Dos millones de euros gastados al año en mantenimiento y más de cinco millones de euros de lucro cesante por el dinero que se deja de ganar. Este es el dinero que el Estado pierde al año en tener cerrado uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio del Estado en Madrid: el Palacio de Congresos. El recinto, conocido por el mural de cerámica que Joan Miró diseñó en 1979, está cerrado desde el 21 de diciembre de 2012 y desde entonces languidece en pleno centro de negocios de Madrid sin perspectivas de ser reabierto.
El palacio pertenece a Turespaña que ante las continuas llamadas de este medio para conocer las razones por las que no se reabre el palacio da la callada por respuesta. La presidenta del ente, y secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha ido aprobando resoluciones de tres meses por las que prorroga el cierre de palacio, según se dice en los escritos “para acometer mejoras”. La última resolución prorrogaba el cierre hasta el 31 de diciembre de 2013. Desde entonces, ni se han proyectado las mejoras prometidas, ni se ha renovado el cierre –extremo no confirmado por el Instituto– ni, por supuesto, se han reabierto las instalaciones.
Pero el palacio no está abandonado a su suerte. Tiene 28 trabajadores públicos adscritos que por supuesto siguen realizando las labores de mantenimiento porque es obligación del Estado mantener el edificio en buena conservación. Las tareas de mantenimiento suponen alrededor de dos millones de euros al año y no redundan en ningún beneficio para las arcas públicas. Esas tareas también permitirían reabrirlo mañana mismo si hubiera voluntad política, asegura los que han visto el edifico por dentro de forma reciente.
La psicosis del Madrid Arena
El palacio se cerró por la psicosis desatada por los sucesos del Madrid Arena ocurridos en el otoño de 2012. El escenario de la tragedia lleva funcionando meses, pero el Palacio de Congresos no se volvió a abrir. La improvisación del cierre queda patente en la fecha elegida para la clausura: el día antes del Sorteo de la Lotería de Navidad que se celebraba en el palacio desde hacía años y que ha tenido que buscar nueva ubicación.
Los ingresos de estas instalaciones procedían del alquiler de los espacios, fundamentalmente del auditorio que tiene capacidad para 2.000 personas. El hecho de que las instalaciones ya estuvieran amortizadas (el edificio se construyó en 1970) les permitía ser muy competitivos con las tarifas: apenas 5.500 euros al día un precio imbatible que permitía a asociaciones con no muchos recursos gozar de esta ubicación para sus asambleas.
En 2011, último año en el que el palacio estuvo operativo todo el ejercicio, se ingresaron cinco millones de euros a las arcas del Estado por este negocio. Pero no solo eso. Como recuerdan expertos en el sector, la posibilidad de celebrar un congreso en el centro de Madrid atraía a miles de visitantes al año que elegían la ciudad. Los congresos no se han desviado ahora al Palacio Municipal, ubicado en el Parque de las Naciones a las afueras de Madrid, sino al resto de las capitales de provincia de España que han ido construyendo sus instalaciones y beneficiándose de este tipo de turismo profesional.
Según las resoluciones que ha ido aprobando la secretaría de Turismo el cierre del Palacio se hizo “como consecuencia de la situación de las instalaciones e infraestructuras del edificio, algunas de las cuales se hallan en un estado de deficiente conservación, con el fin de mejorar la seguridad de estas instalaciones, fue necesario proceder por resolución del 21 de diciembre de 2012 a la suspensión temporal de actividades en el Palacio de Congresos”.
La propia resolución asegura que en el informe preliminar se detallan las obras pendientes. “Se trata de realizar obras que introduzcan mejoras en la evacuación de los ocupantes del Palacio de Congresos y más concretamente de la apertura de más salidas al exterior. La ejecución de nuevos tramos de ramas y escaleras y la realización de nuevos vestíbulos de independencia para la separación de diversos recintos en el interior del Palacio”.
Mejoras pendientes con un coste mínimo
La cuantía de estas obras asciende a 118.100 euros, una cuantía mínima si se tiene en cuenta el coste de mantener el palacio cerrado. Con todo, cabe recordar que el Madrid Arena se reabrió sin hacer las reformas pertinentes y lo que se hizo fue un cambio de las actividades que minimizara el riesgo de los defectos de seguridad. Expertos en seguridad y conocedores de los problemas del palacio recuerdan que el peligro de avalancha entre los asistentes a los congresos es casi inexistente.
En cualquier caso, a estas mínimas reformas de seguridad se han ido sumando nuevos planes de restauración del edificio que no han visto la luz pero que apuntan claramente a la dirección que el Estado quiere dar a estas instalaciones: la privatización. Las obras de accesibilidad han dado ahora paso a proyectos de un centro comercial y, en general, de diversos servicios que pasarían a la concesión privada con la conseguiente transformación del palacio, según adelantó El País el pasado octubre citando a fuentes del Ministerio.
Pero transcurren los meses y por el momento, ni se privatiza, ni se abre, ni se cierra definitivamente. Uno de los edificios más característicos de España duerme el sueño de los justos esperando que los políticos recuerden la sangría de ingresos que supone al año tener cerrada una instalación de estas características.
Al imprevisto cierre del Palacio de Congresos hay que sumar unas víctimas inesperadas: los trabajadores de la cafetería. El Palacio tenía otorgada la explotación de la restauración en el servicio a Joan Gaspart mediante la filial de cátering de Husa. Tras el cierre del edificio, Husa no ha querido saber nada de los 40 trabajadores que no cobran pero tampoco están despedidos. Según informa el portal turístico o2B, los camareros y el resto del personal acumulan ya 17 mensualidades sin cobrar. Según el portal, Husa rompió el contrato unilateralmente y se desentendió de la subrogación de la plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que los trabajadores seguían contratados por la firma. Recientemente Husa se ha declarado en concurso de acreedores, complicando aún más la historia.
La cafetería ha sido siempre un foco de conflicto. El anterior concesionario era Arturo Fernández, también vicepresidente de la CEOE como Gaspart, que tuvo graves malentendidos en la gestión de la cafetería que le llevaron a enfrentarse con Turespaña en los tribunales. La entidad estatal le reclamaba hasta 3 millones de euros por la facturación de unos menús que nunca le dio. Sin embargo, el caso ha sido finalmente sobreseído.