Qué gestiona y cuánto dinero mueven las políticas activas de empleo que ha pedido Iglesias a cambio de renunciar al Ministerio de Trabajo
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le ha hecho una última oferta a presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir un acuerdo de Gobierno de coalición. Iglesias ha renunciado al Ministerio de Trabajo pero ha pedido que tengan las competencia en Políticas Activas de Empleo.
Las políticas activas de empleo incluyen las medidas dirigidas a la inserción y orientación laboral, la formación para el empleo, y también las bonificaciones y deducciones a la contratación de las que se benefician las empresas. Sus competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Son éstas, en conferencia sectorial con el Ministerio de Trabajo, las que diseñan el marco general de estas políticas activas. Desde ese marco general, cada comunidad autónoma tiene margen para apostar por una u otra medida concreta y para añadir presupuesto propio al repartido por Trabajo entre las comunidades.
Entre 2012 y 2017 unos 40 millones de personas han sido atendidas por los servicios nacionales de empleo (unos 12 millones si se tiene en cuenta que el mismo desempleado puede haber acudido varias veces a estos servicios), según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Alrededor de un tercio de ellos participó en un programa de políticas activas de empleo.
El presupuesto que tenía destinado el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, que finalmente no fue aprobado, para políticas activas de empleo era de 5.985 millones de euros, un 4,7% más que en 2018. Un total de 1.565,2 millones de euros estaban destinados a financiar programas de fomento del empleo; 2.523 millones de euros a financiar iniciativas de formación profesional para el empleo, y 1.855 millones de euros a bonificaciones para promocionar el empleo estable.
Asimismo, en base a los criterios de distribución adoptados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, las comunidades autónomas percibirián para la ejecución de políticas activas de empleo 2.479 millones de euros, un 16,5% más que en 2018, lo que representa casi el 41% del total destinado a políticas activas. En esta partida se encuentra el presupuesto de 670 millones destinado al Plan de Choque por el Empleo Joven.
En los últimos años, el Gobierno del PP incluyó dentro de las políticas activas los incentivos a las agencias privadas de colocación y también el aumento de las bonificaciones a las empresas, un instrumento muy criticado. Dentro de las políticas activas de empleo se han incluido también los planes de choque por el empleo joven o el complemento salarial para jóvenes.
El Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas negocian el Plan Anual de Empleo: el Ministerio traza unos objetivos y ejes generales sobre los que las regiones deben presentar propuestas concretas. Por ejemplo, Trabajo insta a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes o los desempleados de larga duración o mejorar la calidad de la formación para el empleo. Son las comunidades las que, dentro de cada eje, plantean las medidas a ejecutar.
Problema de eficacia de las políticas activas de empleo
La AIRef pubicó recientemente un estudio en el que detectan problemas de control, dispersión y falta de evaluación de la eficacia del gasto de entre los 6.100 y 6.500 millones de euros al año (según datos de 2017) en políticas activas de empleo. Por ejempl, la AIReF analizó la eficacia concreta del “plan PREPARA”, orientado a parados de larga duración con el objetivo de promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Según sus análisis, este plan no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación.
Sin embargo, en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja el efecto del PREPARA parece positivo a partir del primer año (no durante el cobro de la ayuda). De hecho, según el análisis de la AIReF, la probabilidad de salir al empleo de quien está acogido al PREPARA es menor que entre quienes no lo reciben. En el periodo 2012–2017 ha habido más de 850.000 beneficiarios, con un coste de 1.432 millones de euros.
