El gasto en asesores por los pleitos contra el recorte de Rajoy a las renovables ya suma 40 millones

La factura en asesores y otros trabajos de empresas externas para defender al Reino de España de las denuncias de inversores extranjeros por los recortes a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy supera ya los 40 millones de euros.

Así se desprende de los datos de más de 300 adjudicaciones del Instituto para la Diversificación para el Ahorro y el Energético (IDAE) recopiladas de la plataforma de contratación del Estado. El Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende el IDAE) no facilita la cifra. La estimación incluye cerca de 40,5 millones de euros (más IVA) en contrataciones realizadas desde 2015 por ese organismo y tiene en cuenta cuatro contratos que todavía están en fase de evaluación.

Solo en lo que va de 2023, el desembolso supera ya los 3 millones, sumando el importe ya comprometido. Es una cifra inédita para estas alturas del año que indica que los fondos están agudizando su ofensiva en los últimos meses.

A este gasto millonario se suman las minutas de los tribunales internacionales de arbitraje en los que se dirimen las demandas; o las miles de horas de trabajo que ha dedicado en los últimos años la Abogacía del Estado a estos litigios, con “el extraordinario esfuerzo que ello comporta” ante procesos “muy complejos” que se dirimen ante Cortes Arbitrales Internacionales en París, Ginebra, Estocolmo o Londres, como recuerdan sus últimas memorias anuales. Ante la avalancha de pleitos, el Ministerio de Justicia creó hace años una unidad específica, el Departamento de Arbitrajes Internacionales, actualmente adscrito a la Subdirección general de Asuntos de la UE e Internacionales de la Abogacía.

El recorte que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2013 vino acompañado de una suspensión a la instalación de plantas de renovables que paralizó este sector durante años. El hachazo retroactivo, mucho más agresivo que los tímidos recortes que ya inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, perseguía embridar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), del que quedan todavía por pagar algo más de 10.000 millones.

De aquel recorte vienen las denuncias, que se han convertido en un negocio muy rentable para los bufetes que defienden a ambas partes. Entre ellos, el español Cuatrecasas, que en 2019 fichó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ha asesorado en al menos ocho de estos casos: las denuncias contra España de Baywa (eólica), Infrared (termosolar), Operafund (fotovoltaica), la española Abengoa (termosolar), Renergy (varias tecnologías), JGC Corporation (termosolar) Itochu (termosolar) e Hydro Energy (hidroeléctrica).

Contratos sin publicidad

La inmensa mayoría del importe adjudicado por el IDAE se ha tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, al corresponder a contratos de asesoría especializada con bufetes de abogados, consultoras y peritos de España, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Brasil, Australia, Suecia, Israel y Argentina. En total, la factura en asesorías suma 39,18 millones. El resto de la minuta corresponde a trabajos de traducción de documentos, reprografía y otros servicios.

Uno de los últimos contratos adjudicados y de los de mayor importe en los últimos años, 1,41 millones, es un servicio de representación y defensa del Reino de España en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo del fondo InfraRed ante los Tribunales de Reino Unido, encomendado a la firma Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP el pasado 14 de abril.

Tres días después, el IDAE adjudicaba a la delegación en Israel del bufete estadounidense Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz por 242.000 euros la defensa ante el Tribunal de Distrito en Jerusalén en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral Sun-Flower Olmeda, por el que se condenó a España a pagar 47 millones de dólares en 2021.

En Australia, la Corte Suprema ha fallado a favor de ejecutar un laudo a de 101 millones favorable a Antin, que tiene en el punto de mira activos de la empresa pública Navantia en ese país. Y solo en ese país en las Antípodas el IDAE se ha gastado en los últimos años cerca de 1,7 millones para contratar los servicios de tres despachos, Squire Patton Boggs, Johnson Winter & Slattery y Schilling, Zutt & Anschütz, con el objetivo de frenar la ejecución de los laudos dictados contra España por las denuncias de los fondos Eiser (uno de los pocos que acabó renunciando a su demanda) y Antin.

Este último, cuya propietaria última es una firma de Islas Caimán, está intentando que la justicia británica confisque parte de la indemnización del Prestige y está defendido por el agresivo bufete estadounidense Kobre & Kim, conocido en España por tener entre sus clientes a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, ex amante de Juan Carlos I, en la causa por presunto acoso del rey emérito en Londres.

Por empresas, la que más ha facturado al Reino de España por estos litigios es la estadounidense Econ One Research, con casi 6 millones en contratos que le adjudicó el Gobierno de Rajoy entre 2015 y 2018, seguida de la filial española del gigante belga de la consultoría BDO (5,5 millones) y la española Accuracy (4,7 millones).

Líderes en denuncias con Venezuela y Rusia tras el 'hachazo de Rajoy'

El Gobierno da por bien invertido ese dinero, dado que hasta ahora se ha logrado frenar la ejecución de la veintena de sentencias que han condenado a España. Las 51 denuncias presentadas han colocado al país como uno de los líderes en denuncias, junto con Venezuela y Rusia.

De momento se han dictado 28 laudos, con 21 condenas para España. Estos suman indemnizaciones cuya cuantía ronda los 1.000 millones, aunque esta cifra no incluye intereses de demora ni costas. Todavía hay pendientes de resolverse una veintena de pleitos que suman unos 2.000 millones. En total, los inversores damnificados por esos recortes han pedido indemnizaciones que suman 10.000 millones.

Ante la negativa del Gobierno a pagar por los laudos desfavorables que ya se han dictado, la ofensiva de los fondos ha alcanzado ya a los activos de España en el exterior y a la deuda soberana. Hace unas semanas, un juez británico decretó el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido a petición de un fondo, Blasket Renewable Investments, que ha pedido el default para títulos de deuda de nuestro país tras activar una cláusula que declara a España en “impago técnico” en cuatro emisiones de deuda pública que suman 910 millones.

La maniobra, que avanzó la agencia Bloomberg, no ha tenido por ahora efecto en las emisiones del Tesoro, como señaló el pasado martes en un encuentro con periodistas el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán: “En los mercados de deuda pública no parece que haya tenido un impacto muy importante”, indicó.

“Ni un euro”

El Estado español no ha pagado por ahora “ni un euro” a los demandantes, como recalca Transición Ecológica en la respuesta con la que desde hace semanas despacha este asunto. En 2019 el Ministerio aprobó un real decreto para ofrecer a las plantas afectadas por el recorte de 2013 una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031, a cambio de renunciar a los arbitrajes. Solo tres demandantes renunciaron.

El departamento de Teresa Ribera defiende que los laudos dictados hasta ahora “han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas”. En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación y “ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar”.

Según el Gobierno, “los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal”. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.

“España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales”, concluye Transición Ecológica.

Estos laudos se dictaron al amparo de la Carta de la Energía, un tratado para la protección de inversiones que España firmó en 1994 y que consagra los laudos a tribunales formados por tres árbitros privados, normalmente especializados en derecho comercial. España decidió abandonar el año pasado la Carta junto a otros países como Alemania, Francia o Polonia.

También se plantea salir de ese tratado la propia UE, por considerar que no está alineado con los objetivos del Acuerdos de París sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una muestra es Países Bajos, que entre febrero y abril de 2021 recibió dos demandas por una ley para eliminar la producción eléctrica con carbón en 2030 de las alemanas RWE y Uniper, que reclaman alrededor de 2.400 millones de euros de indemnización.