Los partidos de izquierda han salido en tromba a defender el empleo ligado a Abengoa. La pre-quiebra de la empresa ha entrado de lleno en campaña y los candidatos de las formaciones políticas, a los que la noticia les ha pillado precisamente en Andalucía, han pedido que el Gobierno intervenga para salvar la empresa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha reclamado desde Córdoba el apoyo del Gobierno para “buscar una salida” vía financiación del ICO u otras fórmulas, para dar “seguridad y estabilidad” a sus trabajadores.
La entidad debe 20.000 millones de euros que ahora mismo no puede devolver y está abocada salvo acuerdo con los bancos a un concurso de acreedores. La empresa tiene casi 30.000 trabajadores repartidos por todo el mundo.
La petición de Sánchez se une a las de Cándido Méndez y Alberto Garzón (IU) que han solicitado intervenciones públicas para salvar el empleo en la entidad. Sin embargo, el tono del líder del PSOE choca con los mensajes que se están emitiendo desde la Junta de Andalucía, también socialista, en la que se hacen llamadas para resolver el asunto sin intervención estatal.
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha asegurado este jueves que la solución de Abengoa “tiene que resolverse en la esfera de lo privado”, y como el Gobierno, en nombre de los ciudadanos, “ha hecho un esfuerzo muy grande con las entidades financieras que están pagando los españoles con sus impuestos y a costa de los servicios públicos”, cree que “ahora tiene que producirse la devolución de este esfuerzo” apoyando a esta compañía por parte de los bancos, aunque con un importante papel (se entiende que mediador) de la Junta y el Gobierno.
Algo menos concreta ha sido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ha pedido a los bancos “responsabilidad social y compromiso” para dar una solución a la empresa. En este sentido ha confiado también en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se implique en primera persona junto a ella “para no permitir que sufra una empresa tan importante en Andalucía y España, que tiene tecnología, producto y capital formado de primer nivel”.
Sin embargo, Sánchez eleva la petición que hace la Junta al pedir a Rajoy, que, “a través del ICO, de los avales públicos y también de la financiación europea”, ponga “todo de su parte para buscar una salida a esta gran empresa, líder y referente en el mundo de las energías renovables”, dando también “seguridad y estabilidad a los trabajadores de Abengoa”. Un papel más allá del de mero mediador.
Posición del Gobierno
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha garantizado la colaboración del Gobierno central en la búsqueda de una solución “de futuro” para Abengoa y ha pedido a las administraciones públicas y a todos los implicados en la búsqueda de la misma que “negocien y dialoguen hasta la extenuación”.
Sobre las palabras de Pedro Sánchez, Báñez ha dicho que el Gobierno “desde el ICO está comprometido con una solución para la compañía en el presente y seguirá haciéndolo en el futuro”.
Sin embargo, ha precisado que para eso “se necesitará el concierto, el consenso y la unanimidad de todos los que están hoy participando en el capital de Abengoa”. “Esperamos que las negociaciones y el diálogo de la compañía con todos sea constructivo y se busquen soluciones de esperanza para una gran multinacional española pero sobre todo para tantos trabajadores, sobre todo en Andalucía que están pendientes de esa solución”.
Garzón pide que el Estado entre en la gestión
Alberto Garzón va más allá de la petición de Sánchez de involucrar más fondos públicos al reclamar al Estado el “rescate” a Abengoa y forzar a la banca a salir en ayuda de la empresa para preservar los más de 7.000 puestos de trabajo que genera solo en España y que necesitan una “respuesta inmediata de la Administración pública”. Garzón ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha reclamado la “intervención” del Estado en una empresa “estratégica” que “es necesario que siga estando en pie”.
“No se puede consentir que la pésima gestión de los directivos la paguen los trabajadores”, ha clamado Garzón, para quien es “impresentable” que Abengoa se encuentre en esta situación de quiebra después de que se hayan desembolsado “miles de millones de euros en rescatar a la banca”. Para Garzón, el rescate no debería ser gratuito ya que el Estado debería entrar en la gestión de la empresa y también ha remarcado que una banca pública como la que IU defendió para Andalucía esta situación no habría ocurrido.
Contra la pésima gestión de la dirección ha arremetido también Podemos. Su secretaria general en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha censurado a la familia Benjumea y al consejo de administración de la empresa, “con miembros del PP y del PSOE” que “han estado más preocupados por repartir dividendos, beneficios y sueldazos que en invertir en la propia empresa y tener una inversión productiva”.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Rodríguez ha manifestado que con la situación que atraviesa la multinacional “se está destapando que, lamentablemente, los viejos mitos del empresariado andaluz, ciertamente vinculados al poder, tanto al PP como al PSOE, con casos de puertas giratorias dentro del consejo de administración de Abengoa, se cae”.
Rodríguez ha ahondado además que a esta situación se une un modelo laboral con los trabajadores “monstruoso”. Así las cosas, ha recordado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “se implicó personalmente en este proceso para conseguir financiación a través del Santander pero su proceso apunta a ser un fracaso”.
El secretario general de la UGT Cándido Méndez ha sido entrevistado este jueves en el programa La Cafetera de radiocable.com y también se ha decantado por una solución pública. Para Méndez, “aunque estamos hablando de una empresa privada, las administraciones están en la obligación política y estratégica de intervenir, como se ha hecho con las cajas y bancos, porque estamos hablando de un sector estratégico muy importante como el de las renovables, y es necesario evitar que se siga debilitando el sector industrial en nuestro país”.
El sindicato ha solicitado una reunión de urgencia con la dirección de la empresa pero también se va a dirigir a las administraciones para tener una información puntual sobre qué iniciativas va a adoptar el Gobierno. Méndez aclaró que la empresa está en una situación “paradójica porque tiene un problema grave de liquidez, un problema financiero grave, pero tiene carga de trabajo, tiene pedidos, tiene futuro y yo creo que el Gobierno está en la obligación de garantizar ese futuro”, señaló.