Economía.
El ministerio añade que las entidades financieras “se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19”.
“También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados”.
¿Qué pasa con el resto de avales prometidos?
Esta es una primera tanda del importe máximo que alcanzará los citados 100.000 millones de euros. La ministra Montero ha explicado que “se ha empezado por estos 20.000 millones de manera que se han establecido unas condiciones distintas para las empresas que tienen mayor músculo financiero”. “Queremos observar también cómo se comporta este mecanismo” para que se pueda “ajustar” en el futuro si es necesario.